El Gobierno mexicano desmanteló una unidad especializada que colaboraba de manera cercana con agentes antidrogas de Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre el estado actual de la cooperación bilateral y la confianza entre ambos gobiernos para tratar con información sensible.
El 21 de abril, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su Gobierno disolvió “hace más de un año” una Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus iniciales en inglés) que trabajaba en conjunto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés) para desmantelar redes criminales.
Las declaraciones se dieron unos días después de que la agencia Reuters publicara un reportaje informando sobre el hecho. Antes de esa fecha, el Ejecutivo mexicano no había hecho pública esta decisión.
Según Reuters, la unidad fue cerrada en abril del año pasado, seis meses después de que las autoridades estadounidenses arrestaran –y posteriormente liberaran– a Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional de México, en un caso que desató una crisis diplomática.
No obstante, según un reportaje de Proceso, lo que resultó en la clausura de la unidad fue la exoneración en Estados Unidos del excomandante de la SIU, Iván Reyes Arzate, quien estuvo al mando de 2008 a 2016. Reyes Arzate se declaró culpable el año pasado de recibir sobornos de miles de dólares y de filtrar información confidencial a una federación criminal conocida como El Seguimiento 39. A cambio de su testimonio, las autoridades estadounidenses redujeron su sentencia a 10 años en prisión.
En el pasado, la DEA describió a las SIU como uno de sus “programas más exitosos” para desmantelar organizaciones internacionales de narcotráfico. Desde 1997, las SIU en México habían colaborado con las autoridades estadounidenses para la captura de notables capos, incluyendo a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El Presidente mexicano justificó el cierre de la unidad bajo el argumento de que había sido infiltrada por el crimen organizado y aseguró que la cooperación bilateral sigue, pero “bajo otros términos”.
La SIU, al mando de García Luna y esbirros
El cierre de la SIU se dio en un contexto en el que la confianza entre ambos países en materia de seguridad es cada vez más tensa.
El arresto de Cienfuegos a finales de 2020 parece haber sido el detonante de estos roces, ya que resultó de una investigación de la cual el Gobierno mexicano supuestamente no tenía conocimiento. Unos meses después, el Presidente López Obrador exoneró a Cienfuegos y acusó a la DEA de “fabricar” los cargos en contra del exsecretario.
En ese periodo, los legisladores mexicanos también modificaron la Ley de Seguridad Nacional para restringir las operaciones de agentes extranjeros en el país, lo cual afectó, sobre todo, a funcionarios estadounidenses.
Días antes de que se aprobara esta reforma, el Fiscal General de Estados Unidos expresó sus preocupaciones al respecto y afirmó que estos cambios dificultarían la cooperación de seguridad y justicia entre ambos países.
Para el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, la clausura de la SIU es sólo el ejemplo más reciente de este deterioro de confianza entre ambos gobiernos.
Según Vigil, al cerrar este conducto, el intercambio de inteligencia entre ambos gobiernos será más difícil, debido a que habrá menos certeza por parte de las agencias estadounidenses sobre quién recibe la información sensible que comparten.
“Desafortunadamente, el desmantelamiento de la SIU pone a la DEA y a otras agencias del orden en un dilema, porque no podrán pasar información altamente sensible [a las autoridades mexicanas] que [en manos equivocadas] podría poner en peligro investigaciones, operaciones, informantes y agentes”, dijo a InSight Crime en una llamada telefónica.
No obstante, las SIU también han sido relacionadas a casos de corrupción y actos violentos en la región. Una investigación de ProPublica encontró que una filtración de la SIU en 2011 desencadenó una masacre en el norte de México en la que murieron unas 60 personas. En Colombia, el excapitán de la policía Juan Pablo Mosquera que dirigía una SIU en la ciudad de Cali, también fue acusado en Estados Unidos de vender evidencia e información a actores criminales.
Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), menciona que la corrupción que existía dentro de la SIU ya era uno de los principales retos para este intercambio de información. La falta de vigilancia y responsabilidad de esta unidad también era una preocupación para ambos gobiernos, dados los diferentes episodios violentos que resultaron tras malos usos de la información.
“Se tenía que desarrollar una nueva relación de cooperación en materia de seguridad, que tuviera límites claros con respecto al rol de las agencias estadounidenses en México”, dijo.
Meyer argumenta que, si bien es cierto que la confianza entre ambos gobiernos se ha deteriorado, no se debe subestimar que recientemente se firmó el Entendimiento Bicentenario, un nuevo acuerdo de cooperación bilateral que renueva la alianza con respecto a la lucha contra el crimen organizado transnacional.
“Esto es una señal clara de que ambos gobiernos están comprometidos para seguir cooperando”, dijo.
Con información de InSight Crime
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