En una decisión que revive métodos históricos de ejecución el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) incorporó formalmente el pelotón de fusilamiento como opción válida para aplicar la pena de muerte a nivel federal.
El anuncio, hecho público este viernes a través de un informe, forma parte de un paquete de medidas destinadas a reactivar y acelerar el cumplimiento de sentencias capitales en el país.
El nuevo protocolo federal permitirá a la Oficina de Prisiones recurrir al pelotón de fusilamiento cuando sea necesario, junto con la inyección letal basada en pentobarbital y otras alternativas como la electrocución y la asfixia con nitrógeno.
Esta ampliación busca resolver los obstáculos logísticos que han paralizado durante años las ejecuciones federales, particularmente la dificultad para conseguir los compuestos farmacéuticos requeridos para las inyecciones.
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La medida responde a una directriz presidencial emitida al comienzo del segundo mandato de Donald Trump, quien ha insistido en endurecer el sistema de justicia penal para delitos de máxima gravedad.
Funcionarios del Departamento explicaron que, tras años de suspensiones de facto, el Gobierno federal pretende garantizar que las condenas a muerte dictadas por tribunales se ejecuten de forma efectiva una vez agotadas todas las apelaciones.
Hasta el momento, el corredor de la muerte federal alberga decenas de reclusos condenados por crímenes como asesinatos múltiples, actos de terrorismo o atentados contra autoridades federales.
Con los cambios anunciados, el Departamento simplificará los trámites internos posteriores a los recursos judiciales, reduciendo demoras que en algunos casos se extienden por décadas.
El Departamento simplificará los trámites internos posteriores a los recursos judiciales, reduciendo demoras que en algunos casos se extienden por décadas Foto: Ilustrativa
La inclusión del pelotón de fusilamiento —un procedimiento ya contemplado en la legislación de algunos estados— marca un retorno a prácticas tradicionales que, según sus defensores, ofrecen certeza y rapidez en la aplicación de la sentencia.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y opositoras a la pena capital expresaron su rechazo inmediato, argumentando que cualquier ampliación de métodos representa un paso atrás en materia de dignidad humana.
Por su parte, sectores que respaldan la pena de muerte celebraron la decisión como un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias.
El USDOJ aseguró que todos los protocolos se ajustarán estrictamente a los requisitos constitucionales y serán supervisados con rigurosos estándares técnicos y médicos. Los cambios entran en vigor de inmediato, aunque cada ejecución seguirá requiriendo aprobación judicial específica.
Con Información del USDOJ
