Un Juez de Control en el municipio de Lázaro Cárdenas resolvió vincular a proceso penal a Berenice del Rosario “N” señalada por su presunta implicación en un caso de extorsión que habría afectado a dos personas, cuyas identidades se mantienen bajo resguardo.
La determinación judicial se dio tras la evaluación de los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO), a través de su área especializada en delitos de secuestro y extorsión.
La imputada fue detenida previamente por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la dependencia estatal, luego de que la autoridad ministerial solicitara y obtuviera una orden de aprehensión en su contra.
Esta acción derivó de una denuncia formal interpuesta por una de las víctimas, lo que permitió avanzar en las indagatorias correspondientes y ubicar a la señalada.
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De acuerdo con un comunicado difundido por la FGEQROO, los antecedentes expuestos durante la audiencia, los hechos se remontan a mayo de 2025. En ese periodo, la acusada presuntamente participó junto con otras personas en la vigilancia de una de las víctimas, quien se dirigía a un inmueble de su propiedad.
Dicho predio funcionaba como estacionamiento público y también contaba con un establecimiento comercial. Las investigaciones apuntan a que, una vez en el lugar, la víctima fue interceptada y sometida mediante amenazas con arma de fuego.
Bajo este contexto de intimidación, se le habría obligado a firmar diversos documentos, entre ellos papeles relacionados con la cesión de derechos de posesión del inmueble, así como pagarés. El objetivo, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, era despojarla del control legal del terreno.
Berenice del Rosario «N» presuntamente participó junto con otras personas en la vigilancia de una de las víctimas, quien se dirigía a un inmueble de su propiedad Foto: FGEQROO
Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional consideró que existían datos suficientes para vincular a proceso a la imputada. Como parte de las medidas cautelares, se le impuso prisión preventiva por un periodo de hasta dos años, o hasta que concluya el proceso judicial en su contra.
El caso continuará su curso conforme a las etapas legales correspondientes, mientras las autoridades recaban más información para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
Con Información de la FGEQROO
