Hernán Bermúdez Requena quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco fue vinculado a un proceso penal al considerar un Juez de Control que existen elementos suficientes para imputarle el delito de desaparición forzada de personas.
La resolución incluye la apertura formal de un juicio y la imposición de prisión preventiva mientras avanzan las diligencias, aunque el imputado ya se encuentra recluido Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
De acuerdo con información oficial difundida por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), se estableció un periodo de dos meses para concluir la etapa de investigación complementaria. Durante este tiempo, el exfuncionario permanecerá recluido.
Las autoridades precisaron que Bermúdez Requena participó en la audiencia más reciente mediante videoconferencia, en la que se le notificaron los cargos que se imputan en su contra.
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Este nuevo proceso se suma a otros expedientes abiertos previamente por diversos delitos como secuestro, extorsión, delincuencia organizada y asociación delictuosa.
El caso cobra relevancia debido a las acusaciones que lo señalan como presunto líder de “La Barredora”, una célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Desde 2024, el exservidor público ya era objeto de investigaciones por supuestos nexos con grupos delictivos, lo que derivó en su captura meses después de permanecer en fuga evadiendo a las autoridades.
El caso cobra relevancia debido a las acusaciones que lo señalan como presunto líder de “La Barredora”, una célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Foto: SSPC
Su detención se concretó en Paraguay en septiembre de 2025, tras lo cual fue extraditado a territorio mexicano para enfrentar a la justicia. Desde entonces, permanece bajo custodia en un penal federal de máxima seguridad.
Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad de Tabasco entre 2019 y 2024, durante la administración encabezada por el entonces gobernador Adán Augusto López quien hoy se desempeña como senador.
La Fiscalía subrayó que continuará con las indagatorias hasta esclarecer completamente los hechos. Asimismo, recordó que el delito de desaparición forzada puede alcanzar penas de hasta 60 años de prisión, especialmente cuando concurren agravantes, como en casos donde las víctimas son mujeres o los autores son funcionarios públicos.
Con Información de la FGET
