Los abogados de Ricardo Anaya arribaron hoy al Reclusorio Norte, sin su cliente, a la audiencia de imputación donde se pedirá la vinculación a proceso del ex dirigente del Partido Acción Nacional por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al llegar a la cita, Eduardo Aguilar Sierra, abogado del ex candidato presidencial, declaró brevemente que consideraban que la acusación contra su cliente no tenía ni pies ni cabeza.
Opinó que Emilio Lozoya, quien involucró a Anaya en el manejo de sobornos del caso Odebrecht, no tiene credibilidad pues ya está preso y la Fiscalía General de la República ha pedido 54 años de prisión para él.
“Es una acusación mentirosa y sin sustento”, sostuvo el abogado, quien no quiso contestar si Anaya Cortés se encontraba en el país.
Anaya Cortés, pretende imputarlo la FGR por presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado; sin embargo, su cliente no se presentó.
Afuera del penal Centro de Justicia Penal del reclusorio Norte, el abogado Eduardo Aguilar Sierra comentó que la acusación de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra su cliente es “mentirosa, es una acusación sin sustento, es una acusación que no tienen ni pies ni cabeza”.
Aguilar Sierra apuntó que la FGR pidió 54 años de prisión para el ex director de Pemex, quien se encuentra recluido en el mismo penal.
“También sé que está en la cárcel, de esta manera, empezaremos con esos argumentos permítanos llegar a las audiencias”, expresó.
Ésta será la quinta ocasión en que los fiscales intentarán imputarlo por los probables delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por recibir dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.
Las diligencias de agosto, octubre y noviembre de 2021, fueron aplazadas porque la defensa del panista no tenía copia de diversos tomos de la carpeta de investigación, situación que le impedía tener una defensa adecuada.
Por esta razón, se agendó la audiencia para el 31 de enero de este año, pero horas antes de la diligencia, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte, decidió aplazarla para hoy, debido a que tenía Covid.
Al no participar en la audiencia Ricardo Anaya, la FGR podrá hacer uso de otros medios para hacerlo comparecer, entre ellos, solicitar una orden de aprehensión.
Hasta hoy no se tiene conocimiento si el panista se encuentra en el país. Lo último que se sabía de su paradero, es que abandonó México en julio del año pasado para ingresar a Estados Unidos.
Los delitos que se le imputarán no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero por su capacidad económica el Ministerio Público Federal solicitará que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante el riesgo fundado de fuga.
El panista fue denunciado por Emilio Lozoya Austin, de ser uno de los ex legisladores que recibieron sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética. Lozoya está actualmente interno en el reclusorio Norte enfrentado su proceso por los ilícitos antes mencionados.
Por su parte, ex el senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, otro de los denunciados, también permanece en el citado penal donde enfrenta un proceso por los mismos delitos, ya que se presume que recibió 97 millones 190 mil pesos para aprobar la reforma, y que lavó 52 millones 390 mil pesos.
La FGR también intentó imputar y meter a la cárcel a Carlos Alberto Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), de quien se cree le fue entregado un soborno de 4 millones de pesos por dicha reforma.
A raíz de que Treviño Medina no asistió a la audiencia, la FGR solicitó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual fue otorgada por Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La FGR también se ha señalado que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, están detrás de estos hechos, como las personas que ordenaron a Emilio Lozoya sobornar a los ex legisladores.
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