El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este martes que su gobierno está obligado a acatar las resoluciones de jueces que ordenaron, por separado, la suspensión del juicio en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso de Agronitrogenados, y el traslado del empresario Jean Succar Kuri, quien enfrenta una sentencia de 93 años por pederastia, al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún. Sin embargo, el mandatario declaró que el Consejo de la Judicatura Federal debe tomar medidas contra jueces que no actúan con justicia.
En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre las mencionadas decisiones judiciales.
Sobre el caso de Lozoya, López Obrador dijo que el juez argumentó que dado que el empresario Alonso Ancira acordó pagar el daño provocado por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados, Lozoya no tenía ya ninguna responsabilidad.
“Es cosa de que se sepa que el señor Ancira todavía no termina de pagar, debe todavía más de 100 millones de dólares”, dijo el mandatario, quien destacó que la Fiscalía General de la República ya apeló el fallo judicial.
Respecto a Succar Kuri, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, destacó que aún permanece en el Cefereso 15 en Chiapas, pero que el mandato de un juez es que sea trasladado al penal local de Cancún, localidad en la que operaba el empresario hotelero de origen libanés, acusado desde 2003 de pornografía infantil y corrupción de menores.
“En inicio, le digo que es una orden de un juez, que debemos acatar”, dijo la secretaria. “Todavía estamos en los últimos detalles de tocar las puertas y ver que esto no se haga así”, dijo, y agregó que para el gobierno de López Obrador, Kuri debería permanecer en un penal federal.
“En todos estos casos, se envía una queja al Consejo de la Judicatura para que intervengan, porque esta es su función. Si un juez no está actuando con justicia, si se presume que hay influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura, para qué están”, expresó el presidente López Obrador, quien opinó que “la verdad, nunca se castiga a un juez, magistrado, ministro, hay impunidad completa”.
Sin mencionarlo por su nombre, el mandatario se refirió al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales, por el caso del adeudo de 25 mil millones de pesos en impuestos de la empresa Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pues al turnársele el asunto, el ministro tenía la obligación, por ley, de presentar un proyecto ante el pleno en 15 días, y contrario a eso ha mantenido archivado el expediente por ocho meses.
“Ese ministro que resolvió que no se entregaran los libros de texto en Chihuahua y Coahuila, no resuelve, ahí están los niños sin los libros de texto, y tampoco resuelve ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa darle curso y resolver si se deben pagar 25 mil millones de pesos de impuestos. Eso sí, a través de sus voceros oficiosos, de la prensa vendida o alquilada, ahí están en contra de nosotros”, señaló.
Acusan a juez de Tamaulipas de favorecer a Cabeza de Vaca
En el caso de los procesos jurídicos contra el ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pareciera que el juez octavo de distrito de ese estado, Faustino Gutiérrez Pérez, “actúa como juez de consigna”, pues ha tenido varias decisiones favorables al ex mandatario que han evitado la justicia, señaló el subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio.
En la sección Cero Impunidad que cada 15 días se presenta en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario dio a conocer varias decisiones de este juzgador que han beneficiado a García Cabeza de Vaca.
Recordó que en octubre del año pasado le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en diversos delitos relacionados con el crimen organizado; y en febrero de 2023 lo amparó, aunque esta decisión fue revocada por un tribunal colegiado de Tamaulipas.
Rodríguez Bucio indicó que recientemente, Gutiérrez Pérez otorgó un amparo más en favor del ex gobernador de origen panista quien lo había solicitado para impedir que se le retiraran escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y le fueran reasignados.
“De acuerdo al juzgador: ‘No basta con utilizar la frase por necesidades del servicio, sino que hay que justificarlo y sobre todo tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección al que está sujeto el funcionario público’”.
Así, el funcionario federal -quien exhibió a otros juzgadores por diversos casos donde se dieron decisiones favorables a los presuntos criminales—, aseveró que “pareciera que el juez Gutiérrez Pérez actuara como juez de consigna en los asuntos que lleva el ex gobernador tamaulipeco”.
En otro caso, se exhibió al secretario encargado del despacho del juzgado decimoséptimo de distrito en Veracruz, Andrés Rossell Martínez, por favorecer al ex fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, acusado de secuestro y desaparición forzada.
“Le otorgó una suspensión provisional para para cesar la prisión preventiva oficiosa, pues a su criterio es contraria a los tratados internacionales y ordenó a que se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley”.
Rodríguez Bucio señaló que con esa resolución intentó liberar al ex fiscal, a pesar de que los delitos por los que se le investiga son graves. Sin embargo, el juez de control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada.
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