La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, acordó con el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, “construir una ruta ágil de solución” en el caso de la niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo tras ser violada y que es “acusada injustamente” por esa instancia estatal. La funcionaria dijo que el objetivo principal es salvaguardar los derechos y la integridad de la niña.
En redes sociales, resaltó que también estableció comunicación con el gobernador del estado, el panista Mauricio Kuri, “quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso”.
Hernández señaló que como le instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “daré seguimiento puntual para que haya justicia y le reiteramos a todas las mujeres de México que ¡no están solas!”.
También en la red social X, la Fiscalía General del Estado indicó que se trató de una mesa de trabajo para “garantizar, mediante la formalización de un acuerdo, la protección de las y los adolescentes que se encuentran dentro de un proceso penal”.
En la reunión estuvieron presentes el fiscal; la vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito, Margarita Luna Téllez Girón; la Directora de Acusación, Gisela Bárcenas Mandujano; la directora de Derechos Humanos, Rebeca Mendoza Romero; y la perita profesionista María Fernanda Rivera Robles.
“Participaron en la reunión con diversas autoridades e instituciones, que tuvo como finalidad generar una propuesta que sea parteaguas a nivel nacional”, precisó la instancia.
Derivado de ello, indicó que “se planteó la firma de un acuerdo para materializar las voluntades de todas y todos los participantes”.
Asimismo, destacó que la menor sufrió una falta de defensa en cuanto al caso de violación y luego a una violencia institucional en la que la Fiscalía decide acusarla por un aborto.
“Creemos que no tiene sentido esta acusación, y en eso tendremos una reunión de seguimiento mañana, donde esta ruta jurídica sea explorada, tenemos puntos encontrados en distintas posibles soluciones entre la fiscalía y lo que estamos planteando”, afirmó en entrevista.
Señaló que lo que buscan es garantizar los derechos de la menor y cerrar el tema jurídico del caso y poder atender a la menor y acompañarla con atención psicológica.
Afirmó ver voluntad del fiscal para atender el caso y señaló que lo importante es garantizar los derechos y la integridad de Esmeralda.
Señaló que una organización ha documentado el caso y se ha establecido la posibilidad de visitar a la menor en los próximos días para conocer más de su entorno social y poder ayudarla y acompañarla.
La Secretaría de las Mujeres brindará apoyo legal a la familia de la menor de 14 años que después de ser violada, sufrió un aborto, ante la intención de la Fiscalía General de Querétaro (donde gobierna el PAN) de imponerle una sentencia de tres años de cárcel y un pago por reparación del daño de 500 mil pesos para su agresor.
No se debe criminalizar, y menos a una menor de 14 años, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer, instruyó también a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a que revise el caso de Antonio Barragán Carrasco, miembro de la Organización Campesina Sierra del Sur y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, preso desde 2001 por delitos fabricados por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.
Barragán Carrasco se dice víctima de tortura y preso político del entonces agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Se le acusó, entre otros, del secuestro y asesinato de Paola Gallo.
A pregunta expresa, la mandataria mencionó que en efecto, durante el periodo de García Luna, los movimientos sociales se asumían como criminales, cuando eran producto de una injusticia. Entonces, le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que tome este caso.
También dijo que pedirá a la funcionaría establecer contacto con la mamá del activista Carlos Sinhué Cuevas, asesinado hace 13 años.
Respecto a la menor en Querétaro, la presidenta indicó que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, ya entabló contacto con la familia. No estamos de acuerdo, con la fiscalía, subrayó. “Estamos en contacto con la familia para apoyar, tanto legalmente como en lo que se requiera… Yo creo que no se debe criminalizar (el aborto), y menos a una niña de 14 años”, sostuvo.
También se pronunció en contra del desalojo de artesanos en esa entidad, resaltando el diálogo como vía para el acuerdo. “Puede haber un programa de ordenamiento de comercio en vía pública, porque son familias que viven dignamente, pero es a través del diálogo como debe resolverse, no a través de… Hay que dar otras alternativas”.
Recordó que ella, como jefa de Gobierno de la capital, estableció un programa de ordenamiento y hubo en algún momento, no pasó como en Querétaro, alguna situación de algún inspector, un vigilante, que tuvo una situación de no diálogo con alguna persona, y siempre lo condenamos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro busca condenar a tres años de prisión a Esmeralda, una adolescente de 14 años del municipio indígena de Huimilpan, tras un aborto espontáneo producto de una violación, denunció Mayra Dávila Alvarado, del colectivo feminista Adax Digitales. Además de la condena, la FGE exige que Esmeralda pague 500 mil pesos a quien “tenga el interés jurídico”, lo que podría beneficiar a su violador, luego de que la fiscalía archivara el caso de violación sin procesar al agresor.
Mayra Dávila ha señalado la urgencia de reformar el código penal de Querétaro, cuyos artículos del 136 al 142 castigan el aborto con penas de hasta seis años de prisión. En la pasada 61 Legislatura, de mayoría panista, Adax Digitales impulsó modificaciones a esos artículos, aunque no obtuvieron respuesta de los diputados locales.
En 2023, Esmeralda quedó embarazada tras ser violada por un joven de 17 años, a quien no denunció por las amenazas que recibió del atacante. Sin conocimiento de su embarazo, Esmeralda experimentó fuertes dolores abdominales que culminaron en un aborto espontáneo. Su padre la llevó al centro de salud donde se confirmó la pérdida del embarazo.
Sin embargo, según las investigaciones de la fiscalía estatal, encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, dictaminaron que el feto tenía 36 semanas de gestación y había fallecido por asfixia tras el parto, motivo por el cual se abrió una investigación por homicidio calificado contra Esmeralda, quien fue vinculada a proceso penal y enfrenta prisión domiciliaria mientras se realiza el juicio.
Mayra Dávila contrapone la versión de la fiscalía queretana, ya que, de acuerdo con dictámenes de los servicios de salud, el feto nació sin vida.
Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, condenó la actuación de la FGE a través de sus redes sociales y pidió una mesa de trabajo con el gobernador, la fiscalía y los representantes legales de Esmeralda para abordar el caso, calificando la situación como “inaudita e ilegal”.
Recientemente, Adax Digitales y Gire obtuvieron un amparo federal que declara inconstitucionales artículos del código penal queretano que criminalizan a las mujeres por abortar. Dávila Alvarado destacó la importancia de que Querétaro garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sin temor a sanciones que también penalizan a quienes apoyan en estos procesos.
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