Alrededor de 500 cirugías experimentales en pacientes con hidrocefalia fueron realizadas presuntamente por el doctor Julio Everardo Sotelo Morales, en donde les colocó un dispositivo patentado en su cerebro con fines experimentales, sin embargo, esto fue sin el previo consentimiento de los pacientes, informó el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.
De acuerdo con una investigación del diario La Jornada, el OIC de dicho instituto, determinó la presunta responsabilidad de Sotelo Morales de dichos procedimientos, así como la incorrecta integración de sus expedientes médicos. Dicha resolución se da luego de 17 años de denuncias presentadas ante la Secretaría de Salud y Derechos Humanos.
Por su parte, Francelia Castañeda Pacheco, titular del OIC, informó el pasado martes 18 de abril, que el expediente de resolución consta de 112 tomos que contienen más de 53 mil hojas, en las cuales se integraron los expedientes clínicos de 112 pacientes. Estas cirugías fueron realizadas entre los años 90 del siglo pasado y los primeros años del presente, por lo que se estima “un número indeterminado de enfermos ya fallecieron y otros viven con secuelas físicas discapacitantes”.
El OIC reconoció que hasta el momento suman 500 afectados y agregó que el mismo procedimiento se realizó en otros hospitales públicos, incluso pediátricos. “El denominador común es que las personas no recibieron información sobre el procedimiento experimental al que serían sometidos ni lo autorizaron con su nombre y firma, como indican los protocolos de investigación” apuntó el diario.
Estos procedimientos fueron validados y catalogados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como crimen de lesa humanidad, además, está en espera de la respuesta a la solicitud de información que le planteo al estado mexicano.
De acuerdo con las investigaciones del OIC, Sotelo Morales solicitó una patente en 1992 y la obtuvo hasta 1997 para un sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continua para el tratar la hidrocefalia hipertensiva, la cual es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro derivado como consecuencia de una neurocisticercosis, tumores y afecciones vasculares. Con dicho sistema que funcionaba por gravedad, “se pretendía suplir las válvulas convencionales de probada eficacia y calidad para drenar el líquido acumulado en el cerebro”.
Sin embargo, en todas las intervenciones no lo les informó a los pacientes que serían parte de un experimento, ni les advirtió de posibles riesgos y secuelas que podían presentarse, solo les presentó una hoja de consentimiento para cirugía convencional. “Sotelo Morales fue director del instituto de 1998 a 2006, periodo en el que se siguieron colocando los dispositivos patentados por él. Algunos de los afectados interpusieron denuncias penales y luego se sumaron a la queja ante la CIDH”.
Cabe destacar que el neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira, adscrito al instituto, fue quien inició dichas denuncias junto con la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad y presuntamente por esta acción fue despedido de manera injustificada del instituto en noviembre de 2006. Sin embargo, tras un juicio laboral lo restituyeron, pero al poco tiempo, fue despedido por segunda vez y nuevamente lo volvieron a restituir.
Sin embargo, el medio señala que el 19 de abril de 2018 se le ordenó que se le reintegre a su puesto de neurocirujano y retomara su cargo como encargado del módulo de neurocirugía estereotáxica y funcional, pero el especialista sigue sin trabajar porque dicha área fue desmantelada.
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