La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga por lavado de dinero y defraudación fiscal al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.
La UIF identificó el delito predicado de tráfico de influencias y defraudación fiscal al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús “M”, tras realizar un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers. Por ello, el pasado 14 de noviembre de 2022 denunció al exfuncionario ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Este pronunciamiento se dio como parte de los compromisos internacionales de la UIF y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la reunión plenaria celebrada el pasado 21 de octubre de 2021 en París, Francia.
“(…) conforme a los estándares del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros”, explicó la UIF en una tarjeta informativa.
Agregó que el exprocurador pudo cometer el delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), pues podría estar relacionado “con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita (…) debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios su sobrino, yerno e hijos de la PEP (Murillo Karam), resultó beneficiada con contratos del Gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
Aunado esto, identificó que durante el periodo de 2013 a 2015, la empresa referida “presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar”, no obstante, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso el exfuncionario tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, es por ello que “posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
Además, agregó la UIF, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
Jesús ‘M’ recibió en 2017, 2.8 millones de dólares (mdd) por concepto de un retorno de inversión del extranjero, y en el periodo de 2020 a 2021 colocó en el extranjero el monto por 26.5 millones de pesos (mdp) en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Jesús Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto, y vinculado a proceso cinco días después por un Juez federal en el Reclusorio Norte por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aunque Murillo Karam defendió nuevamente, ahora ante la justicia, su “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados la misma Noche de Iguala en el basurero de Cocula, Guerrero.
Desde entonces, y a pesar de que su defensa argumentó su estado de salud para solicitar prisión domiciliaria, el político ha permanecido al interior del Reclusorio Norte, ubicado en la capital del país.
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