El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno federal ahorrará más de 2 mil millones de pesos al año, luego de acordar una reducción en el pago por el uso de penales y adelantó que en breve se dará un informe detallado.
“Afortunadamente los empresarios entendieron que son otros tiempos y vamos a obtener ahorros de, yo calculo, más de dos mil millones de pesos al año”, dijo hoy durante su conferencia de prensa.
Agregó que entre los acuerdos está que el Gobierno federal recuperará el control de los penales, al finalizar el periodo de administración de los privados.
“En los contratos se establecía que al finalizar el periodo, en 20 años, el reclusorio no pasaba a ser parte del Gobierno, sino seguía siendo propiedad de la empresa. Eso ya se resolvió. Los reclusorios van a pasar a formar parte del patrimonio público. Ese fue el acuerdo”, destacó.
López Obrador destacó la disposición de los empresarios para entablar el diálogo y llegar a acuerdos.
“Se habló con los empresarios, con lo que hicieron estos contratos y ya se llegó a un acuerdo de una disminución del pago”, añadió.
Sin embargo, dijo que la totalidad del acuerdo se dará a conocer el próximo jueves.
López Obrador recordó que el pago a los empresarios que tenían la administración de los penales debía ser del 100 por ciento, pese a que no se contara con toda la ocupación del centro penitenciario.
“¿Si se acuerdan de que se tenía que pagar una cantidad enorme de dinero por ocho o doce reclusorios, alrededor de 16 mil millones de pesos al año? Un contrato. Se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados los reclusorios. Y se pagaba como si estuvieran llenos de reclusos. Se pagaba al 100. Es más, todavía no se han llenado. En promedio deben de estar al 60 por ciento, pero el contrato establecía que había que pagar desde el principio el 100 por ciento”, recordó.
El pasado 12 de febrero, anunció que estaban revisando los contratos, con el fin de buscar una reducción del 20 por ciento en el pago.
“Estamos revisando esos contratos, ya les manifesté a la secretaria de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez) y al consejero jurídico (Julio Scherer Ibarra), mínimo tiene que haber un descuento del 20 por ciento. O sea, ahí necesitamos ahorrarnos tres mil millones al año, mínimo”, dijo en aquella ocasión.
Previamente, el 13 de enero, el Gobierno federal dio a conocer que se dieron contratos por prisiones privadas por miles de millones en la administración de Felipe Calderón, pagando enormes cifras, pero sin que los edificios de las prisiones les pertenezcan al Gobierno.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló en esa ocasión que existen contratos con ocho centros penales privados: dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, el femenil de Morelos y uno en Michoacán.
Rosa Icela Rodríguez aseguró que “la firma de estos convenios tuvo lugar en la época del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad federal era Genaro García Luna”, quien ahora se encuentra preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico en México.
Un día después, el 14 de enero, el Presidente López Obrador dijo que los cuñados del exmandatario Carlos Salinas de Gortari se benefician con los contratos que tiene el Gobierno federal por las prisiones privadas en el país.
“Unos de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se servían con la cuchara grande, por eso no hay investigación”, acusó en esa ocasión.
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