BBC News publicó en su canal de YouTube los primeros dos capítulos de una serie documental sobre el caso Ayotzinapa. En el avance de la tercera entrega, Tomás “Z”, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), admitió que amenazó a Felipe “El Cepillo” Rodríguez Salgado, presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas.
Al respecto, Tomás “Z” indicó: “Se ve que yo lo amenacé, okey, pero nunca lo torturé. Yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie”.
Sin embargo, el Artículo 1° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señala lo siguiente:
“Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La Convención fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1984 y entró en vigor en el 26 de junio de 1987. Asimismo, es considerado el tratado internacional más importante en materia de derechos humanos contra la tortura.
Hay que recordar que en julio de 2020 medios de comunicación nacional filtraron un video de los interrogatorios de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, en los que se puede ver y escuchar a Tomas “Z” amenazar al interrogado con la siguiente frase: “A la primera mamada te mato güey”.
Por su parte, Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, declaró que “si Tomás “Z” considera que es inocente, debería venir y asumir su defensa en los tribunales”, además, aseguró que el amenazar al presunto implicado que se encontraba “sometido, atado de manos […] también es tortura”.
Cabe señalar que, en su conferencia matutina del 14 diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó, respecto al caso Ayotzinapa, que magistrados solicitaron al Ministerio Público encargado de la investigación aplicar el Protocolo de Estambul a algunos de los implicados en la desaparición de los estudiantes en el plazo de 10 días, cuando la aplicación del Protocolo requiere al menos de 2 meses. Como resultado, liberaron al menos a 77 presuntos involucrados.
El “Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes”, conocido como Protocolo de Estambul, es un conjunto de normas internacionales que sirven para documentar la tortura.
La serie documental de la BBC lleva por nombre “Ayotzinapa: la noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México” y la declaración de Tomás “Z” se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/JxJv2D49xz0
El delito de tortura se comete con agresión física y sicológica a cualquier persona y más si, como está claro en el video, se trata de alguien que está sometido, atado de manos. La amenaza también es tortura. Si Tomás Zerón considera que es inocente, debería venir (a México) y asumir su defensa en los tribunales, afirmó Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En entrevista, comentó sobre las declaraciones de quien fue director de la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC) a la BBC, en las que afirma que no cometió tortura en contra de los acusados por la desaparición de los normalistas, pues según él no tenía necesidad de hacerlo.
La realidad es que esos señalamientos se han convertido en una confesión lisa y llana del delito que se le acusa, planteó Rosales. No hay nada que alegar, tampoco sobre su responsabilidad en el traslado sin seguir el procedimiento legal de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, a quien llevaba a bordo de un helicóptero y le señaló el sitio en el río San Juan donde supuestamente fueron abandonados los restos de los estudiantes, como después aseguró la entonces Procuraduría General de la República.
Para Rosales, lo que está haciendo Tomás Zerón con sus declaraciones a medios de comunicación es un juego político, jugar al perseguido y afirmar que se hace un uso político de su caso, confiado en la protección que le otorga Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición.
Agregó que los padres de los estudiantes están convencidos de que el ex policía representa una pieza central en la investigación sobre el paradero de los jóvenes y el gobierno debería darle prioridad, lo mismo que al caso de José Ulisés Bernabé, ex director de barandilla municipal de Iguala, Guerrero, quien tuvo a su disposición a 17 de los normalistas desaparecidos y hay evidencia de que los entregó al grupo criminal de Guerreros Unidos.
Ahora, el ex funcionario se encuentra en Estados Unidos como asilado político. Según Rosales, el gobierno de la República ha sido omiso en demostrar que Bernabé no es un perseguido político, sino que está acusado de un delito de lesa humanidad y debe ser extraditado.
Resaltó que ya el tiempo apremia y se le está agotando a este gobierno. Por eso, dijo, es importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba a los padres de los normalistas, se deje de lado la confrontación estéril y se aborden los asuntos fundamentales de la indagatoria.
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