Alfaro inventa delitos y mete a la cárcel a 3 estudiantes de la UdeG
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ayuda a sus amigos empresarios y mete a la cárcel a estudiantes de la UdeG inventando delitos con testimonios falsos.
El Consejo General de Rectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) acusó al gobernador, Enrique Alfaro, de criminalizar a través del Poder Judicial a tres de sus estudiantes, quienes mantuvieron una protesta en el Parque Huentitán para evitar que se desarrolle el proyecto inmobiliario Iconia.
Luego de más de tres horas de audiencia, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Javier Armenta Araiza, ex dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), así como de los estudiantes José Alexis Rojas Umazor e Iván Ilich Vladimir Cisneros González, también integrantes de la organización, acusados del delito de despojo de bienes inmuebles por el plantón realizado en el Parque Huentitán en 2021, para evitar que en el terreno se construyera el complejo inmobiliario Iconia, y del que fueron desalojados con violencia por agentes municipales y estatales en agosto de ese año.
El abogado general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y defensor de los estudiantes, Juan Carlos Guerrero Fausto, manifestó su consternación debido a que la audiencia, señaló, se llevó a cabo en medio de diversas irregularidades, y acusó al Gobierno de Jalisco de estar detrás de ellas. “Toda la fuerza de la Fiscalía estuvo hoy (ayer) haciendo señalamientos falsos, se dijo que los estudiantes ingresaron en bola, que lo hicieron en la noche, que iban armados y lo que nosotros sabemos es que los estudiantes llevaban arbolitos y llevaban palas y llevaban material para instalar un parque en ese polígono”, dijo.
El juez se basó en los testimonios que realizaron empleados de las empresas demandantes, Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe, para fijar la prisión preventiva. “Se valieron de testimonios de supuestos empleados de estas empresas, de guardias de seguridad pagados por estas empresas, en donde señalaron que los chicos iban armados, lo cual negamos categóricamente (…) los están tratando como delincuentes cuando no lo son y en este caso la Fiscalía del Estado les está inventando un delito que no cometieron, hay fabricación de delitos”, explicó.
Guerrero Fausto dijo que el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, que llevó a cabo la sesión, incurrió en un conflicto de interés: “su esposa fue síndico municipal en el gobierno anterior de Movimiento Ciudadano, y por tanto tuvo participación jurídica en las sesiones y en todos los acuerdos jurídicos que contrajo el ayuntamiento con este par de pillos”.
Además, sostuvo que no se les permitió debatir las medidas cautelares impuestas de un delito que, dijo, no amerita la prisión preventiva justificada, “el juez ni siquiera nos dio oportunidad de debatir, una arbitrariedad completa, la verdad se le veía visiblemente nervioso, sabemos que fue presionado”, expresó.
Por su parte, el abogado defensor de los grupos inmobiliarios a cargo de Iconia, Andrés Medina Garzón, aseguró que previamente se intentó llegar a un acuerdo con los estudiantes, “de manera previa se habló con los abogados de los imputados para tratar de llegar a un arreglo, todavía ahorita se hizo extensiva la apertura de mis clientes para llegar a un acuerdo, pero no hay posicionamiento por parte de ellos hasta el momento”. Sin embargo, esta versión fue negada posteriormente por Guerrero Fausto.
La defensa de los estudiantes pidió acogerse al término de ampliación de 144 horas y la audiencia se retomará el próximo martes a las 8:00 de la mañana para que se defina la situación legal de los jóvenes; aseguraron que llevarán este tema ante las autoridades federales.
Previo a la culminación de la audiencia, la comunidad universitaria salió a las calles para exigir al gobierno estatal un alto a la presunta persecución política en contra de Armenta Araiza, Rojas Umazor y Cisneros González.
La marcha fue convocada por la UdeG y dio inicio en la Rectoría General, a las 11:30 horas de ayer, y terminó en Casa Jalisco, donde el rector Ricardo Villanueva Lomelí dijo que no hay división de Poderes en el estado, y acusó que la notificación y señalamiento contra el ex dirigente de la FEU se dieron de manera irregular, “han sido evidentes las anomalías en la rapidez, la aceleración con la que han tratado de llevar este asunto”.
Luego de marchar y pronunciar su manifiesto, los tres estudiantes acompañados del rector general y la presidente de la FEU partieron de Casa Jalisco al Penal de Puente Grande, para la audiencia.
En un comunicado, el Gobierno de Jalisco rechazó que se haya cometido algún acto de represión a las manifestaciones que ha organizado la Universidad de Guadalajara, y aseguró que hay un respeto a la autonomía del Poder Judicial. “Las decisiones que tome este poder son en el ejercicio de su soberanía, además, el gobierno respeta el derecho a la libre manifestación”, señaló en el documento.
“En este estado se hace valer el estado de derecho y quien viole la ley tiene que enfrentar la consecuencia de sus actos”, agregó.
Además, recordó que el predio de Iconia es propiedad privada desde 2008 y reiteró que el asunto es un tema entre particulares
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