El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó ayer su disposición para reunirse directamente con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y aseguró que hay integrantes de las que llamó supuestas organizaciones no gubernamentales que los acompañan que tienen intereses políticos y que no le dan confianza.
Cuestionado en su conferencia de prensa sobre la solicitud de los familiares de los jóvenes de conocer la documentación del Ejército, López Obrador dijo que les ha ofrecido tener acceso por tres meses a los archivos.
¿Por qué quiero que sean tres? Porque no quiero que se siga pasando el tiempo. Ya me falta poco, yo quiero entregar buenos resultados, subrayó.
Al asegurar que lo que más le importa a él y su gobierno es esclarecer el caso y encontrar a los jóvenes, sostuvo que los grupos de seudodefensores de derechos humanos quieren tener como rehenes a los padres.
Yo voy a seguir recibiendo a estos grupos, pero también quiero tener una relación directa con los padres, y lo impiden, expresó el tabasqueño.
Al responder preguntas acerca del tema, manifestó que él mismo invitará a los padres a una reunión.
Se han ocultado cosas
Vamos a reunirnos con ellos, estamos trabajando. Yo voy a invitarlos cuando tengamos más información, señaló.
Quiero que tengan información directa, que conozcan cosas que no saben, no porque no quieran, sino porque se han ocultado cosas, como la sentencia que permitió la libertad de los que habían participado en la desaparición de los jóvenes y esa fue una defensa promovida por supuestos defensores de derechos humanos.
Al respecto, reiteró su postura de que ciertas organizaciones que acompañan a los padres promovieron un proceso que concluyó en una sentencia por la que fueron liberados alrededor de 80 presuntos implicados en los crímenes contra los estudiantes.
Eso no lo sabían los padres y eso es lo que no quieren que yo diga. Pero ya parece que me voy a callar ante una situación así, manifestó el Presidente.
Respecto a la petición de los familiares de los estudiantes desaparecidos de que se les entreguen documentos del Ejército correspondientes a 800 folios o números de identificación, y que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contienen datos concretos sobre lo ocurrido con los normalistas, López Obrador dijo que su instrucción desde un inicio ha sido que se les otorgue acceso a toda la información.
Hubo una reunión con ellos porque están solicitando entrar a revisar los archivos de la Defensa, y se les dijo que eso desde el principio se autorizó, que si hemos avanzando es porque hemos contado con el apoyo de todas las instituciones y no tenemos nada que ocultar.
María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ambos con presuntos vínculos al cártel de los Beltrán Leyva y a Guerreros Unidos.
Repondrían proceso contra María de los Ángeles Pineda
Un tribunal de apelación del estado de México dejó sin efecto la sentencia de diez años de prisión que se le impuso a María de los Ángeles Pineda Villa y ordenó reponer el proceso penal que se inició en su contra por el presunto delito de delincuencia organizada, en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en el estado de México ordenó al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales admitir las pruebas que ofreció Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para su defensa y realizar los careos con Sidronio Casarrubias Salgado, ex líder del grupo criminal de Guerreros Unidos, El Chino.
Los abogados de María de los Ángeles Pineda ofrecieron como pruebas copias de la sentencia donde se determinó que a Casarrubias Salgado lo torturaron para que declarara contra ella y José Luis Abarca.
No obstante, hace unos meses el juzgado no aceptó las copias de la sentencia ni el careo con Sidronio Casarrubias, por ello María de los Ángeles apeló y el Tribunal Colegiado determinó que se deben admitir dichas pruebas.
José Luis Abarca, derecha, (exalcalde de Iguala) y Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, gracias a jueces corruptos ambos fueron absueltos por el Caso Ayotzinapa.
Vínculos con los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos
La esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se encuentra encarcelada luego de su captura en noviembre de 2014 en una casa de la alcaldía de Iztapalapa, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En abril de 2015, el juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de México decretó la formal prisión por el delito de delincuencia organizada dentro de la causa penal 105/2014.
De acuerdo con las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, que forma parte del expediente por la desaparición de los normalistas, la señora Pineda Villa era la principal operadora del crimen organizado en Iguala.
Primero se le relacionó con el cártel de los Beltrán Leyva, ya que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa se desempeñaban como operadores financieros de dicho grupo delictivo. Posteriormente se le vinculó con Guerreros Unidos, pues Iguala era uno de sus centros de operación.
Sidronio Casarrubias aseguró en su declaración de ese entonces que el ex alcalde José Luis Abarca les daba entre 2 y 3 millones de pesos de las arcas de Iguala; parte del dinero lo destinaban a pagar a los directores de las policías municipales de Taxco, Cocula, Buena Vista de Cuéllar, Tepecoacuilco, Huitzuco y Teloloapan, para mantener el control.
En mayo del año pasado, un juez federal absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado por el delito de delincuencia organizada, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no demostró la existencia de esa organización delictiva a la que se le acusó de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
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