Por Staff
Continúa la conformación del plan de gobierno por parte del equipo del virtual próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes hicieron un bosquejo de su plan para la pacificación del país y de justicia a las víctimas del crimen organizado.
La presentación estuvo a cargo de Alfonso Durazo, propuesto como el próximo titular de Seguridad Pública; Olga Sánchez Cordero, nominada como Secretaria de Gobernación, y Loretta Ortiz, asesora en derechos humanos del equipo de López Obrador.
Sánchez Cordero dijo que la orden es “echar mano de todo, teniendo como eje central de la pacificación el derechos de las víctimas”.
Detalló que hay luz verde del virtual próximo Presidente de la República para la creación de comisiones de la verdad y que se solicitará ayuda internacional.
“El eje fundamental de este proceso de transición son los derechos humanos y queremos restablecer la paz en este país con y todos los mecanismos que podamos echar mano”, reiteró.
Durazo agregó que la ley de amnistía se presentará al Congreso de la Unión, que “tendrá la última palabra”.
Loretta Ortiz resaltó que lo “que está de por medio es el derechos a la seguridad y el derecho a la paz”, además, informó que se consultará a las víctimas de delitos como trata de personas, desaparición, extorsión, contra la libertad de expresión secuestro, entre otros delitos, así como a la ciudadanía en general y migrantes.
Y que el ejercicio se hará en los lugares “más violentos del país”.
Alfonso Durazo externó que el presupuesto de seguridad pública tendrá que reiterarse para que se implemente en austeridad, pues, indicó, aunque el presupuesto de seguridad ha crecido desde 2006 de igual forma lo ha hecho la inseguridad, por lo que se debe redefinir cómo invertir el dinero destinado.
Durazo, Sánchez Cordero y Loretta coincidieron en que la amnistía no es un principio que ya esté impuesto por el próximo líder del Ejecutivo para todos los delitos, sino que se planeta para “dar una salida” a los niñas, niños, adolescentes y personas en condición de pobreza que se han visto obligadas a cometer algún delito ante la falta de oportunidades económicas; y para aplicarse aún deben discutirse sus particularidades.
Viejos conocidos
Andrés Manuel López Obrador invitó a Manuel Mondragón y Kalb, actual comisionado Contra las Adicciones, a participar en su Gobierno en el área de seguridad.
“Estamos invitando a todos los que tienen experiencia a participar y sí, el doctor Mondragón está invitado a esta reunión y otros, muchos otros… todavía no se definen los cargos, lo que estamos haciendo primero es el programa, primero el programa de acción”, dijo López Obrador, a su llegada al salón De Luz en la colonia Roma.
La convocatoria para los participantes del foro es armar un plan contra la inseguridad y la violencia (organismos nacionales e internacionales, así como expertos en materia de seguridad), que será definidos durante la reunión, anunció el tabasqueño.
Para la mayor parte de los mexicanos, la inseguridad, la corrupción y el desarrollo económico son los tres problemas más preocupantes, coinciden El Informe 2017 del Latinobarómetro y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Vamos a tratar estos temas ahora, pero los temas de la amnistía y todos los que tienen que ver con garantizar la seguridad en el país, que ese es el objetivo principal, que logremos la paz en México”, explicó el morenistas.
NO HABRÁ REFORMA
En entrevista, antes de un evento con sus colaboradores del gabinete de seguridad y relaciones exteriores, el tabasqueño aseguró que desde la campaña ya había expresado cuál sería su postura sobre el tema.
“Eso lo dijimos, yo lo expresé en la campaña, es de dominio público, yo estoy por el procedimiento actual, vigente, y vamos a cumplir con esto”, aseguró el morenista.
La declaración de el ex Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, llega luego de que fue cuestionado por las ternas que propuso para las tres fiscalías, sin embargo, sostuvo que desde hace tiempo ya lo había dejado claro.
Las organizaciones, explicó López Obrador, piden el cambio constitucional antes de nombrar a los fiscales, y aunque dijo que tienen derecho a disentir, el nombramiento lo hará con el procedimiento vigente.
“Yo lo único que les puedo decir es que el nuevo Fiscal general, como los fiscales anticorrupción y el fiscal electoral, van a ser gentes íntegras, de inobjetable honestidad; lo mejor de lo mejor. […] El fiscal anticorrupción, hombre o mujer, va a ser una gente íntegra, sin ningún tipo de vinculación con grupos de intereses creados. Va a actuar con rectitud con la máxima, con el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, aseguró el tabasqueño.
El virtual presidente electo dijo que lo primero es el nombramiento de los fiscales, y “un buen fiscal electoral para acabar con la anti democracia” y “con los fraudes electorales”.
Organizaciones civiles han exigido reformar el Artículo 102 de la Constitución porque consideran que el procedimiento actual, donde el Presidente envía al Senado una terna de posibles fiscales, no les garantiza el ejercicio autónomo. Hoy, el morenista se reunió con su gabinete de seguridad, incluso invitó al actual comisionado Nacional Contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb en su casa de campaña ubicada en la colonia Roma.
“Les pido nos den oportunidad de que iniciemos con este proceso, porque en México se va a acabar la corrupción, vamos a limpiar de corrupción el país, es el compromiso que hicimos en la campaña y vamos a cumplir”, aseveró.
SEGURIDAD
En materia de inseguridad, la radiografía nacional esboza un crítico escenario de violencia: mientras que el año pasado México rompió un récord en materia de homicidios dolosos (al menos 25 mil 340 registrados por el Gobierno federal), en los primeros cuatro meses de este año se han cometido más asesinatos que en los primeros cuatro meses de los últimos 20 años (entre enero y abril de 2018, 8 mil 900 personas perdieron la vida).
Asimismo, los robos o asaltos con violencia se han disparado. Entre 2015 y 2017 el alza fue de 40.96 por ciento, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunque el robo (en general) decreció en poco más de cinco por ciento de 2012 a 2017, en los primeros meses de 2018 fue registrada una cantidad similar a la del mismo periodo en 2012 (lo que quiere decir que es la más alta de los últimos seis años).
La violencia es alarmante y podría ser peor, ya que en nuestro país la cifra negra es de casi 94 por ciento, coinciden el Inegi y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Esto significa que sólo el seis por ciento de los delitos cometidos son denunciados o derivan en una averiguación previa.
El escenario se agrava si consideramos que, de ese seis por ciento de crímenes denunciados, sólo una tercera parte llega ante un juez. Y de esa cantidad, el 10 por ciento obtiene sentencia.
El repunte de violencia se debe a políticas “fracasadas”, refiere la Academia de Génova. Y los altos niveles de impunidad, según la UDLAP, “es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal: las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”.
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