Ciudad de México.– El Gobierno mexicano se prepara para la inminente llegada de los miles de miembros de la caravana de migrantes hondureños que pretenden cruzar el país rumbo a Estados Unidos, con la advertencia de que deportará a quienes entren de forma ilegal, aunque atenderá a aquellos que soliciten refugio; al menos con el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Caravana de Migrantes tendrá seguro empleo y asilo a quien lo solicite.
Por su parte, el actual Gobierno de México anunció que pedirá la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) para que acompañe la atención de posibles solicitantes de refugio de los migrantes que arriben al país en la Caravana Hondureña.
Detalló que la solicitud la llevará a cabo el Canciller Luis Videgaray durante su visita hoy al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en Nueva York.
“Esta medida tiene como objetivo contribuir a una solución de carácter humanitario, apegada al marco legal, respetuosa de los derechos humanos, transparente y con el concurso de la comunidad internacional, a través de las instancias correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
“Asimismo, esta medida busca garantizar la seguridad e integridad de los migrantes, particularmente la de los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres, y evitar que las personas sean engañadas por organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de personas, que ponen en peligro sus vidas”, añadió.
El Gobierno mexicano también reiteró que “toda persona que desee ingresar a territorio nacional debe hacerlo cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Migración y por los puntos de entrada autorizados, y podrá moverse con plena libertad en el mismo por el tiempo de vigencia de la visa.
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que no se enviará a personal de las Fuerzas Armadas a la frontera sur del país, dijo que en lugar de esto pedirá ayuda al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Policía Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atender a los migrantes.
Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados Navarrete Prida expuso que hasta el momento el Gobierno mexicano no ha deportado a ningún migrante: “Nosotros no hemos deportado por esta caravana hondureña a persona alguna. Lo que estamos haciendo es advertir qué es lo que está ocurriendo. Nosotros no vamos a enviar fuerza armada a esto”, aseguró.
El tema “va a ser muy complejo” por el elevado volumen de migrantes del que se está hablando, señaló hoy el titular del INM, Gerardo Elías García Benavente.
Un primer grupo de la caravana de migrantes hondureños, que salió el pasado sábado con destino a Estados Unidos, llegó ayer a la frontera de Guatemala con México. Por el momento, están albergados en una casa del migrante de Tecún Umán, localidad a la que el río Suchiate separa de Ciudad Hidalgo.
Otros miles de integrantes -la ONU estima que en la movilización participan 3 mil hondureños- se encuentran más alejados, y salieron esta mañana de la capital guatemalteca.
Su objetivo es cruzar a Chiapas y llegar a Tapachula. Desde el día en que partieron de San Pedro Sula (al norte de Honduras), el Gobierno mexicano ha enviado varios comunicados en los que advierte que si ingresan al territorio nacional “de manera irregular” podrán ser detenidos y retornados a su país de origen.
García Benavente recordó que, pese a esto, hay vías legales para que los migrantes sean atendidos por las autoridades mexicanas: “Habrá quien solicite una visa por razones humanitarias (…) y quien solicite refugio, gente que no puede estar en su país y tiene la necesidad de abandonarlo”.
En el caso de que pidan refugio, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es el órgano encargado en realizar el trámite, para el que la ley establece un plazo de respuesta máximo de 45 días. Durante este tiempo, los migrantes deberán permanecer en una estación migratoria.
En este sentido, el comisionado del INM destacó que en Tapachula se encuentra la Siglo XXI, la más grande del país, que podría llegar a albergar a un millar de estos migrantes, y el resto serían repartidos en otros centros.
A la frontera con Guatemala el Gobierno ha enviado unos 200 elementos de la Policía Federal. “Nuestra presencia obedece a la apuesta por una migración segura y regular”, dijo a Foro TV el comisionado de este cuerpo, Manelich Castilla.
Los agentes federales que han sido desplegados en los puntos por donde ingresarán los migrantes -apuntó- “no tienen armas” y conocen el protocolo para evitar el uso excesivo de la fuerza.
“Desde el principio estamos pensando en un ejercicio de contención que privilegie los derechos humanos de los migrantes. De ninguna manera estamos para reprimir; estamos para auxiliar”, argumentó el comisionado.
La presión sobre México se ha intensificado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara hoy con cerrar la frontera sur del país si no se frena el trayecto de la caravana.
“Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EU y [para que] CIERRE NUESTRA FRONTERA SUR!”, sentenció el mandatario en su cuenta de Twitter.
Interrogado por periodistas sobre esta amenaza, el presidente de la CNDH de México, Luis Raúl González, declaró que “la fuerza, la violencia y la amenaza nunca han sido la respuesta a necesidades de protección de personas que no migran por gusto, sino por necesidad”.
“Migran porque no tienen qué comer o preservando la vida, y México tiene que ser congruente de rechazar esa política de odio, xenofóbica y racista de los Estados Unidos”, manifestó.
Agregó que los mexicanos deben “anteponer la dignidad nacional rechazando esas conductas, no caer en la provocación de contestar de igual forma, sino con la razón, con el derecho y aplicando el principio de congruencia, que significa que el mismo trato que queremos para los nacionales en Estados Unidos lo demos a los centroamericanos”.
El tema recuerda a la tensión que se desató entre México y Estados Unidos con la caravana de migrantes centroamericanos que salió el pasado marzo desde Tapachula, Chiapas.
Pese a que dicha iniciativa se repite cada año, en su última edición Trump lanzó duras críticas contra ella e instó a México a detener la movilización, a lo que el país latinoamericano respondió que su política migratoria es soberana y no responde a presiones.
Ayer, el Embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, se reunió con algunos participantes de la caravana.
En el encuentro, el Gobierno “desmintió la existencia de una visa de tránsito por territorio nacional para quienes desean llegar a la frontera norte de México”, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
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