Ampara la SCJN a comunidad indígena para autogobernarse

En la primera sesión extraordinaria en una comunidad indígena, en este caso territorio tsotsil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que la libre determinación de los pueblos indígenas no puede quedarse solo en discurso o papel, por lo que les concedió el amparo para autogobernarse.

Frente a autoridades tradicionales e integrantes de comunidades indígenas de Tenejapa y La Candelaria, el Pleno reconoció que el Congreso de Chiapas ha incurrido en una omisión legislativa que ha impedido que los pueblos indígenas sean plenamente reconocidos como sujetos de derecho público, con sus propias autoridades y formas de organización.

La Suprema Corte ordenó al Congreso local legislar para hacer realidad estos derechos, y estableció un plazo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General que dotará de contenido el artículo 2° de la Constitución Política Federal.

La decisión no se queda en el futuro: el Máximo Tribunal ordenó al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas a adoptar medidas inmediatas (90 días) para garantizar efectivamente el autogobierno de la comunidad tsotsil, incluyendo la entrega oportuna de los recursos públicos que proporcionalmente le corresponden.

Hoy la justicia caminó hacia las comunidades: los pueblos indígenas exigen reconocimiento que no puede esperar.

Así, la SCJN abrió la puerta para que, a nivel nacional, se reconozcan los autogobiernos indígenas y se les asignen recursos públicos para su administración directa. Sin embargo, dejó claro que eso no implica la creación de un “cuarto nivel de gobierno”, como exigen comunidades de pueblos originarios.

Desde la plaza principal del municipio tsotsil de Tenejapa, Chiapas, y ante unas 2 mil personas reunidas para presenciar la primera sesión itinerante de la Corte, el pleno aprobó por unanimidad de ocho votos el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que concedió el amparo a la comunidad La Candelaria por la falta de reconocimiento de su gobierno comunitario y la omisión del Congreso estatal de legislar sobre autogobierno indígena.

Por ello, ordenó a las autoridades estatales y municipales garantizar a La Candelaria, en 90 días naturales, el ejercicio del autogobierno y la entrega proporcional de recursos.

También instruyó al Congreso de Chiapas legislar al respecto en un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley general en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, aunque no hay fecha para ello porque la norma todavía está en proceso en el Congreso federal.