Este lunes se realizará la audiencia en la que se imputará a Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, como presunto responsable de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En caso de que se presente en el Reclusorio Norte, donde se realizará la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la prisión preventiva, y si no acude –como se lo exigió el juez federal que lleva la causa–, se solicitará la orden de captura en su contra y se convertirá en prófugo de la justicia.
Para esta comparecencia una de las condiciones del togado Marco Antonio Tapia Fuerte es que el panista –acusado de recibir sobornos provenientes de Odebrecht por medio del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin–, debe estar presente en el juzgado con sede en el Reclusorio Norte, pues hace tres meses informó en sus redes sociales que se exiliaría.
La primera vez que se difirió la audiencia fue en agosto, luego de que alegara que Anaya no tuvo acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada. En octubre la diligencia se pospuso por segunda ocasión, cuando el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia aceptó el argumento de la defensa, que señalaba que la FGR apenas le había entregado mil hojas más de la carpeta de investigación, por lo que no había tenido tiempo de analizarlas.
Anaya enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y de haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos de parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en la actualidad preso en el Reclusorio Norte, para aprobar la reforma energética.
Lo anterior forma parte de las investigaciones a partir de la declaración que hizo el ex funcionario de Enrique Peña Nieto en agosto del año pasado y en la que involucra a ex legisladores y a otras 30 personas en presuntos actos de corrupción cometidos entre 2013 y 2015 asociados con la corporación brasileña, así como de participar en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado, por la que se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.
En una tercera declaración ante la FGR, Lozoya Austin ratificó que entregó 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya con el propósito de aprobar la reforma energética; además, señaló que de 84 millones de pesos que dio Odebrecht en sobornos a autoridades mexicanas para el otorgamiento de contratos, “una parte fue entregada a José Antonio González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y Carlos Treviño Medina”.
Según Lozoya, los mencionados “promovieron la continuidad del contrato de Etileno XXI” y esa parte de los fondos se distribuiría a los senadores del PAN, al PRI “o personas que Luis Videgaray me indicase”.
La Fiscalía investiga también a los ex legisladores blanquiazules Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, y al ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, así como al todavía mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En la actualidad el ex senador de ese partido Jorge Luis Lavalle se encuentra vinculado a proceso y preso en el Reclusorio Norte, ya que también formó parte del grupo al que se le imputa haber recibido recursos de Odebrecht por parte del ex director de Pemex y que servirían para que diera su voto aprobatorio a la reforma energética de 2015.
“López Obrador es autoritario, vengativo y quiere destruirme”, señaló Anaya a The Wall Street Journal en su primera entrevista desde que salió de México en julio a un lugar desconocido en Estados Unidos.
El diario señala que Anaya y muchos analistas políticos dicen que las acusaciones tienen poco sentido, dado que él y su partido conservador presionaron durante décadas para poner fin al monopolio gubernamental sobre la exploración petrolera y nunca pusieron en duda el resultado de sus votos. “Si hubiera votado en contra de esa reforma la gente habría pensado que me había vuelto loco”.
Anaya Cortés comparecerá en audiencia por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, podría quedar preso en el Reclusorio Norte por su probable responsabilidad en el de soborno de 6.8 millones de pesos que presuntamente recibió para aprobar la Reforma Energética en el sexenio pasado.
El excandidato presidencial comparecerá este día por videoconferencia en una audiencia en la que debe acreditar que se encuentra en la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá prisión preventiva justificada, como lo hizo la semana pasada con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
De acuerdo con información de la dependencia, citada por la prensa nacional, esta medida la pedirá para que el panista no escape. Si Anaya no comparece o no acredita que se encuentra en la Ciudad de México, también se solicitará su aprehensión por estar sustraído de la acción de la justicia.
En octubre, el juez tomó la decisión de que la audiencia inicial se reprogramara para este 8 de noviembre porque la FGR entregó de última hora al panista mil fojas más que forman parte de la carpeta de investigación.
Anaya es acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a un soborno de 6.8 millones de pesos en 2014.
Ayer, en una entrevista desde Nueva York, el panista aseguró que vive una persecución del Presidente Andrés Manuel López Obrador y expuso que recibir un soborno de medio millón de dólares en efectivo “habría sido el soborno más estúpido de la historia”.
“Si hubiera votado en contra de esa reforma … la gente habría pensado que me había vuelto loco”, dijo Anaya en una entrevista difundida por The Wall Street Journal (WSJ).
Este lunes el panista utilizó sus redes, pero para cuestionar la política contra el cambio climático del Presidente López Obrador.
“En el G20 y en la COP26 se discutió el futuro del planeta. Fueron los principales líderes del mundo. AMLO no asistió. Él no va a donde hay que dialogar. Mañana va a la ONU dizque a hablar de corrupción. ¿Cuántos presidentes estarán ahí? ¡CERO! Va a echarse un monólogo y a la foto”, escribió.
El pasado 25 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer su versión pública de la causa que se le sigue a Ricardo Anaya, quien tuvo que presentarse a declarar ante un Juez. El excandidado presidencial del PAN respondió minutos después al calificar a las autoridades federales como “incompetentes”.
La FGR dice que las diligencias “evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.
Por su parte, Anaya Cortés descartó recibir millones de pesos como soborno para aprobar la Reforma Energética. El político aseguró que en el momento de la “supuesta entrega” de dinero por la que lo acusa la FGR el ya no era diputado.
El caso contra Anaya derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya en la que señaló a 70 personas de corrupción.
El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya en su denuncia.
En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado esta semana junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.
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