De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, antes de solicitar mayores recursos para organizar la consulta de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) primeramente debe, a través de su unidad de administración, hacer adecuaciones a su presupuesto.
Al ser un organismo autónomo, los ajustes financieros se hacen de manera interna y sólo deben ser avisados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración de los informes trimestrales de finanzas y cuenta pública.
Por otro lado, ya en el caso de una ampliación externa, el INE deberá enviar a la dependencia el requerimiento, con la argumentación fundada y motivada, la cual será analizada por la Secretaría de Hacienda.
La noche del miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el INE no tiene atribuciones para aplazar la consulta de revocación de mandato, prevista para abril del próximo año, luego de que en el mismo sentido se pronunciara la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al revocar el acuerdo con el que el INE buscaba aplazar la consulta de revocación de mandato, el tribunal electoral vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su sentencia, con el objetivo de garantizar los recursos.
El proyecto votado la noche del miércoles detalla que “en el supuesto de que el INE solicite una ampliación presupuestaria, en la que justifique los gastos que se requieren para realizar la revocación de mandato”, la Secretaría de Hacienda debe responder a la brevedad, considerando que realizar el ejercicio es “una obligación de todo el Estado mexicano”.
Consejero del INE defiende salarios; “son insignificantes”
Jaime Rivera Velázquez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió los altos sueldos que reciben al asegurar que estos se encuentran respaldados por el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y señalar que son “financieramente insignificantes” para poder completar los recursos que el órgano autónomo alega que faltan para la Revocación de Mandato.
En entrevista con Daniela Barragán y Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Consejero del INE aseguró que existen muchas mentiras al respecto y que el tema se ha utilizado con fines políticos.
“La legalidad de los sueldos está respaldada por el Poder Judicial, no por nosotros ni por el uso propagandístico que se hace de ello”, dijo.
El consejero Rivera Velázquez aseguró que los consejeros del INE no reciben sueldos de 400 mil pesos, explicó que mensualmente perciben 152 mil pesos mensuales más prestaciones lo que da un total de 178 mil pesos. Además, dijo, sería anticonstitucional disminuir sus percepciones.
“Ese es el sueldo y ese sueldo ha sido protegido por el Poder Judicial, por la Suprema Corte de Justicia, que considera que sería anticonstitucional disminuir un sueldo que los consejeros ya tenían cuando se unieron al cargo y que por cierto los consejeros del IFE tienen el mismo sueldo desde 2008 y el mismo sueldo que tenemos hoy”.
Jaime Rivera Velázquez mencionó que el INE hizo un ajuste a su presupuesto y obtuvo un total de 700 millones de pesos para destinar al proceso de Revocación de mandato. El consejero recordó que con lo aprobado por la Cámara de Diputados —19 mil millones de pesos— únicamente se disponían de 813 millones de pesos para este ejercicio, que —sumados al ahorro— dieron al Instituto un total de mil 503 millones de pesos para la consulta; sin embargo, insistió, esta cifra es insuficiente para celebrar el proceso, pues requieren 3 mil 830 millones de pesos.
“Con mil 503 millones de los que dispone hoy el INE para este fin sigue siendo claramente insuficiente, representa el 40 por ciento del total necesario y hay que aclarar que el gasto más importante en México de cualquier proceso de votación es la integración de mesas directivas de casilla que se hace con funcionarios sorteados y capacitados para recibir y contar los votos, el gasto más importantes es el número de casillas y la Ley de Revocación de mandato ordena que se instale la misma cantidad de casillas que las que se hayan instalados en las elecciones federales más reciente”.
Y añadió: “La cuestión de los sueldos de los consejeros es algo financieramente insignificante frente a los dos mil 300 millones que hay de déficit todavía para organizar la Revocación de Mandato. Nosotros esperamos que la Suprema Corte de Justicia resuelva la cuestión de fondo del problema presupuesta y aquí hay dos posibilidades: o bien que la Secretaría de Hacienda considere una ampliación presupuestal y justifique su respuesta, o bien que los tribunales resuelvan y ordenen que el Instituto Nacional Electoral organice esta consulta revocatoria con los recursos que tiene”.
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