En los próximos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) formalizará la promoción de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la determinación de la Cámara de Diputados de recortarle 4 mil 913 millones de pesos, recursos que estarían destinados a los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular.
Sin embargo, el consejero Jaime Rivera sostuvo que, con independencia de que se reúnan las firmas, “si el INE no cuenta con los recursos materiales para organizarla, no emitirá la convocatoria”.
Aseveró que el instituto “está comprometido a cumplir el mandato legal. No es el INE el que no quiera hacerlo; quiere hacerlo, pero no depende todo del instituto”. Subrayó que un aspecto central para garantizar la imparcialidad y legalidad es la integración e instalación de las 162 mil casillas, para lo cual se requiere visitar 12 millones de ciudadanos y capacitar cinco por cada casilla. Sólo este proceso implicará una partida de al menos 2 mil 500 millones de pesos.
–¿Cuándo sería el plazo necesario para la decisión de la Corte y determinar si pueden organizar la revocación?
–Esperamos que este año. Obviamente, el INE no podría emitir la convocatoria si no tiene condiciones para realizarla. Con los recursos no aprobados, no es posible organizarla.
Quien coordinó los trabajos de la comisión especial para la elaboración del proyecto del presupuesto del órgano electoral señaló que una vez promulgado, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el INE podría promover la controversia. No hay plazos, sino el cumplimiento de requisitos, pero Rivera estimó que será muy pronto la interposición de este recurso jurídico, con la finalidad de que el INE tenga claridad sobre los recursos con que contaría.
Enfatizó que el 4 de febrero deberá declarar si se cumplieron los requisitos de contar con el respaldo de 2.7 millones de ciudadanos, pero el INE podría encontrarse ante la imposibilidad material de organizarla sin los recursos necesarios.
En esta ocasión, subrayó Rivera, no hay un plan alternativo, como ocurrió con la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, porque en la legislación sobre ese ejercicio no se establece un mínimo de casillas a instalar. En contraste, en la ley de revocación de mandato se ordena que sea el mismo número que la elección federal.
Sueldo de consejeros del INE, insuficiente
El sueldo anual de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral representa apenas el 1.16 por ciento del boquete de tres mil millones de pesos que dejó el recorte presupuestal para realizar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, ni renunciando a todos sus ingresos del 2022 alcanzaría para reunir estos recursos como aseguran algunos actores políticos.
La Cámara de Diputados aprobó sólo 830 millones 573 mil 799 pesos de los tres mil 830 millones 448 mil 91 pesos solicitados para la revocación de mandato; con el sueldo bruto de 262 mil 634 pesos mensuales de cada integrante del Consejo General, al año se invierten 34 millones 667 mil 688 pesos en sueldos, lo que representa apenas el 1.16 por ciento de los tres mil millones de pesos que necesitan reunir para este ejercicio.
“Yo creo que tienen recursos suficientes. Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos. Ganan mucho, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan, que le bajen a los viáticos, a las comidas, a los vinos, a los gastos superfluos”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa de este martes.
Sin embargo, no sólo bajándose el sueldo, ni renunciando a la totalidad de éste en todo un año, alcanzan las ganancias de los 11 integrantes del Consejo General para recaudar los más de tres mil millones de pesos faltantes para organizar la revocación de mandato el próximo 10 de abril.
Con el costo estimado para la revocación de mandato y considerando las 161 mil casillas que la ley obliga a que se instalen, la instalación y operación de cada casilla implicaría un costo global de 23 mil 791 pesos, lo que incluiría todos los gastos del material electoral que van desde las mamparas y la propia casilla hasta las hojas de resultados y las boletas de las personas que votarían en esa casilla; los marcadores para la votación y la tinte indeleble para el pulgar de los votantes, el proceso de insaculación y el pago a los capacitadores para las y los funciones de casilla, y todo lo que implica su trabajo como viáticos; los productos de limpieza y desinfección por el covid-19, entre otros.
Es decir, el sueldo anual de todos y todas las consejeras apenas alcanzaría para cubrir mil 457 casillas, el 0.9 por ciento de las que se requieren para realizar la revocación de mandato.
Por lo que reducirse el sueldo no sería suficiente para que la autoridad electoral pueda solventar el recorte que les aplicó la Cámara de Diputados y que imposibilita realizar la revocación de mandato con las dimensiones que ordena la ley, al mismo nivel que una elección federal.
Milenio confirmó que el Instituto Nacional Electoral está en espera de que la Cámara de Diputados publique en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos del 2022, para poder presentar los recursos respectivos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se defina si es constitucional ordenar un ejercicio de democracia participativa y negar los recursos suficientes para realizarla.
Con información de diarios La Jornada y Milenio
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