En comisiones del Senado de la República se aprobó que la Clave Única de Registro de Población (CURP) tenga ahora fotografía, huellas dactilares y firma de las personas.
En sesión de Comisiones Unidas de Gobernación que preside la senadora Mónica Fernández y de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, se abrogó la Ley General de Población de 1974 y expidieron una nueva, en la que se establece que la CURP tendrá los datos biométricos.
De acuerdo al dictamen aprobado, será la Secretaría de Gobernación la que expedirá el documento de identificación con los nuevos datos. Ahora el dictamen pasará al Pleno para su lectura y posible aprobación.
De ser aprobado el proyecto, deberá inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos para obtener la nueva CURP con foto.
El proyecto de dictamen fue avalado por Morena y sus aliados y establece que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la responsable de emitir la CURP y proporcionará al Instituto Nacional Electoral (INE) la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea ley necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previsto por la ley.
La nueva CURP que deberá renovarse cada 15 años, contendrá el nombre del titular y su fotografía, su clave de registro de población, el lugar y fecha de nacimiento y las huellas dactilares.
La propuesta de ley fue presentada por las senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández el pasado 30 de marzo. Establece que la Segob podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas mediante la confrontación de la información aportada por los ciudadanos a las dependencias y entidades de la administración pública federal, que para el ejercicio de sus funciones tengan establecidos procedimientos de identificación personal.
Esas instancias estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la secretaría, abunda el dictamen con el que se alude a que en el pasado, el INE se negó a entregar a Gobernación la base de datos del patrón electoral, para que pudiera integrar el Registro Nacional de Población y emitir la Cédula de Identidad.
La oposición voto en contra con el argumento de que no se contemplan recursos para la aplicación de la ley.
La senadora Mónica Fernández Balboa expresó que de 1974 a la fecha, la realidad demográfica del país ha cambiado, y por tanto es necesario abrogar la ley vigente y expedir una nueva Ley General de Población.
“Estimamos que es de suma importancia actualizar el marco normativo que rige al Estado en cuanto a sus leyes, con el propósito de mejorar el sistema que se tiene y adecuarlo a la realidad que se vive”, consideró.
Por su parte, el senador Rafael Espino de la Peña dijo que el ordenamiento busca mejorar el sistema actual en materia de población, así como adecuarlo a las nuevas políticas y atender los desafíos de la estructura y la dinámica poblacional.
“La legislación de 1974 ya no responde a los cambios demográficos y sociales que ha tenido nuestro país en las últimas décadas”, consideró.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, expuso que la ley se tiene que modernizar; pero se debe hacer bajo los nuevos preceptos constitucionales en materia de protección de datos personales y de proporcionalidad de requerimientos de la información.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo acompañar el espíritu de tener una nueva Ley General de Población, que sea adecuada a la realidad del país; sin embargo, precisó que la propuesta debe hacer un rediseño presupuestal para cumplir con la legislación, porque de lo contrario no va a cumplir con su objetivo.
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