Aprueban en comisiones leyes secundarias de reforma judicial
Sin cambios a la minuta del Senado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó anoche los dos dictámenes con el marco que regulará el ejercicio del próximo año para elegir a jueces, magistrados y ministros, y que da atribuciones al Instituto Nacional Electoral (INE) de conducir el proceso y hasta declarar válidos los votos por uno o más candidatos incluidos en una misma boleta.
Durante el debate de tres horas y media para aprobar las leyes generales del Sistema de Medios de Impugnación y de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) detectó inconsistencias. El coordinador de la bancada, Rubén Moreira, explicó que el Senado suprimió una comisión especializada de la sala superior del Tribunal Electoral y sus menciones en el articulado de la ley electoral.
“Salvo en el artículo 471, numeral seis, donde dejaron viva a una comisión, que ya no existe. Esta reserva sí procede, hay que decirles a los senadores que la minuta va de vuelta y la saquen en fast track”. Anunció que la reserva para suprimir la mención de esa instancia en dicho artículo la presentará este lunes en la discusión en el pleno.
Expuso que no se trata del único error o inconsistencia; por ejemplo, agregó, en la Constitución se prevé que el voto será con el asiento del nombre del candidato, pero en la ley se habla de marca o asiento; no se precisa el número de urnas por elección ni si habrá votos de mexicanos en el extranjero.
Como ya es usual entre las bancadas, el debate tuvo momentos ríspidos. El Partido Acción Nacional (PAN) insistió en que la reforma legal, al igual que la constitucional, permitirá la injerencia del crimen organizado. Lilia Aguilar Gil (PT) devolvió: Tienen razón. Probablemente el crimen organizado querrá participar, de hecho ya lo ha declarado: Roberto Gil Zuarth, vinculado con (Genaro) García Luna, fueron parte del mismo gobierno y grupo político, ha dicho que participará en el proceso. Pero para evitar eso, hay candados.
Los diputados de la mayoría insistieron en que la reforma busca acabar con el sistema endogámico y corrupto en el Poder Judicial. El panismo reviró que del sistema recién derogado surgieron ministros como Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, hoy en Morena.
En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se incluye el mecanismo de juicio electoral para impugnar los resultados de la elección a los integrantes del PJF, figura que, sostuvo Guillermo Anaya (PAN), no se desarrolla a profundidad.
Tal recurso sólo podría interponerse por la persona interesada, pero acota que “no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, por ser de estricto derecho, salvo en casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando sean determinantes para que se acredite la restricción (sic) alegada”.
Entre los propios diputados de la mayoría se encontró también que sería inconstitucional el agregado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las impugnaciones en la elección de los integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral.
Mientras, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros puntos, se amplían las atribuciones del INE, no sólo para definir los lineamientos de organización, desarrollo y cómputo del proceso, sino aprobar el modelo de boleta y los topes de gastos de campaña.
La ley permitirá, además, que un voto sea válido cuando se emita en favor de una candidatura claramente identificable, con independencia de que puedan emitirse dos o más votos por diversas candidaturas en una misma boleta.
En este caso, el INE determinará la cantidad de votos válidos que cada elector pueda emitir en una misma boleta.
El sábado 12 de octubre se llevó a cabo el proceso de insaculación para determinar qué Magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito participarán en el proceso electoral de 2025 y cuáles en las elecciones de 2027.
Entre las plazas de personas juzgadoras que resultaron electas para participar en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial están lugares que son ocupados por magistrados y jueces que han emitido polémicos fallos contra reformas y proyectos del pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, el magistrado interino del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, emitió amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica; o el juez de Distrito, Adrián Fernando Novelo Pérez, quien emitió suspensiones contra el Tren Maya; la jueza de Distrito, María Isabel Bernal Hernández, jueza que concedió una suspensión provisional al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, para que autoridades federales no lo calificaran como torturador y como autor de la “verdad histórica” en el caso de Ayotzinapa.
Además, también entrará en la elección de 2025 la plaza que ocupa la jueza Yamin Francisco González Mendoza, quien admitió juicios de amparo contra el decreto presidencial que prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos en el país; y la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, quien resolvió diversos amparos con respecto al caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, relacionado con sobornos.
Otra plaza que participará en la elección de 2025 es la que ocupa el juez Juan Pablo Cortés Torres, quien otorgó una suspensión a Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino”, líder de Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en la demanda de amparo que tramitó por presunta tortura psicológica, coacción verbal y amenazas a él y a sus familiares.
El Juzgado al que pertenece el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda también fue de los sorteados el pasado sábado 12 de octubre para las elecciones de 2025. Este juez admitió a trámite el juicio de amparo que promovió el empresario José Kamel Nacif Borge contra la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), tras una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Mismo caso de la juzgadora Ruby Celia Castellanos Barradas, quien concedió a René Gavira Segreste, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una suspensión definitiva que frenaba la apertura de juicio oral en el proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad como uno de los arquitectos del desfalco en la paraestatal en sus primeros años de operación.
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