Aprueban en lo general reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

La iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal que reforma la Ley de la Industria Eléctrica para priorizar el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue aprobada en lo general este martes por el pleno de la Cámara de Diputados con respaldo de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, con 304 votos a favor.

En contra se registraron 179 votos del PRI, PAN, PRD y MC y del Partido Verde. Éste último, aliado de Morena en la presente legislatura, adujo que la propuesta va en contra del fomento de las energías limpias. Además, se registraron cuatro abstenciones.

Aunque el dictamen se avaló en lo general, sólo fue aprobado el “encabezado” de dicho documento, el nombre de la Comisión, el apartado de firmas de los integrantes, así como el lugar y fecha, explicó la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, ya que las 412 reservas a los artículos presentadas abarcan todos los artículos de la ley, e incluso las consideraciones presentadas por la Comisión legislativa, algo inédito en un proceso parlamentario.

Debido a la gran cantidad de reservas, la votación en lo particular podría extenderse hasta la madrugada.

En una asistencia histórica en la Cámara de Diputados, en la sesión del Pleno estaban presentes -de manera presencial y en la modalidad a distancia por medio de la plataforma Zoom- 495 legisladores, faltando sólo tres diputados para un quórum total. Tal asistencia es la mayor que se haya registrado en el debate de cualquier otra norma o reforma constitucional. No obstante, al momento de la votación sólo participaron 486 diputados.

Al momento en que el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González (Morena), subió a tribuna para presentar el dictamen, más de 50 morenistas y petistas lo acompañaron con pancartas en apoyo a la propuesta.

“Los cambios propuestos al marco normativo de ninguna manera implican la concesión de un trato preferencial a la CFE en detrimento de los competidores privados del mercado eléctrico mayorista, que en 2020 tuvieron una participación del 60.6 por ciento y así continuará”, explicó.

Por tanto, agregó, “es falso que tenga la intención de impedir la libre competencia. El fondo de la iniciativa es recuperar la función rectora y de planeación del Estado en un área estratégica como la eléctrica, para garantizar la seguridad energética y la seguridad nacional”.

La manifestación en torno al legislador de Morena fue cuestionada por Enrique Ochoa (PRI) y Fabiola Raquel Loya (MC), quienes argumentaron que, al tratarse de una postura institucional de la Comisión de Energía, no era aceptable la participación de diputados de Morena con posturas de partido.

La presidenta de la Mesa Directiva, la priísta Dulce María Sauri, aclaró que “aunque no es lo deseable”, los morenistas en la tribuna estaban en su derecho de expresarse, y la movilización de Morena fue desactivada por su coordinador, Ignacio Mier: “nos asiste la razón jurídica, política y moral”. Sus compañeros de bancada atendieron el mensaje y bajaron mantas y pancartas de la tribuna.

Al retomar la explicación de la propuesta, Rodríguez detalló que ésta plantea la necesidad de acabar con el “círculo vicioso de inequidad” que le puso la reforma energética a la CFE, al obligarla a competir en el mercado en condiciones de desigualdad. También, generó un régimen de autoabasto que derivó en un mercado paralelo y disfrazado.

Por ello, dijo, se plantea sustituir el actual sistema de despacho económico por uno basado en un contrato de entrega física de energía y capacidad de las centrales eléctricas que operará de manera mancomunada con el actual contrato legado de la CFE.

Defienden propuesta por rescatar a la CFE; oposición alude incremento de precios.

En su defensa del dictamen, la diputada de Morena Dolores Padierna expuso que la propuesta busca corregir las dificultades que enfrenta la CFE por el diseño regulatorio aprobado el sexenio pasado.

Con dicha normatividad, “la nación no ganó, siendo puros negocios lucrativos para un puñado de empresas consentidas de los políticos corruptos”.

Ante los cuestionamientos de la oposición quienes argumentaron que la modificación provocará mayor contaminación, Padierna dijo que el dictamen cambia las reglas de despacho de electricidad para priorizar la red pública, “iniciando por la hidroeléctricas que son energía limpia”, seguida de otras centrales de la CFE con costos unitarios menores.

Los parques solares y eólicos de empresas privadas “entran en cuarto lugar porque son las más caras de todas, no quiere decir que sean baratas, están subsidiadas”. A la vez, llamó a que se otorgue el reconocimiento de energías limpias no sólo a empresas privadas, sino también a las públicas.

Tanto el PRI como el PAN se pronunciaron en contra de la propuesta.

El diputado del tricolor, y ex director de la CFE en el sexenio pasado, Enrique Ochoa Reza, afirmó que esta empresa del Estado “goza de cabal salud gracias a la apertura energética”.

Acompañado de priistas que portaron pancartas, cuestionó que “ningún sistema eléctrico en el mundo pone por delante el uso de combustóleo y diésel”. El resultado, dijo, será una generación de electricidad más cara y más contaminante.

Aseveró que el dictamen no incorpora los argumentos de la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Federal de Competencia Económica, por lo que presentó un voto particular que incorpora dichos argumentos, y criticó a la bancada mayoritaria por reducir en 12 por ciento el presupuesto a la CFE para el presente año.

El panista Hernán Salinas Wolberg, apuntó que se erosiona el estado constitucional con la iniciativa porque “además de ser dañina para la economía y al medio ambiente, es inconstitucional y caerá ante la Suprema Corte de Justicia”.

“Que se callen los que defraudaron al país, en lo personal y como partido”, reviró más tarde Pablo Gómez (Morena) y expresó que quienes acusan son los autores de los gasolinazos autorizados en el gobierno anterior.

Calificó a la política impuesta en los gobiernos pasados de “descabellada, irresponsable, neoliberal, contraria a los intereses nacionales”.

La única crítica que tiene a la iniciativa presidencial, dijo, “es que se tardó un poco. Nos hubiera gustado poderla aprobar hace más de un año”. El gobierno tomó una actitud de cautela para buscar otras alternativas pero que fue infructuosa, por lo que “es indispensable” la aprobación de la ley.

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