Aprueban reforma para pueblos indígenas y afromexicanos
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma al artículo segundo constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, en la que se les reconoce como sujetos de derecho público, lo que les permitirá recibir y ejecutar recursos presupuestales, además de ser consultados en caso de proyectos que puedan afectar su territorio y modo de vida.
Aunque se trataba de un tema en el que no había diferencias de fondo entre los grupos parlamentarios en San Lázaro, el debate se extendió nueve horas, por la intención de legisladores de todas las bancadas de ir a la tribuna a presentar sus posturas. Poco después de las 8:30 de la noche, la reforma fue aprobada en lo particular por 483 votos a favor.
Desde los posicionamientos de todos los partidos y en los discursos de los más de 60 oradores en tribuna, se encomió que uno de los aspectos más importantes de la reforma es reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, y no sólo como sujetos de interés público.
De esta manera, las comunidades podrán recibir presupuesto público, ejercerlo y cumplir con las obligaciones correlativas, se precisa en las modificaciones.
Otro aspecto relevante de la reforma, destacaron los legisladores, es que contempla instituir el derecho de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para proteger los derechos, bienes y valores de las comunidades originarias cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno.
Aunque se trataba de una iniciativa en la que no había diferencias de fondo entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y al final se aprobó casi por unanimidad, con 483 votos a favor, el debate se extendió ayer por nueve horas.
De igual forma celebraron que con la modificación constitucional se le debe brindar asistencia jurisdiccional idónea a las personas indígenas que lo requieran, a través de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados.
La diputada Vanessa López Carrillo (PT) destacó que la iniciativa es una oportunidad de resarcir la deuda histórica con los pueblos originarios de México, pues significa un rompimiento con las políticas homogeneizadoras del neoliberalismo, lo cual es un paso crucial en el proceso de reconciliación entre todos los grupos que integran la sociedad nacional.
Pese a haberse aprobado por unanimidad, hubo también algunos señalamientos críticos a la reforma por parte de diputados de oposición, quienes consideraron que el proyecto es insuficiente para atender los graves problemas que aquejan a los pueblos indígenas y llamaron a vigilar que en el presupuesto de egresos del próximo año se garantizarán fondos para ello.
Con la reforma aprobada, finalmente se reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como “sujetos de derecho público”. En la parte inferior derecha se aprecia muy contenta la representante de Quintana Roo, la diputada Mildred Ávila.
Consultado sobre el tema, Jaime Martínez Veloz, presidente del Centro de Estudios Heberto Castillo, con sede en Tijuana, consideró que la reforma es superficial, pues no atiende la iniciativa que el pueblo yaqui entregó en Vicam, Sonora, al presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de septiembre de 2021, ni tampoco la iniciativa que presentó la Comisión de Concordia y Pacificación en 1996, que Ernesto Zedillo no quiso atender.
Ahí está el comparativo de la iniciativa yaqui, que reformaba al menos 10 artículos de la Constitución Mexicana, y la propuesta que votó la Cámara de Diputados, que se limita al artículo segundo. La mejor prueba de que no atiende a los pueblos originarios es que en la reforma al Poder Judicial de la Federación no cubre al pluralismo jurídico ni prevé mecanismos de participación de las comunidades para que sus integrantes sean elegidos ministros, magistrados o jueces, alertó.
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