Un cargamento de aproximadamente 120 kilogramos de pastillas de fentanilo fue asegurado durante un cateo realizado en un inmueble de Mexicali, Baja California, como parte de una investigación en la que participaron autoridades federales y estatales, con intercambio de información con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
El operativo comenzó a partir del seguimiento de distintas líneas relacionadas con actividades de un grupo delictivo; mediante labores de inteligencia y el intercambio de información con la DEA, las autoridades mexicanas identificaron un domicilio que presuntamente era utilizado por integrantes de esa organización en la frontera norte.
Posteriormente, se establecieron vigilancias fijas y móviles en los alrededores del inmueble, los datos obtenidos durante esas labores fueron presentados ante un juez de Control, quien libró una orden de cateo.
Durante la incursión judicial fueron localizados los 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, que las autoridades estimaron equivalentes a más de cuatro millones de dosis, también se aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, un vehículo y una cuatrimoto.
La droga, el arma y los demás objetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien deberá integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias para establecer su procedencia y determinar las responsabilidades que correspondan. Una vez concluido el cateo, el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.
Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el operativo. La investigación continuará para determinar quiénes utilizaban el inmueble y si existe una relación comprobable con el grupo delictivo mencionado en la indagatoria.
El aseguramiento forma parte de los trabajos de coordinación entre instituciones mexicanas y del intercambio de información con autoridades estadounidenses para combatir el tráfico de drogas.
En el operativo intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades de Baja California.
