Ciudad de México.–Las finanzas públicas federales no están en bancarrota, como planteó el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero la dificultad de algunos municipios para ofrecer servicios básicos a sus habitantes por los altos adeudos o las nóminas impagables refleja que, a nivel local, la situación financiera heredada por priistas y panistas es crítica, advirtieron alcaldes entrantes, quienes asumieron cargos en municipios quebrados.
En Guadalupe, Zacatecas, el primer día recolectan basura en patrullas.
Una patrulla municipal de Guadalupe, Zacatecas, fungió el domingo como camión de basura para el Alcalde Julio César Chávez Padilla y su equipo, quienes recogieron con campana y guantes las bolsas o cajas con deshechos de las colonias. También usaron otros vehículos y contaron con el apoyo de los vecinos. Además de la falta del servicio de recolección, los camiones de basura no funcionan, y falta iluminación en algunas calles.
Aunque las finanzas públicas a nivel nacional no están en bancarrota, algunos de los 2 mil 458 municipios como Guadalupe, Hermosillo, Acapulco, San Andrés Tuxtla en Veracruz e incluso el estado de Michoacán, no tienen los recursos suficientes para cubrir sus gastos básicos considerando sus ingresos, nivel de deuda y la tasa de interés heredadas, alertaron los nuevos presidentes municipales. Esta situación financiera, sobre todo en el centro y sur del país, los limita de inversión o programas sociales, dijeron analistas.
El Alcalde de Guadalupe, emanado de Morena, pidió a las autoridades estatales y federales que los rescaten. “Esta situación se debe a que dejaron en bancarrota el municipio de Guadalupe, que no se ha podido pagar la nómina de los trabajadores [unos 450 del Servicio de Limpia que están en paro técnico desde el sábado]”, explicó en un video. “Guadalupe también es México”.
Programa de bacheo se atraso por falta de dinero.
La pasada gestión fue del priista Enrique Guadalupe Flores Mendoza, quien les heredó una deuda de más de 800 millones de pesos frente a un presupuesto anual de 450 millones de pesos, detalló en entrevista telefónica.
Aunque reciben del fondo de participaciones federales 14.5 millones de pesos mensuales, les restan 8.3 millones por cuotas y recursos para deuda. Eso, junto con el aumento de nómina gubernamental, los tiene con un déficit de 203 millones de pesos para concluir el año. Ante ello, personalmente recorrió en carro más de 7 horas rumbo a la Ciudad de México para pedirle a la Comisión de Presupuesto del Congreso 200 millones de pesos del ramo 23 para estabilizar al municipio, así como castigo al responsable.
“Recibimos un municipio en ceros. Por supuesto que está en bancarrota”, aseguró el Alcalde Julio César Chávez. “Técnicamente estamos en la quiebra y necesitamos un rescate financiero. Se actuó de manera irresponsable”.
Hace unos días, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador declaró que recibirá un país en “bancarrota”. La iniciativa privada y especialistas respondieron que el concepto no es exacto, ya que la nación no tiene compromisos financieros pendientes y los ingresos públicos federales han aumentado. Pero desde las localidades es diferente.
La empresa estadounidense Chevron colocó en 2017 su primera gasolinera en Sonora, donde venden el litro de gasolina hasta en un 60 por ciento más cara que en el vecino estado fronterizo de Arizona.
Para el Alcalde de Morena en Guadalupe, el caos fue una “mala intención y perversidad de haber dejado a propósito lo peor posibles la administración”. Dijo que “es triste ver que Javier Duarte se replica por todos los municipios del país. Y qué triste ver que no se haga justicia con ese tipo de personajes”.
Enrique Flores, el ex Presidente Municipal priista, tiene una casa de 45 millones de pesos en la mejor zona de Guadalupe. “Ningún habitante de Guadalupe sueña con tener una vivienda así”, acusó su sucesor.
Aunque ahora sospechan de dónde la obtuvo y buscan una denuncia penal, “si va a pasar lo que pasó con Javier Duarte, que le dan una palmadita, unos añitos y multita, y que no regrese el dinero, pues será muy lamentable”, opinó.
Al llegar al gobierno municipal, el Alcalde y su equipo se encontraron con gastos injustificables en época de campaña relacionados con gasolina o entregas de calentadores, y también detectaron el incremento de nómina –hasta de 36 por ciento– en los últimos meses que la ley local no permite, contó.
“Esto asfixió al municipio además de gastos injustificados. Se supone que debíamos encontrar en caja 83 millones de pesos. Estaban en las cuentas, pero ya comprometidos”, dijo Chávez Padilla.
Tras este aumento de nómina, a los trabajadores de la administración pública deben pagarles más de 11 millones de pesos por quincena, más aguinaldo, prima vacacional y prestaciones, esto es, 103 millones de pesos solo de compromiso por nóminas para los tres próximos meses de cierre de año, una cuarta parte del presupuesto total. Los empleados del Servicio de Limpia que levantaron un paro ya recibieron su transferencia el lunes por parte de la Secretaría de Finanzas.
Pero la fila de deudas es mayor. Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el Gobierno de Guadalupe le debe más de 60 millones de pesos; a Hacienda –de Impuesto Sobre la Renta– más de 40 millones de pesos; a la Universidad Autónoma de Zacatecas más de 4 millones de pesos; y de gasolina más de 25 millones de pesos.
El fenómeno se repite en otras regiones de México. Al norte, a inicios de agosto la Alcaldesa Célida López Cárdenas advirtió que Hermosillo, Sonora, enfrenta una deuda de mil 800 millones de pesos, y además se les debe 500 millones a proveedores, por lo que “es complejo el ejercicio fiscal 2018”. Hay un déficit de 800 millones de pesos.
La política de Morena tomó protesta el 16 de septiembre. Los primeros días no pudieron abastecer de gasolina a sus patrullas pese al fenómeno de inseguridad, y se atrasó el arreglo de calles por baches.
“Es una administración [del panista Manuel Acosta Gutiérrez] que nos entrega una ciudad en bancarrota y tiene el futuro comprometido por muchísimas generaciones”, declaró a la prensa local. “Sabemos que en los últimos días ni para la gasolina de las patrullas se tiene. Se ha tenido que pedir vales de gasolina; ya muchas gasolineras ya no están surtiendo el servicio”, aseveró hace un mes cuando aún era Edil electa.
El día de su toma de protesta, anunció que eliminarán direcciones y desaparecerán muchas funciones que tiene el Ayuntamiento que “lamentablemente no se pueden financiar […]. Necesitamos entender que esta situación económica nos obliga a volver a lo básico, a lo que realmente no podemos evadir que es seguridad y servicios públicos”.
Este octubre, dijo que para iniciar un programa de bacheo se requiere una cantidad importante de material asfáltico para fabricar la emulsión. “Sabemos de la urgencia. Sin embargo tenemos apenas quince días y primero había que atender lo urgente que era gasolina para las patrullas”.
El lunes arrancó. Para el mantenimiento de las principales vialidades de la ciudad se invertirán 75 mil pesos diarios.”No es fácil encontrar empresas que te puedan proporcionar el material cuando no se tiene la capacidad de pago para hacer el compromiso para este año debido a que, lamentablemente, es complejo el ejercicio fiscal 2018”, expresó. Han solicitado a Petróleos Mexicanos (Pemex) donaciones de material asfáltico.
En sus redes sociales la Alcaldesa también ha alertado sobre la inseguridad en Hermosillo, y el consumo de cristal de los adolescentes. “El índice de adolescentes que hoy están consumiendo ‘cristal’ es impresionante, y desgraciadamente el deterioro neurológico que se vive es irreversible”, aseveró.
Basura en una de las playas de Acapulco.
El sureño Acapulco, Guerrero, “se encuentra en un estado de emergencia, tal vez como nunca antes”, aseguró el lunes en su toma de protesta la Alcaldesa Adela Román Ocampo de Morena. Además de los índices de violencia, señaló “el dispendio y la suntuosidad” como los vicios que han “afectado gravemente” a la administración pública.
Durante el debate en el periodo electoral, los candidatos a la Alcaldía, incluyendo Román Ocampo, coincidieron en que Acapulco “está en quiebra” por los altos adeudos a proveedores como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que es necesaria tanto una fuerte inversión por parte del gobierno federal como un recorte a la nómina del gobierno municipal donde hay más administrativos que operativos.
En Acapulco, dijeron, los servicios públicos son deficientes, principalmente la recolección de basura, alumbrado y agua potable.
En Veracruz, el saqueo de su ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa se refleja también a nivel municipal. Octavio Pérez Garay, Edil de San Andrés Tuxtla desde enero, tuvo que realizar ajustes salariales y despedir personal, así como lanzar un Programa Temporal de Emergencia Administrativa.
Encontraron un déficit de 1.8 millones de pesos, 40 aviadores y adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el Instituto de Pensiones del Estado. Además, de nómina debían pagar 2 millones de pesos frente a los 2 millones 200 mil pesos de participaciones federales, de las cuales tenían embargado el 66 por ciento por esas deudas.
“Estamos realmente quebrados”, dijo a inicios de año.
Además, su antecesor priista, Manuel Rosendo Pelayo, le dejó un contrato millonario de alumbrado firmado con una empresa fantasma, denunció “Tavo” ante la Fiscalía.
Viridiana Ríos, analista económica de la Confederación Patronal de la República (Coparmex), expuso en una entrevista televisiva que México a nivel federal no está en bancarrota. Durante el último sexenio, la recaudación tributaria aumentó en un 80 por ciento, y los ingresos –en términos reales ajustados por inflación– subieron un 15 por ciento, a pesar de que la producción petrolera se cayó prácticamente a la mitad, argumentó.
“Bancarrota es un término muy claro. Es no tienes dinero para cubrir tus operaciones más básicas. Esto no quiere decir que esto no se repita a nivel municipal, que exista un problema para saldar operaciones básicas a nivel municipal o incluso en algunos estados”, aseguró.
Kristóbal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo en entrevista con este diario que con la actual Ley de Coordinación Fiscal los municipios tienen “ingresos escasos” comparados con los estatales, por lo que los bancos emiten los créditos conforme a su capacidad de pago. Aunque se endeudan para cubrir inversiones o servicios públicos, “no es un caso alarmante que vaya a ser una quiebra municipal, aunque la tasa de interés [para el pago de deuda] que tienen los municipios es mucho mayor que la que tienen los estados”.
“Es ideal que tengan mayor recaudación local para que tengan una menor dependencia de los recursos federales. Pueden hacer un mayor número de obras. El problema principal que hay en la recaudación local depende del poder adquisitivo de cada uno de los estados y municipios como los de Chiapas y Oaxaca para pagar impuestos”, añadió.
A nivel estatal, la analista Viridiana Ríos, ex directora de México, ¿Cómo vamos?, ejemplificó que en Michoacán no pueden pagar la nómina de los maestros por lo que deben tomar recursos etiquetados para otros rubros.
En marzo, el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Cornejo anunció que el presupuesto estatal que era para la operatividad del Seguro Popular se desvió al pago de nómina de maestros. Y, agregó, no fue la primera vez. El perredista documentó que el déficit financiero en materia educativa alcanza los 7 mil millones de pesos anual.
Antonio Chemor Ruiz, comisionado de protección social en salud, reconoció que Michoacán era uno de los estados que más les preocupaba entre 2013 y 2014, tras la gestión de Fausto Vallejo. “Había deudas sin comprobar y sin saldar que tuvimos que hacer frente con denuncias”, contó de acuerdo con un reporte del diario Mi Morelia.
En el caso de las deudas estatales, la analista Viridiana Ríos dijo que en Coahuila deben pagar dos veces el ingreso que tienen a libre disposición y en Sonora su endeudamiento representa el 100 por ciento de su libre disposición. Al cierre de 2017, Sonora debía el 5.2 por ciento de su PIB y Coahuila el 5.6 por ciento de su PIB.
Kristóbal Meléndez, investigador del CIEP, explicó en su estudio “Presupuesto de los estados por región 2018” que en este año la distribución de recursos no será homogénea entre los estados, ya que el incremento de tasas de interés hasta de 8 por ciento hará más pesado el pago de servicio de deuda y porque el aumento de la inflación, principalmente de algunos insumos energéticos, hará que el presupuesto asignado pierda valor.
En entrevista, contrastó con la percepción de los alcaldes al asegurar que no hay municipios ni estados en bancarrota, pero algunos tienen un nivel de endeudamiento importante y también problemas de liquidez de corto plazo mientras llegan las participaciones federales, lo cual puede agravarse si enfrentan fenómenos naturales como huracanes o sismos.
“Traen una tendencia a mantener el nivel de deuda. El problema es que la tasa de interés –parte del costo de la deuda– ha ido creciendo de forma importante. Esto deja menores recursos para programas”, dijo Meléndez. “Su situación es relativamente estable, no están en una situación de bancarrota en ninguno”.
Recordó que con la Ley de Disciplina Financiera los gobiernos están obligados a hacer presupuestos sostenibles, esto es, que el gasto se respalde con ingresos. Pero viene el cambio de gobierno, por lo que habrá que ver cómo quedarán los presupuestos en 2019.
Quintana Roo, entre los más endeudados per cápita.
En 2018, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Chiapas y Puebla tienen bajo nivel de participaciones (inferior a 5 mil 700 pesos per cápita), PIB (inferior a 121 mil pesos por habitante) e ingresos locales (inferior a 1 mil 280 pesos por persona), documentó Meléndez basado en cifras de la Secretaría de Hacienda.
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo son los estados que tenían un endeudamiento per cápita superior a 11 mil 690 pesos. Respecto a la tasa de interés, Nayarit, Colima, Veracruz, Quintana Roo, Coahuila y Tamaulipas pagaban una superior al 8.6 por ciento por sus créditos hasta septiembre de 2017.
Durante la conversación telefónica, Meléndez agregó que Nuevo León financiaba su déficit (más gastos que ingresos) con más deuda antes de la Ley de Disciplina, por lo que realizaron ajustes severos.
“Cada una de las tres regiones tiene una realidad distinta”, planteó en el informe.
“La región centro es la más favorecida con el reparto de recursos de la federación. Tiene mayores niveles de participaciones y menores niveles de aportaciones. La región norte tiene ingresos intermedios de participaciones y aportaciones. Además, tiene los menores niveles de inversión pública y de recursos para sus municipios. La región sur es la más rezagada en la obtención de recursos. Salvo los estados petroleros de Campeche y Tabasco, en la región hay menores niveles de participaciones y dependen más de aportaciones”.
Los estados petroleros como Campeche, Tabasco y Veracruz tendrán una recuperación importante en participaciones este año debido a una mejora en su PIB por ingresos petroleros.
“Una de las políticas del gobierno que sale era estimular algunas obras de inversión pública enfocadas en la exportación por lo que se dio prioridad a proyectos de manufactura como carreteros, principalmente en el norte y centro. En el sur no”, explicó en entrevista. También la región fue blanco de los recortes al presupuesto público durante mediados de sexenio, evocó.
No obstante, prevé que la tendencia se revierta porque el próximo gobierno federal tiene programas de inversión enfocados en el sur, como el Tren Maya.
De la zona norte, Meléndez destacó que Chihuahua, Coahuila y Sonora tendrán un gasto por inversión pública inferior a 503 pesos por habitante.
Sobre el centro, dijo que tiene mayores ingresos por el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, los incentivos a comprar auto nuevo, por el ISR a personal de entidades. Además, tiene la mayor distribución del gasto público por transferencias, servicios personales y servicios generales. Sin embargo, la región tiene los menores ingresos por aportaciones.
Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México son las entidades con mayores niveles de pobreza extrema en la región (al menos 6.4 por ciento) y con ingresos promedio de sus habitantes inferiores a 3 mil 443 pesos. Además, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí tendrán una inversión pública per cápita inferior a 380 pesos en 2018.
La región sur, en comparación con otras zonas, tiene mayores ingresos por el Fondo de Compensación, fondos petroleros, aportaciones y por inversión pública. No obstante, observó el investigador del CIEP, es la que menos recibe por el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización, incentivos a gasolinas, incentivos para autos nuevos, IEPS, otros incentivos, transferencias, servicios personales y servicios generales.
Del IEPS que se distribuye a los estados más pobres a través del Fondo de Compensación disminuirá en la región en 14.1 por ciento en 2018. Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen los mayores niveles de pobreza extrema (más del 24 por ciento de su población). Los habitantes de estos estados junto con los de Veracruz, Puebla y Tlaxcala tienen un ingreso promedio inferior de 2 mil 900 pesos. Puebla es el estado que menos recursos recibirá para inversión pública ($92 pesos), y Tlaxcala será el que menos reciba por servicios personales (mil 515 pesos) y servicios generales (288 pesos).
“Las Zonas Económicas Especiales están en la zona sur para tratar de estimular un crecimiento, pero aún no han tenido un impulso tan importante como se esperaba”, dijo el investigador del CIEP.
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