La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, para prohibir la venta de “bebidas energéticas” a menores de edad, debido a los riesgos de salud que implica su consumo, sobre todo cuando se mezclan con alcohol.
Con modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios del PRI y el PAN, el proyecto presentado por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, fue avalado con 20 votos a favor, por lo que será enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro para la continuación de su trámite legislativo.
La iniciativa alerta que en los años recientes ha crecido entre los niños y adolescentes en México el consumo de “bebidas energéticas”, que son aquellas con altas concentraciones de cafeína, taurina, glucuronolactona, guaraná, ginseng y azúcares añadidos, “ingredientes que, combinados, producen un efecto estimulante intenso sobre el sistema nervioso y cardiovascular”.
Según el documento, aunque dichos productos son comercializados como inocuos e incluso benéficos, diversos estudios nacionales e internacionales han documentado que su consumo en menores de 18 años “está asociado a trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, déficit de atención, alteraciones en la memoria y deterioro en el aprendizaje, así como también infartos al corazón y palpitaciones”.
En el plano físico, agrega, “se relacionan con hipertensión, arritmias, deshidratación, convulsiones, riesgo de accidentes cerebrovasculares e incluso muerte súbita, por lo que el objetivo del proyecto es prevenir dichas complicaciones cardiovasculares, neurológicas, metabólicas y psicológicas, y reducir la exposición de los jóvenes a productos que pueden desencadenar problemas de adicción y deteriorar su calidad de vida”.
El dictamen resalta que los niños y adolescentes constituyen una población especialmente vulnerable a los efectos de estas bebidas, dado que su organismo aún está en desarrollo y metaboliza de manera distinta la cafeína y otros estimulantes, además de que la mercadotecnia que vincula estos productos a la resistencia física y la energía “ilimitada” está especialmente dirigida a este sector de la población.
Dado que en la actualidad las “bebidas energéticas” son de fácil compra en tiendas, plataformas digitales e incluso en las escuelas, la iniciativa establece la prohibición de su venta a menores de 18 años, y propone una multa de hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 226 mil 280 pesos, a quien viole esta disposición.
“Resistan la presión de cabilderos”: Morena
Al presentar el texto del proyecto ante la Comisión de Salud, Monreal afirmó que “hay muchas presiones (a los diputados), porque los cabilderos normalmente actúan en razón de sus intereses”, que son evitar pérdidas económicas para las empresas refresqueras que ellos representan.
Luego de señalar que no tenía inconveniente en incorporar a su iniciativa la propuesta del diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, de presentar estudios sobre la composición exacta de las “bebidas energéticas” y otros aspectos técnicos, llamó a los integrantes de la comisión a no ceder a los cabilderos que les pedirán votar en contra.
“Lo que sí les pido es que se resistan a las presiones. Hay que sacarlo, de verdad. Resístanse, no vale la pena ni un viaje ni nada, hay que luchar por nuestros niños y nuestros jóvenes”, enfatizó.
“La prohibición de bebidas energizantes lo van a agradecer los padres de familia, porque normalmente no se tiene el control sobre sus hijos cuando salen de la escuela o cuando acuden a eventos en la compra de estos artículos, estas bebidas que, repito, está demostrado el daño que les causa”, aseguró.
En la misma sesión se aprobó por 27 votos en favor una iniciativa de la legisladora emecista Amancay González Franco para que la prevención sea parte del derecho a la salud, y no únicamente las medidas curativas cuando se presenta una enfermedad.
Al defender su proyecto, la diputada señaló que en la actualidad se destinan más de 107 mil millones de pesos a la atención de diversas enfermedades, y sólo 11 mil millones a labores preventivas de las mismas, por lo que es necesario fortalecer estas últimas acciones.
Este dictamen también fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara.
