Con 260 votos a favor y 160 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la extinción de 13 de 14 fideicomisos.
Morena introdujo un nuevo transitorio para que los remanentes se destinen “a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo”.
Asimismo, para obligar al Poder Judicial a publicar un informe desagregado y pormenorizado de los fondos devueltos. La minuta pasa al Senado.
El quinto transitorio agregado a la reforma, a propuesta del coordinador de Morena, Ignacio Mier, establece que en ese informe, se deberá indicar “los montos enterados a la Tesorería de la Federación” en observancia a los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, máxima publicidad y conexos previstos en la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“El Poder Judicial, a través de sus órganos competentes, contará con un plazo máximo de siete días hábiles para publicar el informe, contados a partir del día siguiente a que se realice el entero correspondiente a la Tesorería de la Federación”.
La propuesta de Mier fue la única de 69 reservas que se presentaron.
En esos 13 fideicomisos existe, a junio, una disponibilidad de 15 mil 280 millones de pesos, pero no todos los fondos podrían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, como busca la modificación.
Al explicar la reforma, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo (Morena), explicó que cuando entre en vigor la modificación, los recursos disponibles primero deberán ser aplicados para cumplir todas las obligaciones contractuales, salvaguardando los derechos que correspondan.
“Únicamente los remanentes serán reintegrados a las tesorerías de los órganos del Poder Judicial y posteriormente a la Tesorería de la Federación.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, el Consejo de la Judicatura, la Corte y el Tribunal Electoral deberán realizar una cuidadosa revisión de sus obligaciones derivadas de estos instrumentos financieros y garantizar su cumplimiento, abundó el legislador.
En las posturas, los bloques de la mayoría y de la oposición presentaron su visión de la reforma.
Mientras Morena y sus aliados defendieron que se trata de suprimir los privilegios de los ministros de la Corte, los magistrados electorales y los consejeros de la Judicatura, PRI, PAN, PRD y MC señalaron que no solo se trata de una intromisión a la autonomía del Poder Judicial, sino de un daño a los trabajadores.
Poco antes de las diez de la noche, el dictamen se aprobó el dictamen en lo general con 259 votos en favor y 205 en contra. En el tablero apareció el voto en abstención de Javier López Cazarín (PVEM), simpatizante de Marcelo Ebrard.
Tras la votación en lo general, se abrió la discusión en lo particular de 69 reservas, a cargo de 28 oradores.
El PRIANRD y MC votan en contra
Las y los legisladores de oposición, sobre todo de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), afirmaron que el recorte a los fideicomisos no es una acción de austeridad, sino de venganza.
“Esto es un atraco, un atraco a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles, son derechos que se están protegidos en la Constitución”, expuso Margarita Zavala, diputada del PAN.
Por su parte, Francisco Yunes Zorrillo, legislador priista, consideró que el dictamen “quiebra la normalidad constitucional, atenta contra el principio de división de poderes, atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación”.
En sentido contrario, Erasmo González Robledo, de Morena, señaló que el objetivo de la iniciativa es contribuir a la austeridad de los recursos públicos de México. Mientras que Ignacio Mier Velasco, Coordinador del Grupo Parlamentario del partido guinda, señaló a la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández de utilizar a los trabajadores del PJF como “escudo humano” para defender los privilegios de las y los ministros.
“Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano”, acusó.
También te puede interesar: