Con el voto de todas las fuerzas políticas, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló los dictámenes para garantizar en la Constitución una pensión universal por vejez y el complemento que garantice a jubilados un ingreso equivalente a su último salario; fijar un salario profesional a médicos, enfermeras, maestros y militares, así como el programa de arrendamiento de vivienda propuesto por Claudia Sheinbaum.
Anoche, la comisión aprobó un primer paquete de cuatro de las 18 iniciativas presidenciales de reforma a la Constitución. En materia de retiro, votó por otorgar una pensión por vejez, así como dar rango constitucional al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que las pensiones de los trabajadores que cotizan bajo el régimen de ahorro individual desde 1997 sean de al menos 16 mil 777.68 pesos al mes.
Morena defendió que el pago complementario a pensiones deja atrás la concepción neoliberal de que las pensiones son un producto financiero.
PAN y PRD alertaron que el pago complementario al fondo incluye trampas, pues prevé fuentes no recurrentes de financiamiento, e incluso presupuesto por la desaparición de los órganos autónomos, reforma que todavía no se aprueba.
A propuesta de Morena, dichas fuentes se eliminaron de los artículos transitorios, pero sólo porque ya se prevén desde la reforma legal de abril que constituyó el fondo y que entró en vigor en junio.
El Diputado @fernandeznorona exhibe que los coordinadores de la oposición no cumplen los acuerdos y que la derecha no se entera que el pueblo de México respalda de manera contundente a nuestro Movimiento, tan es así que le dió una absoluta mayoría para sacar las reformas… pic.twitter.com/ItvEBuh8lf
— Libres Justos y Dignos #TeamNoroña (@LJyDMX) August 2, 2024
Entre otras, se consideran recursos de extinción de los órganos autónomos y de los fideicomisos del Poder Judicial –aún en litigio–, o eventuales utilidades de las operaciones de Mexicana, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya.
¿Cuáles utilidades? Esas empresas están subsidiadas, ironizó el panista Héctor Saúl Téllez.
También por unanimidad, la comisión aprobó definir en la Constitución un salario mínimo profesional para maestros de educación básica –pero sólo a los de tiempo completo–, policías, guardias nacionales, militares y marinos, así como personal médico y de enfermería.
Dicho salario será también de 16 mil 777.68 pesos, con un aumento anual respecto de la inflación observada.
En el intercambio de posturas, las diputadas Laura Haro (PRI) e Irma Juan Carlos (Morena) se enredaron en una agria discusión, que esta última zanjó con una frase que causó hilaridad: ¡Voy al sanitario a hacer algo más útil!
Al cierre de esta edición, la comisión aprobó también lo referente al programa de arrendamiento social de vivienda para jóvenes y definir un sistema de vivienda social que permita obtener un crédito después de un año de aportar al Infonavit.
Informa Alcalde aprobación de cuatro de las reformas
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que ayer 1 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, las primeras cuatro reformas constitucionales de las 20 que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero.
Durante la Reunión del Gabinete de Seguridad de este 02 de julio, la titular de Gobernación dio a conocer que las primeras cuatro reformas aprobadas con 38 votos a favor y ninguno en contra, son la reforma en materia de pensiones, vivienda, salarios y la de la incorporación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a la Constitucional.
Aunado a esto, Alcalde adelantó que las comisiones tienen programada la discusión de las reformas que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, agua, protección del medio ambiente, protección a la salud, bienestar y protección animal para el 9 de agosto. El 13 de agosto están programas las discusiones en torno a las reformas a la prisión preventiva oficiosa; para el 14 de agosto las referentes a la industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado; el 15 de agosto la reforma referente a la Guardia Nacional y, finalmente el 22 de agosto la reforma al Poder Judicial.
Cabe aclarar que estas discusiones se realizan por la Comisión de puntos Constitucionales de la actual legislatura, sin embargo, se prevé que será aprobada por la próxima legislatura del pleno para posteriormente, pasar al Senado de la República.
El objetivo de las cuatro reformas aprobadas es:
Los líderes de la oposición no pudieron ocultar su frustración y encono contra la aprobación a las reformas. En la imagen el priísta Rubén Moreira (izquierda) y el morenista Juan Ramiro Robledo durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para analizar el primer paquete de iniciativas del presidente López Obrador.
Pensiones Justas
El primero de mayo, el presidente López Obrador publicó una reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar para revertir el deterioro de las pensiones provocadas por las reformas de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón de 2007. Para garantizar que esta reforma perdure, se eleva a nivel constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión por vejez que sea igual a su último salario promedio, hasta por un monto equivalente al salario promedio mensual registrado ante el IMSS.
La bancada de Morena durante las ponencias en la tribuna.
Jóvenes Construyendo el Futuro
Se establece que el derecho a la capacitación laboral para jóvenes de entre 18 a 29 años que no estudien ni trabajen, y a recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo hasta por 12 meses.
Salarios
Se establece que el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación. Además, se reconoce el derecho de las maestras y maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, así como policías, guardias nacionales, integrantes de las fuerzas Armadas, médicos y enfermeras apercibir un salario mensual que no podrá ser inferior al promedio registrado en el IMSS.
Vivienda Social
Se reconoce el derecho de los trabajadores a tener créditos baratos y suficientes para acceder a una vivienda adecuada a través de una renta social equivalente al 30% de su salario. Después de 10 años, el trabajador podrá comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido con las rentas pagadas. La reforma establece que el Infonavit podrá realizar la construcción directa de vivienda social.
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