La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que en el caso de Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, su defensa no ha aceptado la estrategia de la dependencia para conseguir su libertad tras ser detenido hace casi 16 años y seguir sin sentencia.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria recordó que Vallarta se encuentra privado de su libertad desde el 2005 por secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo y cartuchos, tras su aprehensión junto a la francesa Florence Cassez.
“El señor Vallarta, como ustedes saben, se encuentra privado de su libertad desde el año del 2005 por la presunta comisión de diversos delitos seguidos en dos causas penales distintas -esto es importante- ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México”, dijo la secretaria.
Sánchez Cordero comentó que se revisó el caso para emitir una sentencia y “en la atención brindada el caso ha sido revisado en coordinación con el señor Vallarta familiares y abogados, se le han propuesto alternativas que pudieran valer en el proceso judicial”.
“El señor Vallarta no ha aceptado las estrategias propuestas por la Segob, promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Si se le aplicara, es previsible muy probable que sea absuelto; sin embargo, continua una causa penal pendiente.
“La conclusión sería que el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de la estrategia planteadas por la Secretaría de Gobernación, consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto sería únicamente esta estrategia, lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que, si a esta estrategia se le aplicara el precedente Cassez, es previsible, muy, muy probable que sea absuelto en dicho asunto”, apuntó Sánchez Cordero.
“El 19 de junio la defensa presentó nuevas pruebas documentales, se podría alargar el proceso hasta que las pruebas sean analizadas, en relación a las pruebas presentadas”.
“Esto, en relación a la otra causa penal que tiene pendiente, porque, como decíamos, si se le aplicara el precedente Cassez, lo más probable es que en ese asunto, en esa causa penal, él saliera absuelto, o más bien podría obtener su libertad, porque la sentencia de Cassez no es absolutoria, sino la excarcelación de la francesa”, concluyó la secretaria.
Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, comentó que en el caso de Israel Vallarta existe una recomendación emitida en abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en donde se establecen violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra Vallarta durante detención.
“A nuestro juicio debe ser considerado por jueces y por lo tanto la tortura deben invalidar las pruebas posteriores a su detención”, dijo.
“Voy a complementar la información que ha dado a conocer la señora secretaria de Gobernación sobre estos tres casos en particular, el caso Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín, que tienen un componente similar y que da cuenta de la actuación que la autoridad judicial, la autoridad que tiene que procurar la justicia en nuestro país está llevando a cabo en muchos casos en nuestro país, estos son casos emblemáticos.
“El caso del señor Israel Vallarta, como aquí se ha señalado, ya tiene 16 años en reclusión sin sentencia, cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir ésta es de dos años, y que ha sido ya conocido por distintos medios de comunicación que han difundido su situación.
“Hay que señalar que existe una recomendación emitida el pasado mes de abril del presente año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual, a nuestro juicio debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico.
“Como lo ha dicho el señor presidente, se trata de erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente del Estado en cualquier orden de gobierno, y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad.
“Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sea puesto en libertad”, finalizó Encinas Rodríguez.
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