Brenda Quevedo, libre de arraigo domiciliario
Luego de casi 12 horas de audiencia ante el primer juzgado de distrito en materia penal en la Ciudad de México, el encargado de despacho Juan Alfredo Buendía ordenó el levantamiento de las medidas cautelares a Brenda Quevedo Cruz –acusada desde hace 20 años por Isabel Miranda de Wallace por el supuesto secuestro y asesinato de su hijo, pero aún sin sentencia– y determinó el fin del arraigo domiciliario y la remoción del brazalete electrónico que portó en el tobillo por más de un año.
La audiencia fue solicitada por la abogada Karla Salas para la revisión de las medidas cautelares que le fueron dictadas en junio de 2024: arraigo domiciliario, custodia permanente de la Guardia Nacional, brazalete electrónico, prohibición de salir de la zona conurbada o del país, así como no acercarse a la parte acusadora o a su lugar de trabajo.
La petición se presentó, según explicó la penalista, en vista de que las condiciones variaron sustancialmente con “el hecho irrebatible” del fallecimiento de Miranda de Wallace.
Por la parte acusatoria se presentaron el asesor jurídico de Alto al Secuestro (la organización que en su día formó la empresaria) Yohann Torres y una persona descrita como “víctima indirecta” con las iniciales AIWM. Además, la coordinadora de agentes del Ministerio Público de la Federación, Karen González.
La defensa presentó 44 datos de pruebas para sustentar la petición de anulación de las medidas cautelares que le fueron impuestas a Quevedo hace dos años. El juez admitió 39, entre otras evidencias de que Brenda Quevedo no representa ningún peligro, que ha tenido afectaciones a su salud por las medidas restrictivas, que tiene arraigo familiar y no existe peligro de que pudiera fugarse. Todo ello fue sustentado con dictámenes, informes oficiales y peritajes de la Comisión de Atención a Víctimas, la Guardia Nacional y estudios elaborados por personas expertas.
Como alternativa la defensa ofreció que la procesada se presentara a firmar ante el juzgado una vez al mes mientras se resuelva el proceso. Y que no saldría del país. “Lo central de nuestro argumento es que se ha demostrado que Brenda, ante la sociedad y ante la ley, sigue siendo una mujer inocente”, explicó la abogada.
El proceso sigue en vías de instrucción sin fecha en el corto plazo.
Según fuentes de la defensa, a lo largo de la diligencia, que inició a mediodía y se prolongó hasta pasada la medianoche, el abogado de Alto al Secuestro y las fiscales del área de delincuencia organizada de la FGR tuvieron un comportamiento beligerante y usaron calificativos que merecieron una llamada de atención.
El asesor jurídico, por su parte, alegó que la víctima indirecta, identificada por las iniciales AIWM, se sentía en riesgo. En respuesta se presentaron dos documentos anteriores, uno del mismo asesor y el otro por parte de AIWM, donde sostienen que no requerían protección de la Guardia Nacional o algún otro corporativo.
La audiencia para la revisión de las medidas cautelares fue solicitada desde marzo de este año, pero fue negada en una primera instancia. Finalmente, el encargado de despacho del juzgado Juan Alfredo Buendía abrió una nueva fecha para este 7 de agosto. La diligencia fue realizada vía digital desde el domicilio de la procesada, que desde hace 20 años espera sentencia.
Durante el largo intercambio, tanto la defensa como la representación de la parte acusadora tuvieron tiempo para exponer todos sus elementos de prueba y después presentar sus alegatos.
Brenda Quevedo fue acusada en 2005 por Isabel Miranda de Wallace del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Wallace Miranda (o Hugo León Miranda, según su primera acta de nacimiento). Coacusados por el mismo delito en la misma carpeta de investigación están Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo. Excepto Juana Hilda, a quien se le dictó auto de libertad hace dos años, porque se comprobó que firmó su declaración autoinculpatoria a raíz de torturas extremas, todos los demás siguen presos.
La columna vertebral de la fabricación del llamado “caso Wallace”, el presunto secuestro y asesinato del empresario Wallace Miranda en 2005, se construyó con declaraciones autoinculpatorias de estas seis personas que fueron señaladas y “cazadas” personalmente por la señora de Wallace. En todos los casos se demostró con evidencias y peritajes que se ejerció tortura física para la obtención de declaraciones autoinculpatorias, excepto en el caso de Brenda, que nunca firmó confesión alguna. Ninguna otra evidencia se sostuvo.
En una entrevista reciente con Brenda Quevedo, se le preguntó por qué si la señora de Wallace murió hace año y medio, el caso sigue sin que las autoridades muestren interés en revisar y depurar las cuestionadas carpetas de investigación. “¿Cómo saberlo? Si se destapara toda la cadena de complicidades y corrupción que facilitó la fabricación del caso, de mínimo deberían caer unas cuantas cabezas de funcionarios que todavía están operando en el sistema judicial. ¿Cuántos servidores públicos estaban al tanto, los que daban órdenes de hacer cosas, los que fueron omisos, los que mintieron, los policías que realizaron las torturas? Casi todos están activos”, respondió.
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