Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que se estableció que los acusados por delitos fiscales, como el uso de facturas falsas, ya no podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a modificar la Constitución para definir nuevamente la medida que fue revertida por la Corte.
“Hay que buscar la forma de reformar la Constitución para que vuelva otra vez”, indicó a la vez que exhortó a “volver de nuevo a una iniciativa, pedirle a los Constitucionalistas que nos orienten cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal, que no sea un asunto que se tenga que ventilar por la vía civil, sino penal, porque le están robando al pueblo”.
Consideró que, cuando se trata de conflictos por herencias podría justificarse que sea un asunto civil, “pero cuando es un robo a todo el pueblo, eso tiene que ser penal, es corrupción”.
Por ello, dijo, “me molestó mucho la resolución de la Corte de impedir la prisión preventiva a delincuentes de cuello blanco”.
Las acciones de facturemos, insistió, “es una vergüenza que se detuvo. Llegamos y consideramos que se frenaron porque se desataron desde el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña fue excesivo, lo de las facturas falsas, o sea, un fenómeno de diez años”.
Dichos delitos, explicó “nos lleva a modificar la Constitución, a considerarlo delito grave que no lo era, la defraudación fiscal, y ahora la Corte resuelve que pueden salir bajo fianza si no se demuestra en un plazo, si no hay sustento, si no hay bases; (es) todo un truco para que, con argucias legaloides, salgan”.
Consultado en su conferencia de prensa diaria sobre constantes amparos presentados por un banco, el mandatario agregó que “hay mucha defraudación” de instituciones financieras que se protegieron en el pasado.
“Hay instituciones financieras, ésta que tuvo que ver con Segalmex es la misma que manejó dinero del gobierno de Yucatán, y es la misma que maneja dinero de un fideicomiso de un sindicato de maestros, y está en todos lados, y ¿cómo se le permitió tanto, sin respaldo financiero?, supuestamente los recursos los invertían, pero no hay solvencia económica”.
En el caso de Segalmex -institución sobre la que hay diversas denuncias penales e indagatorias por invertir en instrumentos financieros de alto riesgo 950 millones de pesos del presupuesto de la dependencia, entre otras irregularidades-, destacó que “recuperamos el dinero porque había el respaldo de un banco y se le exigió al banco que devolviera el dinero, pero en otros casos no”.
Recalcó que este tipo de “fraudes se están combatiendo” y son atendidos por la Secretaría de Hacienda y otras dependencias.
En conferencia de prensa, el mandatario calificó de “vergüenza” que se haya detenido la persecución penal de las personas que se dedican a emitir facturas falsas (“factureros”), que con ello cometen delitos fiscales, pues explicó que se trata de un fenómeno de que tiene al menos 10 años en el país, que inició con el gobierno de Felipe Calderón y que tuvo un actuar excesivo con Enrique Peña Nieto, por lo que su administración determinó que se trataba de un delito grave.
“Volver de nuevo a una iniciativa. Pedirles a los constitucionalistas que nos orienten de cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal, que no sea un asunto que se tengan que ventilar por la vía civil sino penal, porque le están robando al pueblo”, dijo el presidente.
El mandatario insistió en que este tipo de delitos “si estamos viendo eso, no lo vamos a dejar” por lo que su administración ya busca asesoría para actuar tras el fallo.
El pasado 24 de noviembre la Corte invalidó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dónde se calificaba como “amenazas a la Seguridad Nacional” —y, por tanto, que ameritan prisión preventiva oficiosa— a los delitos de “contrabando”, “defraudación fiscal”, sus equiparables, así como los “delitos relacionados con comprobantes fiscales”.
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