Cae excolaborador de Rosario Robles; priista poblano una “fichita” – El priista poblano, Juan Carlos Lastiri, quien hoy enfrenta cargos por los delitos de peculado y delincuencia organizada, cometidos en su operación de la Estafa Maestra, tiene un largo historial de corrupción, documentados a su paso por cargos como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Subsecretaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). A pesar de que todos ellos fueron recabados en su momento, nunca se había abierto una investigación en su contra.
Hoy, Lastiri se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México por su presunta participación en la Estafa Maestra, cuya principal operadora sería su amiga personal y jefa política, Rosario Robles Berlanga.
Pero antes del escándalo de la Estafa Maestra, el ex funcionario fue evidenciado en 2009 por el supuesto desvío de 800 millones de pesos del programa Unidos para Progresar, de Mario Marín Torres, así como por la presunta venta de candidaturas en 2012 como dirigente estatal del PRI y por desviar recursos para los damnificados del sismo del 19-S.
Este 30 de octubre, Juan Carlos Lastiri fue detenido por un comando en el municipio de Zacatlán mientras corría con otras cuatro personas. Los testigos narraron al periódico Central de Puebla que quienes los detuvieron iban encapuchados, portaban armas largas y que además les recogieron los celulares sin motivo alguno, por lo que pensaron que lo habían privado de su libertad.
Central recopiló el historial de corrupción de Juan Carlos Lastiri, desde su paso por la Sedeso en la administración de Mario Marín; su carrera como dirigente del PRI y cómo sacó provecho de la repartición de candidaturas; el desvío de recursos que aplicó en el Fonden; hasta la Estafa Maestra ejecutada como secretario de Sedatu, la que hoy lo tiene tras las rejas.
Como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Mario Marín, Lastiri no fue solamente uno de los personajes de más confianza del entonces Gobernador, sino que habría usado la dependencia para desviar 800 millones de pesos del programa Unidos para Progresar.
En noviembre de 2014, el periódico Cambio, dio a conocer que el funcionario estatal operó un desfalco hormiga en la dependencia entre 2008 y 2010, a través de la falsificación de firmas y robo de identidad.
De acuerdo con el Acta de Asamblea del proyecto denominado “Lámparas de foco ahorrador” del 6 de mayo de 2009, cuando la secretaría estaba a cargo de Juan Carlos Lastiri, se destinaron 68 mil 892 pesos para la colocación de noventa luminarias en la colonia La Loma de Puebla capital. A cargo del proyecto se encontraba el vecino Samuel Ricaño Rosas”, señala el reportaje que presenta pruebas documentales.
Además, al final del sexenio marinista, Lastiri fue acusado por depositarse 80 millones de pesos con cheques a su nombre, del programa Unidos para Progresar.
Juan Carlos Lastiri llegó al Comité Directivo Estatal del PRI en 2011, después de la gran derrota que sufrió ese partido a manos del Partido Acción Nacional (PAN) y de Rafael Moreno Valle. Y para 2012 ya encumbrado como líder del tricolor luego de ganar las impugnaciones por su designación, se abrió otro frente en su contra.
En esa ocasión, varios priistas que aspiraban a una diputación federal para el proceso electoral 2012 —cuando su partido regresó al Gobierno federal— lo acusaron de vender las candidaturas y favorecer a sus amigos y colaboradores más cercanos.
De acuerdo con los priistas que hicieron las denuncias mediáticas, Lastiri Quirós vendía las candidaturas a las diputaciones federales hasta en 50 mil pesos. Además, para que salieran mejor posicionados en las encuestas que realizó el ex partidazo a fin de medir la competitividad de cada uno de ellos, cobraba entre 20 mil y 30 mil pesos.
El 13 de octubre de 2018, Central publicó que el entonces subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) habría utilizado los recursos que el Fonden etiquetó para los damnificados del sismo del 19 de septiembre para beneficiar a militantes del PRI en la Mixteca poblana, entregándoles apoyos desde 15 hasta 120 mil pesos para “reconstruir sus viviendas”.
Este medio de comunicación revisó el listado de los beneficiarios del Fonden y encontró que el 90 por ciento eran militantes del PRI o fueron postulados en su momento a algún cargo de elección popular por este partido. Entre ellos destacó el coordinador de la campaña de Javier López Zavala en 2010, Artemio Tlacoxolal Nolasco, quien recibió un apoyo de 15 mil pesos.
Quienes se beneficiaron con los apoyos más altos, de 120 mil pesos, para la supuesta reconstrucción de sus viviendas son los priistas: María Eugenia Girón, exregidora de Tilapa; Pablo Pedro Aceves Hernández, exdiputado federal; la hermana del exalcalde de Izúcar, Rosario Gordillo Ramírez y la hermana de la alcaldesa de Tepexco, Angélica Candelario Peña.
Con apoyo de 45 mil pesos solo aparece la regidora priista de Chiautla, Gema Aragón Ríos.
Para los 15 mil pesos el listado es mucho más amplio, aparecen los ex alcaldes de Epatlán, Norberto Fuentes Gil y Andrés Clemente Lezama; los ex alcaldes de Coatzingo, Hernán Cortés Vélez y Lázaro Vázquez Leyva; de Tilapa, Julio Gómez Cruz y Salomón Ruiz Álvarez.
También están los ex regidores priistas de la Mixteca: Balbina Guzmán, Alberto García Burgos, Joel Razo Méndez, Amalia Rojas Cruz, Francisco Capillas López.
Ahí aparece el dirigente de productores de sorgo en Tepexco, Teobaldo Pérez Fuentes y hasta la hermana del alcalde de Izúcar, Carlos Gordillo, Alejandra Maricela Ramírez.
Incluso está el líder del PRI en Chiautla, Arnulfo Domínguez.
Juan Carlos Lastiri se encuentra en la mira de las autoridades mexicanas por su presunta comisión en los delitos peculado y delincuencia organizada, por su supuesta intervención en la llamada Estafa Maestra, caso que tiene tras las rejas a su amiga personal y jefa política, Rosario Robles Berlanga.
Esto se debe a que en los convenios que se firmaron como parte de la Estafa Maestra entre la Sedeso y universidades públicas, existe uno con su rúbrica.
En 2013, Lastiri firmó un convenio entre la dependencia federal y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 338 millones de pesos, pero se encontró un cúmulo de irregularidades. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia penal en octubre de 2015, de acuerdo con lo publicado por Animal Político.
Con información de: https://www.sinembargo.mx/31-10-2019/3670746
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