Candidatos bajo la lupa, fuera “narcopolíticos” y “vendepatrias”
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de una reforma constitucional que busca incorporar como causal de nulidad electoral la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros que pretendan influir en las preferencias ciudadanas o en los resultados de una elección.
La propuesta será discutida en el periodo extraordinario de este miércoles, acompañada de modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objetivo de establecer las reglas para su aplicación.
La iniciativa plantea modificaciones al artículo 41 de la Constitución, estableciendo que la injerencia extranjera podría manifestarse mediante financiamiento irregular, ciberataques, campañas coordinadas de desinformación o presiones diplomáticas, al considerar que dichas prácticas pueden vulnerar la independencia política y la soberanía nacional.
Desde Morena, la diputada Clara Cárdenas defendió la propuesta y aseguró que busca “blindar a la República”, al sostener que permitir la participación de intereses externos o corporativos en procesos electorales compromete la autonomía democrática del país.
Sin embargo, legisladores de oposición y algunas voces dentro del propio bloque oficialista expresaron reservas. La diputada Annia Gómez advirtió que los conceptos utilizados en la reforma, como “intervención extranjera”, “manipulación”, “presión diplomática” o “alteración de la voluntad popular”, podrían resultar imprecisos y sujetos a interpretaciones amplias por parte de autoridades electorales.
En la misma línea, el diputado priista Alejandro Domínguez cuestionó el momento político en que surge la iniciativa y señaló que la propuesta responde a intereses políticos y a una interpretación sesgada de la soberanía nacional.
Por su parte, la diputada de Morena y Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero optó por abstenerse durante la votación, argumentando que se trata de una “norma abierta” que podría permitir múltiples interpretaciones y generar riesgos para la certeza jurídica.
La discusión llegará ahora al pleno, donde se prevé un debate marcado por dos posturas: quienes consideran que la reforma fortalece la defensa de la soberanía electoral, y quienes advierten que su redacción podría abrir la puerta a controversias y discrecionalidad en futuras elecciones.
En comisiones de la Cámara de Diputados avanzaron ayer las reformas para crear en el Instituto Nacional Electoral (INE) una comisión verificadora de la probidad de quienes aspiran a un puesto de elección popular y la que introduce en la legislación electoral la posibilidad de anular comicios si hay injerencia extranjera.
En esta última, los morenistas Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar votaron en abstención por considerar que el dictamen quedo muy abierto, razón por la que propondrán mejoras una vez que se discuta en el pleno de San Lázaro. Se prevé que ello ocurrirá hoy, cuando también se pondrá a votación el establecimiento de la comisión verificadora.
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, responsable de la Junta de Coordinación Política, consideró que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no ha leído bien la iniciativa, luego de que ésta declaró que el órgano electoral no debe convertirse en juez de los aspirantes.
Agregó que la consejera está equivocada, pues la iniciativa no da a la comisión verificadora ninguna atribución de investigación o persecución de delitos. Es una instancia que tiene el propósito de solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria para que los partidos sepan si hay algún elemento de riesgo en sus aspirantes.
En las comisiones de Puntos Constitucionales y en la de Reforma Político-Electoral, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano calificaron la propuesta como una ocurrencia, un engaño y una cortina de humo. Dijeron estar a favor de mejorar los mecanismos para tener los mejores perfiles, pero consideraron que la evaluación de los candidatos puede aprovecharse para vetarlos desde el gobierno.
Hugo Eric Flores, de Morena, aseguró que con esta propuesta se pretende poner un tope al crimen organizado. Aceptó que se necesita muchísimo más y profundizar en el tema, pero, “¿cuándo vamos a empezar? Si no es ahora, no vamos a empezar nunca”, subrayó.
El dictamen se aprobó por 28 votos a favor y nueve en contra.
También se avaló la iniciativa de Monreal para incluir en el artículo 41 constitucional la intervención probada desde el extranjero como una nueva causal de nulidad de comicios.
En defensa del documento, Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, aseveró: “las intervenciones extranjeras en México son una realidad”, motivadas en lo particular porque al actual gobierno de Estados Unidos le conviene incidir en nuestro país como factor electoral.
“Si (los republicanos) pierden la mayoría en la Cámara de Representantes, el futuro de Donald Trump está en la mira, y quieren usar a México porque es un tema que vende”, sostuvo la legisladora, quien llamó a la oposición a “no dejarse utilizar” y a dejar de “hacerle el trabajo sucio a la CIA. ¿Ustedes creen que saldrán ganones y les van a dar algo? El imperio sólo sirve a sus propios intereses”, les señaló.
La vicecoordinadora de la bancada panista, Noemí Luna, aseguró que en su partido “nadie está a favor de una intromisión extranjera”, y reclamó al partido guinda no dictaminar la iniciativa de su partido para declarar la nulidad de las elecciones si el crimen organizado se involucra en ellas.
La propuesta fue avalada por 28 votos en favor, nueve en contra y dos abstenciones de los morenistas Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar.
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