Caso de Brenda Quevedo daría un giro de 180 grados
El caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida de manera arbitraria en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, podría dar un giro de 180 grados en los próximos días si el juez resuelve a favor de una petición que primero hizo el Grupo de Trabajo de la ONU y ahora retoma el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP): su liberación inmediata.
Dentro del proceso que Brenda tiene, que es el 286/2019, la Defensoría solicitó una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para que ella pueda continuar con el proceso en su casa —con un brazalete— o también salir de manera absolutoria, pues lleva 11 años y nueve meses sujeta a un proceso penal plagado de irregularidades y 13 años con siete meses privada de su libertad.
Esta petición, que hoy encuentra eco, es la misma que ha exigido la familia de Brenda desde hace 14 años cuando fue detenida en medio de una persecución mediática creada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, apoyada por los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de acuerdo con denuncias de los acusados.
“En el tiempo de Calderón la señora tenía todo su apoyo, ahorita sigue insistiendo en culpar a Brenda, pero aquí están todas las pruebas de que no lo es”, dijo la señora Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda. “Las audiencias de antes eran espantosas, yo recuerdo que ella le tronaba los dedos al Ministerio Público, hacía lo que ella quería y nosotros mirando espantadísimos, decimos cualquier cosa y ninguna prueba buena nos aceptaban”.
La señora Enriqueta enfatizó en el tráfico de influencias que Isabel Miranda ejercía en gobiernos anteriores, desde la policía hasta las fiscalías.
“En mi caso también he sufrido mucho, todas las ventajas que tenía la señora con tanta gente, ella hizo una denuncia contra mí cuando estábamos investigando lo de las actas de nacimiento de su hijo, en ese entonces vinieron por mí de la SEIDO. Ahora a ella sólo le queda estar hablando y andar enfatizando en su verdad, entre comillas, porque no quiere que se le caiga todo su teatro”, explicó.
El 29 de septiembre de 2020, el Grupo de la Organización de la Naciones Unidas envió al Gobierno mexicano una misiva en la que pidió liberar a Brenda Quevedo.
Isabel Miranda de Wallace con el entonces presidente Felipe Calderón.
“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló el organismo en la carta dirigida a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad contra la tortura del IFDP, instituto que pedirá ante un juez su liberación.
La señora Isabel Miranda de Wallace, por su parte, ha expresado su inconformidad con la decisión del IFDP y ha acusado a Netzaí Sandoval, titular del Instituto, de “destinar recursos en exceso sólo para ganar notoriedad con el caso de mi hijo”, habiendo otros casos que de verdad requieren justicia.
En su cuenta de Twitter, Miranda de Wallace aseguró que cuenta con evidencia de que Brenda Quevedo sigue presentando pruebas para demorar el proceso penal y así lograr que organismos internacionales sancionen al Gobierno de México por la dilación en la justicia.
Sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda por los delitos de tortura y falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas, según información proporcionada por fuentes del caso a este medio.
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial fue quien promovió las denuncias en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente. Sin embargo, en ambas carpetas de investigación no hay ningún avance y no se ha informado de mayores diligencias por parte de las autoridades.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador suyo para plantar una gota de sangre y la licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los seis acusados del secuestro de su hijo.
Miranda de Wallace durante la presentación del presunto secuestrador Jacobo Tagle.
Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009, pero la persecución en su contra se remonta al año 2005, cuando Isabel Miranda la señaló de ser, junto con cinco personas más, responsable del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto.
Los rostros de Brenda, de entonces 24 años, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, aparecieron en carteles gigantes colocados en las principales avenidas de la Ciudad de México señalándolos de secuestradores, pese a que en ese momento no existían pruebas periciales en contra de ellos.
La versión que Isabel Miranda contó a medios en ese entonces —y sigue contando— es que su hijo fue llevado con engaños por estas seis personas a un departamento el 11 de julio de 2005 y en ese lugar lo descuartizaron con una motosierra y pidieron un rescate por 950 mil dólares. Esta versión, que fue confirmada por algunos de los implicados cuando los detuvieron, ha generado dudas en el caso, pues —según los propios acusados— habrían declarado bajo tortura.
“Hay una denuncia que hizo el IFDP contra esta señora y demás gentes que apoyaron todo este teatro, intervinieron muchas personas de la SEIDO, es una historia plagada de inconsistencias”, contó la madre de Brenda Quevedo. “Hay un video que estuvo circulando hace tiempo donde mi hija está diciendo que sí fueron todos, pero se ríe, lo que ella dice es que le daban botellas de agua y de esa forma hacían que ella confesara”.
Uno de sus torturadores de Brenda Quevedo fue Osvaldo Jiménez Juárez, quien en esa época se desempeñaba como Ministerio Público, y que a pesar de que la familia lo denunció, le dieron carpetazo antes de que terminara el Gobierno de Calderón. “Estamos tratando de volver a abrir el caso porque ese mismo MP lo ascendieron después a Fiscal”.
Brenda Quevedo, acusada de secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
Juana Hilda González fue la primera de los seis acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en ser detenida. Su aprehensión ocurrió el 9 de enero de 2006, meses antes de concluir la gestión de Vicente Fox.
De acuerdo con su testimonio, confesó su participación en los hechos bajo tortura y dio los nombres de sus presuntos cómplices, uno de ellos Brenda.
César Freyre Morales fue detenido tiempo después y habría confesado también, bajo tortura, haber participado en el secuestro. Lo mismo ocurrió con los hermanos Castillo.
A Brenda Quevedo la detuvieron el 28 de noviembre en Estados Unidos y la extraditaron a México en 2009. Por último, en diciembre de 2010, fue aprehendido Jacobo Tagle Dobin.
Tagle fue presentado ante los medios el domingo 5 de diciembre de 2010 por el Procurador General de Justicia del Estado de México, en ese entonces Alfredo Castillo Cervantes, y contó con la presencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien se le permitió hablar en la conferencia e incluso dar indicaciones a los policías.
Por ejemplo, cuando Tagle ingresó a la sala donde se encontraban los medios —esposado y escoltado— Miranda le pidió directamente que corroborara la declaración hecha el día anterior y en la cual implicaba a cinco personas detenidas por el caso. Además, cuando los policías lo sacaban del lugar, la señora les pidió que lo regresaran, que le levantaran el chaleco antibalas y la playera que portaba para que la prensa comprobara que no estaba golpeado. Los policías obedecieron.
Nueve años después, el 28 de noviembre de 2019, Jacobo Tagle narró lo que sucedió el día de su detención, de cómo Wallace le habló al expresidente Felipe Calderón y después continuó su tortura.
“La señora Wallace se comunicó con el Presidente Felipe Calderón estando yo en un cuarto, él la felicitó por haber dado con mi captura, le dijo que qué ocupaba y le pidió a la persona que estaba encargada en ese momento del operativo que hicieran lo necesario para poder hacer todo lo que la señora quería hacer conmigo y me refundieran en la cárcel”, dijo Tagle en una entrevista exclusiva con el periodista Ricardo Rafael en La Octava.
En el caso de Brenda la situación fue similar. El Grupo de Trabajo de la ONU documentó graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas.
También detalló que el 27 de noviembre de 2009, Quevedo Cruz fue objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
“Entre las 18:30 y las 19:00 horas, personal de seguridad y custodia del centro penitenciario acudió a su celda y le comentaron que se le trasladaría a una audiencia con el director del penal. En lugar de esto, la introdujeron a un cuarto en donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados. Posteriormente, los hombres le vendaron los ojos, le esposaron las manos y la sentaron en una silla. Estos comenzaron a amenazarla, golpearla y colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para crear sensación de asfixia, con el propósito de que confesará su participación en el delito acusado”, se lee en el documento del Grupo de Trabajo de la ONU emitido el 8 de octubre de 2020.
El 7 de octubre de 2010, se agrega en el informe, Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías y el 13 de octubre nuevamente sufrió de actos de tortura: “se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba, “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares”.
De acuerdo con el testimonio de Brenda, los funcionarios que la torturaron, los cuales pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), le dijeron que iban por órdenes de la señora Miranda de Wallace.
Paradójicamente ese 2010, mientras Brenda era torturada, el expresidente Felipe Calderón le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, quien habría sido la autora intelectual de su tortura.
Los seis detenidos afirman que el homicidio de Hugo Alberto Wallace nunca existió, que todo fue “fabricado” por la señora Isabel Miranda y por lo tanto piden ser liberados. En el caso de Brenda Quevedo, lleva 14 años presa sin recibir una sentencia.
“Sueño que se resuelva todo esto, están todas las pruebas, lo del padre biológico de Hugo Alberto, existe también la prueba de la pareja de Hugo, donde la entrevistan en Milenio y dice que dos años después de su supuesta muerte le habla por teléfono porque ella tiene una hija de él. También está lo de la sangre que nunca se encontró”, mencionó la señora Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda.
Por su parte, Isabel Miranda de Wallace descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga investigaciones en su contra, y aseguró que las autoridades tratan de amedrentarla.
En su cuenta de Twitter, Miranda de Wallace acusó que por órdenes del titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval, sobre ella pesa una denuncia.
“Les aclaro que NO estoy siendo investigada por la @FGRMexico lo que realmente pasó es que por instrucciones del titular del IFDP presentó denuncia para amedrentarme”, expuso la presidenta de la organización Alto al Secuestro.
El jueves, SinEmbargo informó que la FGR tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace, una presentada en contra de ella y otras 10 personas más en la que se denuncian actos de tortura y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa sólo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.
Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente, según revelaron fuentes cercanas al caso a SinEmbargo.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador de ella para plantar una gota de sangre y una licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los acusados del secuestro y homicidio de su hijo.
A su vez, también la acusan de simular que Carlos León Miranda era José Enrique del Socorro Wallace para que el dictamen en genética coincidiera.
Fuentes consultadas por SinEmbargo indicaron que en un principio la FGR no quiso recibir la denuncia por simulación bajo pretextos “absurdos” como el que el pie de la nota no coincidía con los anexos entre otros, pero finalmente la Defensoría Pública logró interponerla.
Sin embargo, la investigación hasta el momento no ha presentado ningún avance, pues al menos la Defensoría Pública no ha sido notificada de ninguna resolución, avance o diligencias que haya realizado la FGR sobre el caso.
Este jueves, la Defensoría trató de ampliar la carpeta de investigación, pero la ampliación no fue recibida por el personal de la FGR bajo el argumento que ya existía una “abstención de la investigación”. No obstante, la parte ofendida no había sido notificada de la decisión de “no investigar”.
Mientras que este viernes, Miranda de Wallace reiteró su señalamiento contra las autoridades. “En una muestra del poder del Estado contra una ciudadana, la Defensoría Pública Federal me denunció para intentar callarme ante la denuncia que realicé de irregularidades en el actuar de su titular. Fui denunciada para distraer a la opinión pública y amedrentarme”, escribió en su cuenta de Twitter.
En su mensaje incluyó a Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), éste último el órgano encargado de administrar y observar los juzgados y tribunales federales del país.
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