El empresario Ricardo Salinas Pliego y el Grupo Salinas celebraron el amparo otorgado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su filial Total Play, por un presunto adeudo fiscal de 640 millones de pesos, de los cerca de 40 mil millones que, a precios actualizados y una vez contadas las multas, estarían en litigio.
“Esta sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido sistemáticamente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de nuestras empresas”, expuso en un comunicado, la compañía que se ha dado a conocer por sus litigios de décadas en contra del fisco mexicano.
“Con este amparo, seguros de que es el primero de muchos a nuestro favor, se confirman los abusos sistemáticos del SAT en contra de nuestras empresas”, destacó la compañía de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México.
Luego de la sentencia favorable por el amparo directo 29/2020, Grupo Salinas extendió su “confianza en la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación, pilar fundamental de nuestra democracia”.
Entre los múltiples juicios por créditos fiscales que las empresas de Salinas Pliego tienen con el SAT, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que devolver a Tribunales Colegiados de Circuito el caso del adeudo de mayor peso, 18 mil 455 millones 467 mil 83 de pesos, correspondiente a ISR de 2013.
El caso, presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, fue desechado por la mayoría de sus pares.
Esta semana, Fitch hundió más en terreno especulativo, la nota crediticia de Elektra, debido a las preocupaciones de la calificadora “sobre las prácticas de gobierno corporativo en Grupo Salinas, que controla a Elektra, Total Play y TV Azteca a través de distintas entidades”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el ministro Luis María Aguilar (Izquierda) no tiene impedimento para votar en el caso que enfrenta la empresa Totalplay.
SCJN rechaza que ministro tenga conflicto de interés
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a Total Play, empresa de Grupo Salinas, con el único efecto de que le reduzcan un porcentaje de su adeudo por 645 millones 763 mil 797 pesos ante omisiones fiscales del ejercicio 2011.
Con los votos en contra del ministro Luis María Aguilar y la ministra Lenia Batres, la segunda sala dio parcialmente la razón a la compañía para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa defina un nuevo monto a pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En un inicio Aguilar Morales planteó negar el amparo a Total Play, sin embargo, obligado por la mayoría de los integrantes de la sala, modificó su propuesta para conceder la protección de la justicia a la empresa.
Algunos de los integrantes de la sala señalaron que la compañía aplicó indebidamente deducciones por conceptos como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, pérdidas por cuentas incobrables y gastos de viaje, capacitación y ropa de trabajo, entre otros.
Asimismo, la Suprema Corte rechazó que el ministro Luis María Aguilar tenga impedimentos para analizar e incluso votar uno de los amparos promovidos por Total Play (empresa del Grupo Salinas) contra el cobro por presuntas omisiones fiscales del ejercicio 2011.
A propuesta de la ministra Lenia Batres, la Segunda Sala rechazó por unanimidad la petición del representante de Total Play, Antonio Zarco Inclán, quien desde enero pasado buscaba que Aguilar Morales no participara en la resolución de su amparo, en el que proponía resolver contra la compañía.
En ese momento Aguilar planteaba confirmar que Total Play aplicó indebidamente deducciones por conceptos como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, pérdidas por cuentas incobrables y gastos de viaje, capacitación y ropa de trabajo, entre otros.
Fue antes de la sesión del miércoles 10 de enero cuando el equipo legal de la empresa promovió el impedimento para retrasar la discusión y buscar que el ministro Luis María Aguilar fuera retirado de conocimiento del caso por un supuesto conflicto de interés.
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