Cemex alcanza un acuerdo provisional con Vulcan
La cementera mexicana Cemex y la constructora estadounidense Vulcan Materials lograron un acuerdo provisional sobre el uso de instalaciones portuarias en Punta Venado, en Playa del Carmen, Quintana Roo, dijo a Reuters un vocero de la empresa latinoamericana.
Las dos empresas están trabajando para finalizar un acuerdo a largo plazo, agregó el vocero de la compañía.
El consenso provisorio implica el uso por parte de Cemex de las instalaciones portuarias de Vulcan en la terminal mexicana situada en la Península de Yucatán.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la empresa Vulcan Materials “destruyó el territorio en Quintana Roo”; sin embargo, afirmó que el gobierno de México no está en contra de las empresas de Estados Unidos.
Esto, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo estar “muy preocupado” por el trato que reciben las empresas de su país en México, después de que Vulcan Materials denunció que militares irrumpieron en sus instalaciones.
Después de meses de tensiones entre la mexicana Cemex y la productora estadounidense de materiales para la construcción, Vulcan Materials, ambas empresas llegaron a un acuerdo temporal, informó el lunes el vocero de Cemex, Jorge Luis Pérez.
“Cemex y Vulcan Materials han alcanzado un acuerdo provisional acerca del uso de las instalaciones portuarias de Vulcan en Punta Venado, Playa del Carmen, México, al tiempo que las dos compañías trabajan para finalizar un acuerdo de largo plazo”, informó Pérez, sin ofrecer mayor detalle.
El acuerdo llega después de que Vulcan alegara que, ya que el Gobierno Federal clausuró sus operaciones en Quintana Roo, el contrato que permitía a Cemex operar en el puerto no era vigente.
Vulcan, además de extraer cantera de caliza en el área, tiene una concesión para operar el puerto marítimo por el que Cemex y otras empresas transportan insumos.
La cementera mexicana respondió con dos denuncias en contra de Vulcan en Quintana Roo y, el 14 de marzo, entró a las instalaciones con una orden otorgada por un juez como parte de una de las denuncias. Empleados de Cemex fueron resguardados por elementos de la Marina y de la policía.
El evento se convirtió rápidamente en punto de contención entre México y Estados Unidos. Una legisladora estadounidense del Estado de Alabama, en donde se ubica la sede de Vulcan Materials, acusó en redes sociales que el ingreso de Cemex era una expropiación y atacó directamente al Gobierno Federal por un comportamiento “vergonzoso”.
Incluso miembros del Congreso preguntaron al secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre el vaso de Vulcan en México en una comparecencia.
El trasfondo del conflicto entre ambas empresas es una demanda que Vulcan emitió en contra del Estado mexicano en 2019. Vulcan alega que la Administración anterior, que clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales, generó pérdidas a las inversiones hechas en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la empresa de ecocidio y destrucción de zonas arqueológicas.
Las dos empresas están trabajando para finalizar un acuerdo a largo plazo, dijo un vocero de Cemex a la agencia de noticias británica Reuters.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que estaba “preocupado porque nuestras empresas reciban un trato justo en México” después de que la policía mexicana tomara ilegalmente un puerto de carga propiedad de una compañía con sede en Alabama.
La incautación por parte de México del puerto de carga en la costa caribeña mexicana se extendió a su segunda semana el martes. La policía mantiene retenido el puerto y al parecer lo ha utilizado para descargar cemento y áridos para la compañía mexicana Cemex.
Vulcan Materials, con sede en Alabama, señaló el martes que la policía y los fiscales aún no habían presentado ningún documento legal que justifique la toma del puerto.
El Departamento de Estado dijo que “casos como estos tienen el potencial de impactar nuestra capacidad de lograr nuestra visión compartida de mejorar los medios de subsistencia en una de las regiones económicamente más desfavorecidas de México. También impacta en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones”.
El despacho del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre la situación.
El presidente ha estado enfrascado en una disputa pública con Vulcan desde hace más de un año. López Obrador necesita el muelle para recibir cemento, piedra triturada y otros materiales para concluir su proyecto conocido como el Tren Maya.
Una parte del cemento descargado en el muelle la semana pasada aparentemente iba destinado al proyecto del Tren Maya, que el presidente ha prometido inaugurar en diciembre a pesar de que va sumamente atrasado.
Vulcan indicó que la policía entró a la fuerza en su muelle de Punta Venado, cerca de Playa del Carmen, el martes pasado.
“Debe quedar claro que el Estado de derecho ya no está garantizado en México para las compañías extranjeras”, declaró la empresa en un comunicado. “Esta invasión, no respaldada por órdenes judiciales, viola los derechos de propiedad y comerciales de Vulcan”.
Vulcan dijo que tenía un acuerdo con Cemex, la empresa mexicana, para arrendarle una parte del puerto de carga, pero que el acuerdo expiró el 31 de diciembre y no había sido renovado.
Cemex reconoció que el contrato había expirado, pero dijo que había estado tratando de renegociarlo, aunque infructuosamente. Cemex dijo que tenía otros tres contratos con Vulcan que seguían siendo válidos.
Cemex señaló que interpuso una denuncia penal contra Vulcan y que la fiscalía estatal le concedió medidas cautelares y una orden judicial para acceder a la propiedad y seguir operando.
La declaración es extraña, debido a que ese tipo de medidas cautelares generalmente son emitidas por los tribunales federales de México y no por los fiscales, y ese tipo de disputas se resuelven mediante denuncias penales.
Debido a que no hay suministros locales de la piedra triturada necesaria para estabilizar las vías del tren, López Obrador se ha visto obligado a importar el producto, denominado balasto, desde Cuba.
Aun así, los buques cubanos se ven obligados a llegar al puerto de Sisal, al otro lado de la Península de Yucatán, desde donde el producto es transportado en camiones por unos 300 kilómetros (180 millas) hasta el lugar donde se está construyendo el tren.
El único muelle de carga privado de la costa del Caribe que podría manejar los envíos cubanos — y otros envíos de cemento y acero — es propiedad de Vulcan. López Obrador ha ofrecido comprar la propiedad, pero al parecer las negociaciones no han ido bien.
En mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México cerró la cantera de piedra caliza de Vulcan y prohibió a la empresa exportar piedra que se ha utilizado durante mucho tiempo en proyectos de construcción estadounidenses y mexicanos. El presidente acusó a la compañía de extraer y exportar piedra sin los permisos necesarios. Vulcan afirma que cuenta con dichos permisos.
López Obrador quiere que la cantera llena de agua se utilice como parque para rivalizar con el cercano parque XCaret. También quiere que Vulcan construya un muelle para cruceros en la terminal de carga.
La línea del Tren Maya de 1.500 kilómetros (950 millas) de longitud recorrerá la península de Yucatán en un circuito irregular que conectará complejos turísticos de playa y sitios arqueológicos.
López Obrador promociona el tren como una forma de llevar parte de los enormes ingresos del turismo de Cancún a las comunidades del interior. Pero aún no existen estudios de viabilidad creíbles que demuestren que los turistas querrán utilizar el tren.
Con información de agencias Reuters y AP
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