Un estudio realizado por la organización Impunidad Cero, revela que al menos cinco estados de la república mexicana han manejado a su antojo 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular.
Según advierte el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca manejaron de manera irregular dichos recursos, lo que significa que violaron el derecho a la protección de la salud.
De acuerdo a la investigación, el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, señala Julio Copo, quien encabeza dicho estudio.
Indicó que debido a que los recursos se entregan a los estados a través del Ramo 33 del presupuesto, esto hace difícil verificar su correcta aplicación.
“Mientras prevalezca la opacidad prevalecerá la repetición sistemática de la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, dice el estudio
El análisis recomienda que para evitar la opacidad, los recursos del Seguro Popular se transfieran a los estados, en su totalidad, desde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) hacia los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS).
Para acabar con las irregularidades y desvíos de recursos del Seguro Popular, el estudio también recomienda poner en marcha de manera urgente el Sistema Nacional Anticorrupción y designar al fiscal especializado
Los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca violaron el derecho a la protección de la salud.
Con el propósito de evitar la interpretación de un posible sesgo político, la investigación seleccionó a cinco estados gobernados por distintos partidos; el estudio revela que la malversación del presupuesto del Seguro Popular es una práctica generalizada en mayor o menor medida por parte de los estados; se trata –dijo- de un programa que, solo en 2017, recibió 167 mil millones de pesos de presupuesto.
Señaló que de acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016, el estado de Chiapas cuenta con el mayor monto de irregularidad.
Tan solo dicho estado manejó 948 millones de pesos de forma irregular, porque la entidad gobernada por Manuel Velazco no realizó registros específicos del presupuesto de ese año, y no se pudo identificar los traspasos a otras cuentas.
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