Comentócratas se creen jueces en el caso Rocha
La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó a comentócratas como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva o Raymundo Riva Palacio de sentirse jueces y Ministerio Público en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum explicó que fue una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York, la que solicitó la extradición de Rocha Moya y otros 9 ciudadanos mexicanos con carácter “urgente”. Sin embargo, no envió pruebas sobre la culpabilidad de los supuestos involucrados con el narcotráfico por lo tanto estás fueron solicitadas.
Aún así, la comentocracia de la derecha, encabezada por Loret de Mola, Gómez Leyva, Riva Palacio y otros más ahora son “jueces” que ya declaran la culpabilidad del gobernador con licencia de Sinaloa. E incluso, TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, también es juez y Ministerio Público.
“Vente todos los jueces que ya hay en México, porque Riva Palacio es juez, Loret de Mola es juez, Ciro es juez; ah bueno, ya TV Azteca, esos ya son todo, Ministerio público, juez (…) ya todos ellos ya son jueces”, dijo.
Entre todos los personajes en listados por Sheinbaum, ella destacó a Héctor Aguilar Camín, quien aseguró que Sheinbaum está entre la espada y la pared porque “si no entrega a Rocha Moya habrá invasión”.
“Ah bueno, cálmense, tranquilos, por favor. Nosotros no cubrimos a nadie, pero por favor, pruebas ¿O las pruebas son los documentales de Loret de Mola?”, expresó Sheinbaum.
Por último, la mandataria aseguró que hoy se vive en un momento en el que hay que priorizar los principios en los que se cimenta la 4T.
“Hoy es tiempo de los principios, es tiempo de la honestidad, es tiempo de la defensa de la soberanía, es tiempo de estar con el pueblo de México, es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo; siempre es tiempo de eso, pero hoy más que nunca”, concluyó.
Gobernadores y legisladores de oposición, como “Maru” Campos, Samuel García y “Alito” Moreno, entre otros, enfrentan investigaciones por permitir la operación de agencias extranjeras y por su presunta participación en casos de corrupción.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, enfrenta un caso por la presencia y muerte de agentes de Estados Unidos en esa entidad. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación por la presunta violación a la soberanía nacional.
Los agentes estadounidenses habrían participado en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara. Tras los hechos, los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados solicitaron un juicio político para destituir a Campos Galván.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, tiene una investigación abierta por presunta triangulación de dinero, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. La FGR investiga un esquema en el que más de mil millones de pesos habrían pasado por un despacho jurídico y fiscal vinculado al mandatario estatal de Movimiento Ciudadano, cuyo nombre es Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
Las indagatorias indican que los recursos provenían de dependencias estatales, organismos públicos y contratistas. En el esquema participan Samuel Orlando García, padre del gobernador, y su hermano, Samuel García Villarreal.
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha enfrentado procesos de desafuero e investigaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR investigaron a Cabeza de Vaca por supuesta triangulación de recursos y enriquecimiento ilícito. La investigación lo vinculó con la compra de propiedades de lujo y encontró presuntos nexos de Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
En abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces gobernador de Tamaulipas, acusado de una presunta defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas resolvió no homologar el desafuero. Esta decisión generó una controversia constitucional que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La SCJN revocó en febrero de 2026 un amparo que protegía al exgobernador. Con ello, la Corte permitió la continuidad del proceso judicial en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La Fiscalía de Campeche mantiene activo el proceso de desafuero en contra del presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. La autoridad local lo acusa de un presunto desvío de 83.5 millones de pesos; además, lo señala por peculado y enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador.
En 2022, las autoridades competentes rechazaron una solicitud de desafuero tras una serie de amparos y un proceso complejo. Sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua presentó nuevas denuncias posteriormente, las cuales incluyen cinco cargos distintos. Actualmente, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Hugo Eric Flores, analiza el caso.
El senador panista Ricardo Anaya Cortés fue acusado en 2021 por lavado de dinero y asociación delictuosa relacionadas con el caso Odebrecht. Tras las investigaciones en su contra, Anaya Cortés se autoexilió en Estados Unidos.
La FGR abrió una investigación contra el panista por sobornos de 6.8 millones de pesos para aprobar reformas legislativas del llamado Pacto por México. En 2024, Anaya Cortés obtuvo una senaduría por la vía plurinominal y regresó a México gracias a la protección que le brinda el fuero como legislador.
Actualmente, la investigación contra el excandidato presidencial se encuentra estancada debido a la protección que le otorga la inmunidad procesal.
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