La tensión política en el norte del país ha alcanzado un nuevo punto crítico. La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría de votos dar inicio a un procedimiento de juicio político en contra del gobernador constitucional del estado, Samuel García Sepúlveda, debido a los señalamientos de una presunta triangulación de recursos públicos que habrían beneficiado de forma directa a despachos jurídicos propiedad de su familia.
El trámite legislativo avanzó de manera acelerada en el Palacio de Lázaro Cárdenas. La solicitud formal fue presentada por la bancada del partido Morena el pasado 8 de junio y, solo dos días después, la Legislatura local determinó darle entrada oficial. A pesar de que la sesión de la comisión no contó con la asistencia de la totalidad de los diputados morenistas, el cuórum legal fue suficiente para desahogar la votación y aprobar el dictamen.
Con esta resolución, el Poder Legislativo activará el protocolo de notificación. A partir del momento en que reciba el documento de manera oficial, Samuel García dispondrá de un periodo de 15 días hábiles para preparar su defensa legal y rendir su declaración ante el Congreso local, facultad que podrá ejercer de forma presencial o mediante un informe por escrito.
El esquema detrás de la acusación: Empresas y cuentas en EE. UU.
El origen de este juicio político se sustenta en una investigación de carácter federal. De acuerdo con información periodística revelada por El Financiero, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo la lupa al mandatario por presuntas operaciones de lavado de dinero y desvío de fondos gubernamentales que superan los mil millones de pesos.
Las indagatorias ministeriales apuntan a que contratos de obra pública y proyectos de infraestructura estatal fueron utilizados como fachadas financieras. Los recursos presuntamente eran transferidos en primera instancia al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, donde los principales accionistas son Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano del gobernador, respectivamente.
Posteriormente, el capital era dispersado hacia la firma “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”. Según los reportes de inteligencia financiera, esta empresa inmobiliaria familiar habría recibido los flujos de dinero para luego transferirlos a diversas cuentas bancarias en los Estados Unidos, presuntamente con la intención de fragmentar el rastro fiscal y ocultar que provenían del erario público.
El gobernador responde: «Es un refrito»
Ante la inminencia del proceso en el Congreso, Samuel García utilizó sus cuentas oficiales en redes sociales para descalificar los señalamientos, catalogando la investigación de la FGR y el actuar de los legisladores locales como un «refrito» mediático con tintes políticos.
El jefe del Ejecutivo estatal argumentó que las operaciones de los despachos de su familia ya fueron auditadas a nivel local, por lo que el caso se encuentra cerrado jurídicamente en la entidad.
“Por tanto, son falsos todos los señalamientos (…). La Fiscalía (General de Justicia del Estado) emitió una resolución definitiva de no ejercicio de acción penal, pues después de analizar las pruebas, determinó que no existe irregularidad alguna”, defendió el mandatario.
El avance de este juicio político en el Congreso neoleonés marcará un precedente histórico en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo local, en medio de una persistente pugna de poderes que arrastra la entidad.
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