Ante las acciones jurídicas de Vulcan Materials Company contra la determinación del gobierno de que la mina Calica sea Área Natural Protegida (ANP) “vamos a seguir defendiendo ese decreto, porque estamos convencidos de que es lo mejor que se puede hacer”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Mencionó que la empresa no sólo ha interpuesto un amparo, sino también una controversia ante el T-MEC, “y nosotros lo vamos a defender, es un tema ambiental, por encima de todo… No hay expropiación, es un decreto de área natural protegida”, emitido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Indicó que será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien dé a conocer la situación respecto al amparo.
Sobre la controversia ante el T-MEC, insistió que es un tema comercial no ambiental. “Ninguna empresa, ni siquiera canadienses -en el caso de las mineras- pueden quebrantar un impacto ambiental o una norma ambiental. Es parte del T-MEC y lo vamos a defender”.
Recordó que Calica “amplió su trabajo a mucha más área del permiso original y ha causado un daño ambiental enorme. El presidente (López Obrador) lo declaró área natural protegida y se clausuraron los trabajos de la minería. Hasta el momento permanecen así, vamos a ver el tema del amparo”.
La mandataria dijo que planteará a Alicia Bárcena y al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que están a cargo de las controversias, que planteen el envío de supervisores o biólogos para determinar el daño causado.
López Obrador decretó un área natural protegida en Quintana Roo, llamada Felipe Carrillo Puerto, que abarca más de 53 mil hectáreas e incluye la mina de Calica.
Hace ya casi un mes, un juez federal de Cancún admitió la primera demanda de amparo promovida por Calica contra el decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que declaró área natural protegida sus terrenos al sur de Playa del Carmen, donde por décadas extrajo material pétreo para enviarlo a Estados Unidos.
Con este nuevo recurso legal inició la defensa contra la última acción de López Obrador, que frenó definitivamente la reapertura de sus minas, clausuradas desde mayo de 2022.
El Juzgado Noveno de Distrito de Quintana Roo, admitió este martes la demanda de amparo indirecto con número 1035/2024. Por el momento, el juez federal se negó a otorgar una suspensión provisional contra el decreto de área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, publicado el 23 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
La declaratoria comprende 53 mil hectáreas de selva en los municipios de Solidaridad, Tulum y la zona continental de Cozumel, donde ahora está prohibido realizar labores de extracción de material pétreo.
La medida incluye alrededor de dos mil hectáreas propiedad de la filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, la cual ya no puede extraer roca caliza con fines comerciales.
En septiembre pasado, cuando Calica resintió esta nueva embestida del gobierno federal, adelantó una fuerte batalla legal para defender sus intereses; no obstante, con el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, sus acciones legales quedaron frenadas.
No fue sino hasta este martes que el citado juzgado federal dio entrada a la demanda, con la cual busca dejar sin efectos el decreto emitido por el expresidente López Obrador.
Actualmente los predios de Calica, a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, permanecen custodiados por guardias de seguridad privada y sin indicios de actividades extractivas de material pétreo.
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Esta entrada fue modificada por última vez en jueves, 5 de diciembre, 2024
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