La decisión de la Semarnat de que la reunión pública de información sobre el tramo 5 sur del Tren Maya (de Playa del Carmen a Tulum) se realice mañana en el ejido Jacinto Pat, donde hay ejidatarios a favor del proyecto, puede llevar a una confrontación, y debió elegirse un sitio neutral, además de que esa reunión se limita a 20 ponencias, “lo cual no es una consulta”, señalaron los movimientos SOS Cenotes, la Selva Salva, Selva Maya SOS y Selvame Del Tren.
En un pronunciamiento dirigido al gobierno de México y a la ciudadanía pidieron cambiar la sede y precisaron que “nuestras demandas son a Semarnat, Fonatur y Conagua, no a los ejidatarios de Jacinto Pat, que tienen todo el derecho de opinar”. Apuntaron que la consulta no reúne las condiciones básicas y pone en riesgo el derecho a la participación ciudadana por no ser un espacio neutral.
Se preguntaron “¿Por qué no invitan también a los hoteleros que no quisieron donar 17 metros para el tramo por la carretera? Ellos son los que presionaron al gobierno para que se cambiara el trazo del tramo 5”.
Advirtieron que esta consulta es violatoria al acuerdo de Escazú, del cual México forma parte y en el que establece el acceso a la información ambiental y a la participación ciudadana en la toma de las decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo de Playa de Carmen a Tulum que se pone a consulta, se presentó dos meses después de la destrucción de la selva, por lo tanto, no cumple con la legislación ambiental por haberse presentado después del inicio de obras, deforestar miles de árboles y poner en riesgo el agua de la península, dijeron.
Además, está MIA confirma “la inviabilidad de continuar construyendo en el tramo 5 por el tipo de suelo Karstico y el peligro de que pase un tren por ahí, sumado a una significante afectación a la flora y la fauna de la selva maya, la contaminación de los ríos subterráneos y Cenotes, fuente única de consumo de agua para la flora, la fauna y los habitantes de la península. La MIA habla sólo de los riesgos que son muchos y no se dan soluciones de mitigación”.
Pidieron respeto a la suspensión definitiva del tramo sur otorgada por un juzgado al considerar el interés legítimo de los buzos que interpusieron el amparo para defender los ecosistemas, y que la autorización provisional que presentó Fonatur no cumple con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental mismo que es obligatorio al inicio de las obras. De la materia de fondo “existe el peligro de qué se sigan ejecutando las obras con daños irreversibles”.
Además, dijeron, “no se podrán reactivar los trabajos en el tramo 5 Sur” ya que la ley de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no se podrán otorgar autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años.
El Tren maya en el tramo 5 “demuestra que no se está cumpliendo con la ley y que se está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de la península al contaminar el agua y quitar uno de los mayores atractivos turísticos de la región, las cuevas, ríos, Cenotes y la selva con todas sus especies. Reiteramos al gobierno de México que respete la ley y no destruya la selva maya”.
Además del tema ambiental hay otros que preocupan como la falta a la ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, al poner en riesgo las disposiciones sobre la protección, preservación e investigación aplicables a los restos fósiles de interés paleontológico, así como a los rastros de existencia humana junto con su contexto arqueológico y natural, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, agregaron.
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