Dan casas a familias ubicadas en el paso del Tren Maya en Campeche
Después de detectar varios asentamientos irregulares en el derecho de vía del Tren Maya en Campeche, se decidió, en alianza con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), proceder a la reubicación de estas familias, iniciando con la entrega de nueve inmuebles que se encuentran en el Fraccionamiento Ex Hacienda Kalá, en San Francisco de Campeche, para continuar en las siguientes semanas con una segunda entrega.
Se estableció que necesitan ser reubicados alrededor de 463 predios, que juntos suman 84,329.8 metros cuadrados, cuyo avalúo es de 81.2 millones de pesos, y hasta el momento, se han aprobado 173 acciones en el comité de financiamiento de la Conavi.
Pese a la muy ventajosa oferta hecha a quienes decidieron asentarse de manera irregular justo a un lado de las vías, un grupo de personas presentaron un amparo para que las autoridades no se acercaran a dar información al respecto y no continuará la edificación.
“Hay un grupo como de 50 vecinos que no quieren que pasemos, pero no pasar afectaría mucho al estado. Abandonaríamos una ciudad que es fundamental, debemos llegar al arreglo en los mejores términos reconociendo sus derechos. Aunque no tienen propiedades, tienen derecho de estar en la vía. Llevamos un proceso, generamos unas casas muy atractivas para mover a la gente porque sería más caro para la sociedad no tocar Campeche”, dijo Rogelio Jiménez Pons, director del organismo, en entrevista con Obras en abril de este año.
«Aviadores, Paracaidistas», comandados por una abogada, exigen viviendas o dinero, aun cuando no son dueños de los terrenos que habitan.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) llegó a acuerdos con alrededor de 250 familias, de los más de 3 mil hogares que habitan dentro del derecho de vía donde se construye el Tren Maya, para avanzar en los procesos de “relocalización consensuada” en la Península de Yucatán.
Sin embargo, Kalycho Escoffié, la asesora jurídica de pobladores en riesgo de ser removidos, afirmó en entrevista que se trata de “desalojos forzosos” que violan el derecho a la vivienda y otros como el trabajo, territorio e identidad por lo que vecinos han iniciado al menos cuatro juicios de amparo en la ciudad de Campeche y Candelaria, Campeche, cuya sentencia puede extenderse hasta 2022. Otra gente, dijo, ha cedido “por miedo” aunque la nueva casa esté lejos de sus centros de empleo o del transporte público.
“Fonatur está buscando, junto con otras autoridades, desalojar a personas de manera extrajudicial cuando no tiene facultades legales para hacerlo. Argumentan que no es un desalojo porque se les dará opciones habitacionales, pero eso implica que se les va a hacer salir de sus casas independientemente de que haya una indemnización a la cual, por supuesto, tendrían derecho”, aseguró.
Ya inició la primera parte de entrega de viviendas a quienes aceptaron la mudanza y relocalización, y que actualmente viven en Pénjamo, Tenosique, El Faisán e Icorsa, en Tabasco; El Naranjo, Haro, Candelaria, Escárcega y Pixoyal, en Campeche; y otras comunidades en Yucatán. Mientras que a las familias que negociaron el apoyo económico ya se les ha iniciado la transferencia de recursos, informó Fonatur esta semana.
“Es verdad que hay familias que han accedido al proceso, pero, así como algunas lo vieron como una oportunidad, mucha gente lo hizo por miedo. Si no se van ahorita por la buena, temen que después los hagan salirse por la mala y se tengan que pelear con el Gobierno para el proyecto de infraestructura más importante del sexenio”, aseveró la abogada.
El Fonatur ha detectado 2 mil 294 predios con 3 mil 286 hogares en Campeche, Cancún, Candelaria, China, Escárcega, Mérida, Palenque, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tenosique, Calkiní y Benito Juárez que deberán ser reubicados, por estar sobre el derecho de vía e implicar un riesgo al ser un tren de alta velocidad.
En los tres barrios históricos de Santa Lucía, la Ermita y Camino Real en la ciudad de Campeche la dependencia expone que hay alrededor de 70 personas que han aceptado la relocalización de las más de 300 casas y negocios que deben removerse.
“De esas 300, 110 tienen juicios de amparo contra los desalojos y de esas 60 o 70 de las que habla Fonatur hay gente que fue a alguna reunión informativa, pero también presentó amparos”, ejemplificó la abogada. En Camino Real, barrio pesquero a unas cuadras del malecón, temen perder su fuente de empleo e ingresos turísticos al ser removidos.
“Las autoridades han utilizado un discurso de estigmatización acusándolas de ser invasoras de terrenos cuando esos tres barrios existen desde antes del siglo XIX cuando las vías del tren se construyen a partir de 1930 y situaciones similares se ven en varias comunidades mayas como Candelaria, Chocholá y Maxcanú”, planteó la asesora jurídica.
La dependencia estima reubicar este año a mil 314 hogares que están a 20 metros o menos de cada lado de la vía férrea y a otros mil 972 en el 2022. A la par, planea la compra de predios o la construcción de casi tres mil viviendas para su mudanza.
Aunque se realizó una consulta en noviembre de 2019, la abogada Escoffié enfatizó que no se realizó una consulta indígena adecuada, sino ciudadana que no incluyó el tema de los desplazamientos de hogares.
“No puede haber un consenso si las autoridades ya decidieron que el proyecto pasará por esas comunidades y barrios, ya decidieron que esas personas se van a tener que ir de sus casas y ya decidieron hasta el diseño de las casas adonde los mandarán”, planteó la especialista en derecho de vivienda.
Al momento, se ha aprobado la ejecución de 173 acciones de vivienda con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y “decenas más” están siendo integradas al Programa de Vivienda Social. Otras 80 familias ya han iniciado los procesos de negociación.
“Hay comunidades que recientemente se están enterando que tendrán que ser removidas para dar paso al proyecto, por lo que es muy cuestionable de que haya un consenso”, aseguró la abogada Kalycho Escoffié.
Viviendas a lado de las vías del tren en Candelaria, Campeche. Foto: Google maps.
A la par de los amparos promovidos por comunidades contra la construcción del Tren Maya por la ausencia de una consulta indígena adecuada y el riesgo de desalojo, el Gobierno de México inició en marzo los trabajos para la construcción del último tramo que corresponde a 121 kilómetros de doble vía de Cancún a Tulum.
Este trayecto V, a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional y otra parte de Grupo México, será totalmente electrificado y contará con cuatro estaciones, además de tres paraderos.
La última suspensión otorgada a favor de las comunidades no tiene efecto sobre la rehabilitación, mantenimiento ni modernización del derecho de vía existente, sólo de la obra nueva, ni en la ejecución de estudios o tramitación de permisos, por lo que las obras continúan con normalidad en las zonas de Yucatán.
Además, el Fonatur recibió cargamentos con rieles para la construcción del nuevo sistema ferroviario entre mayo y julio. También firmó recientemente el contrato para Material Rodante y Sistemas Ferroviarios del Tren Maya con el consorcio liderado por Bombardier Transportation y Alstom, en conjunto con las empresas GAMI Ingeniería y Construcciones Urales.
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