Dará AMLO a conocer contratos con cárceles privadas
La mayoría de la gente no lo sabe, pero fueron privatizadas las cárceles (durante el mandato de Felipe Calderón) y en breve daré a conocer los contratos, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario informó que esta semana se darán a conocer los contratos que tiene el gobierno con empresas privadas que se encargan de la administración de cárceles en el país y que tiene un costo de hasta 15 mil millones de pesos al año para la federación.
En La Mañanera desde Palacio Nacional, dijo que se va a analizar si se cancelan los contratos o se revisa cuántos recursos se les han destinado para llegar a un acuerdo.
“Así como vamos a informar sobre los fideicomisos, un día quiero mostrar, esta misma semana, los contratos sobre los reclusorios, porque privatizaron los reclusorios, eso la mayoría de la gente no lo sabe y vamos a dar a conocer esos contratos de cuánto nos cuesta al pueblo mantener a un recluso en esos reclusorios privatizados que de acuerdo a los contratos ni siquiera son del gobierno”, explicó.
El mandatario detalló que se tiene que estar pagando por la renta de reclusorios, para atender a 10 mil reclusos los 15 mil millones de pesos “vamos a hacer las cuentas para que vean cómo eran las transas”.
Indicó que este esquema de otorgar contratos es similar al que se hizo con la compra de gas en Pemex y ni siquiera había ductos para trasladar el combustible.
“Al final no van a quedar en el gobierno, no van a ser propiedad del gobierno, sino de las empresas, tenían secuestrado al gobierno, era un saqueo, como nunca en la historia, ni siquiera en la época colonial, en los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto a México”, puntualizó.
La privatización de cárceles federales inició en México en 2010. Entonces el país llevaba cuatro años sumido en una guerra contra el narcotráfico que hizo que la tasa de homicidios dolosos aumentara 55.8 por ciento real desde 2006; y en esa vorágine de violencia el Sistema Penitenciario no se daba abasto.
Ese año, en 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó el desempeño de las cárceles federales por el alto nivel de hacinamiento de presos que había y que no garantizaba los derechos humanos ni la reinserción social.
En ese contexto, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa estaba preocupado por la tendencia al alza de la población penitenciaria, y tenía razón. Entre 2006 –cuando Calderón llegó al poder– y 2012 –cuando lo abandonó– la población privada de la libertad como proporción demográfica aumentó 4.4 por ciento real. Eran tiempos de necesidad e insuficiencia presupuestaria, y así lo reconoció el expresidente de la República en su Cuarto Informe de Gobierno.
“Para potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario federal y asumir en instalaciones federales la custodia de la totalidad de la población del fuero federal, se construirán 12 centros penitenciarios con una capacidad para 32 mil 500 internos. Estos centros serán financiados y construidos mediante alianzas público-privadas bajo el esquema de contrato de prestación de servicios, y se distribuirán en 12 polígonos: Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla y Zona Metropolitana”, explicó Calderón Hinojosa.
El plan, en esencia, era simple: recurrir a la inversión privada para aumentar el número y la calidad de las prisiones federales con la finalidad de mitigar los graves problemas tras las rejas (sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes) con menores costos económicos y sociales (prevención de reincidencia, motines y fugas). Así, los constructores estarían encargados de la operación administrativa y de los insumos de las cárceles, aunque la seguridad y custodia continuarían a cargo del Estado.
Pero en los hechos, la situación fue otra: el Gobierno federal se comprometió a darle casi 10 mil millones de pesos anuales durante 20 años a un manojo de empresas, lo que además de comprometer la mayor parte de su presupuesto devengado en prevención y readaptación social, instauró un esquema enfocado en satisfacer las necesidades de las empresas antes que las de las personas usuarias, ya que los internos pasaron a ser “un medio para que la empresa privada obtuviera beneficios económicos” aún a costa de los derechos humanos, de acuerdo con el informe Privatización del Sistema Penitenciario en México de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.
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