El empresario José Francisco García Flores, dueño de la compañía JF Construcciones S.A. de C.V., presentó dos denuncias, una civil y otra penal, tras ser falsamente vinculado con un delincuente extraditado a Estados Unidos por distintos medios, incluidos Latinus y Reforma.
La acusación, difundida en el portal digital de Tamaulipas, Artículo 7, y replicada por medios como Reforma y Latinus, lo confundió con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 extraditados por el Gobierno de México.
“Es una demanda civil y es una denuncia penal, fueron el miércoles de la semana pasada y el jueves de la semana pasada quedaron debidamente recepcionadas y ya se ingresaron. Obviamente es por difamación, por daños a la moral y lo que resulte”, explicó el empresario.
La nota en cuestión aseguraba que el narcotraficante Mendoza Gómez habría recibido más de 70 millones de dólares en contratos con el Gobierno de Tamaulipas a través de la constructora del empresario García Flores; una evidente confusión, dolosa o no, de los nombres de ambos.
Sin embargo, el Gobierno estatal desmintió tajantemente esa versión, dejando claro que no existe ningún contrato ni relación entre el empresario y el criminal extraditado.
El empresario García Flores denunció que las publicaciones le han generado pérdidas económicas, cancelación de contratos y un daño severo a su reputación, por lo que decidió actuar legalmente.
El empresario tamaulipeco José Francisco García Flores, presentando las denuncias.
“Es una demanda civil y es una denuncia penal, fueron el miércoles y jueves de la semana pasada. Es por difamación, por daños a la moral y lo que resulte”, explicó el empresario, quien además exigió su derecho de réplica.
Este caso exhibe una vez más la ligereza con la que Reforma y Latinus manipulan la información, sin verificar datos ni diferenciar a un empresario con trayectoria limpia de un presunto narcotraficante extraditado.
Como documentó Polemón, ambos medios montaron un relato sin sustento, contribuyendo a un linchamiento mediático que golpea directamente a García Flores y a su empresa.
“La leí completamente sobre todo para ver que no pusieran algo que no es, únicamente esto y los abogados saben cuáles son las afectaciones, porque es esto y entre esto también solicito el derecho de réplica, que es un derecho que tenemos, ya me subieron y si no me hubieran puesto nada de esto estaría pasando”, puntualizó.
La difusión irresponsable no solo afecta la vida de un empresario inocente, sino que confirma la forma en que Reforma y Latinus operan como actores políticos disfrazados de medios de comunicación, priorizando el escándalo sobre la verdad.
García Flores subrayó que no permitirá que su nombre quede manchado por mentiras y ahora serán los tribunales quienes determinen la responsabilidad de quienes lo difamaron. Mientras tanto, la credibilidad de Reforma y Latinus vuelve a quedar en entredicho por su periodismo de acusaciones sin pruebas.
