Denuncia Infonavit saqueo a cuentas de 200 mil trabajadores

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y prepara 3 mil 380 carpetas de investigación por corrupción y conflictos de intereses contra desarrolladores, constructoras, notarios públicos, exfuncionarios y coyotes. Estas redes de corrupción habrían despojado de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes.

El anuncio fue hecho por Octavio Romero Oropeza, quien se convirtió en el primer director del Infonavit en presidir una asamblea general con derecho a voz y voto. Esta sesión marcó el inicio de una nueva etapa en el organismo, dejando atrás décadas de prácticas que, según se denunció, desvirtuaron el espíritu del tripartismo.

Durante la 133 asamblea general ordinaria, se formalizó la nueva estructura del instituto tras la reforma a su ley, suprimiendo las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios. Se designaron 30 miembros de la asamblea general, 12 del consejo de administración, nueve de la comisión de vigilancia y tres del comité de auditoría. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, tomó protesta a los nuevos integrantes de estos órganos colegiados, conformados por representantes del gobierno, los trabajadores y el sector empresarial.

Romero Oropeza señaló que en administraciones anteriores hubo alianzas corruptas entre autoridades, funcionarios, despachos, constructoras y otros actores, lo que permitió la asignación de múltiples créditos para una misma vivienda. Además, con la complicidad de jueces, funcionarios judiciales estatales y notarías, se demandó a más de 373 mil derechohabientes, quienes fueron despojados de sus casas mediante juicios masivos irregulares. Esta estrategia representó una pérdida de más de 29 mil millones de pesos para los trabajadores.

El director del Infonavit también denunció que algunas empresas adeudan al instituto más de 2 mil millones de pesos. A través del esquema Línea III de crédito, entregaron viviendas de mala calidad o ni siquiera las construyeron. Recordó el caso de la empresa Telra, que recibió una indemnización de 5 mil millones de pesos a pesar de incumplir un contrato para desarrollar una plataforma de soluciones de vivienda.

“Este tipo de triquiñuelas desvirtuaron el verdadero espíritu del tripartismo y permitieron la utilización del Infonavit para satisfacer intereses particulares bajo el pretexto del consenso entre sectores”, subrayó Romero Oropeza. Agregó que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará al instituto para garantizar la transparencia en su administración.

En un balance de sus primeros cinco meses de gestión, el funcionario reiteró el compromiso de cumplir con el programa de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un millón de viviendas. Explicó que la empresa estatal Infonavit Constructora iniciará operaciones formalmente en los próximos días y que en abril comenzará la edificación de las primeras 20 mil viviendas.

Además, anunció un programa de renta de vivienda abandonada con opción a compra, dirigido a sectores vulnerables.

Tras la sesión, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), enfatizó la necesidad de una mayor participación de los sectores en la toma de decisiones. Si bien reconoció que empresarios y trabajadores fueron atendidos, señaló que no fueron escuchados en los cambios estructurales del instituto.