Autoridades federales denunciarán penalmente al juez Samuel Ventura Ramos por la liberación de 120 personas vinculadas a los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, suscitados en Iguala, Guerrero, entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Recurrentemente este juez argumenta cuestiones de debido proceso, que en nuestra opinión no han sido debido proceso, sino debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa”, enfatizó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, durante la mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que también se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del juzgador, titular del juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en Matamoros, Tamaulipas.
El pasado 20 de septiembre, el juez Ventura Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de 24 imputados más por el caso Iguala, con lo que suman 120 sentencias similares. Entre los personajes a los que este togado ha dejado sin responsabilidad por la desaparición de los 43 normalistas, está el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Mejía detalló que en el caso de esta semana, para absolver a los 24 imputados, les dictó sentencia absolutoria por delito de homicidio calificado a los imputados que se señala de intervenir en homicidio en grado de tentativa contra Aldo Gutiérrez, estudiante de la normal que desde el día de los hechos en Iguala se encuentra en estado vegetativo debido a las heridas que sufrió.
Pese a que el juez dictó esa medida, los 24 implicados no obtendrán su libertad, pues están aprehendidos también por otras causas penales ligadas al caso Ayotzinapa, como delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, mismos que están en proceso de resolverse.
“No es la primera vez que este juez absuelve (a los presuntos implicados en este caso). En días pasados hizo lo propio con José Luis Abarca (exalcalde de Iguala en aquel momento) por el delito de secuestro, pero sigue en prisión por otros delitos. En total suman 120 libertades absolutorias por este juez a favor de los acusados (…) Se va proceder en consecuencia”, para que Ventura Ramos sea investigado por su actuación.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, criticó ayer la orden de liberar a 24 personas señaladas por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas. Reiteró que con ello se volvió a cometer dicha resolución después de que también fuera absuelto José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
Asimismo, también dijo que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) recurra a la causa que se abrió a inicios de 2018, cuando la FGR era la Procuraduría General de la República (PGR).
“Con lo que suman de 120 libertades absolutorias dictadas por este Juez en favor de acusados. La causa penal se abrió a inicios de 2018 por la entonces PGR. Esperamos que @FGRMexico la recurra. Esta es la justicia que defienden los testaferros de la Verdad Histórica”, sentenció en su cuenta de Twitter.
El pasado 14 de septiembre se informó que el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas determinó la inexistencia de pruebas para vincular al exedil José Luis Abarca por la presunta desaparición de los normalistas, imputación mencionada en la causa penal 66/2014.
A pesar de ello, Abarca permanecerá en prisión debido al actual proceso penal al que es sometido por el presunto homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ); así como de Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda —presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac—, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa presentado el pasado 18 de agosto, José Luis Abarca fue identificado como “A1” y quien, en conjunto con dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
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