El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han recibido de parte de instituciones del Ejecutivo federal y de la Fiscalía General de la República (FGR) 61 denuncias que señalan a 50 jueces, 30 magistrados y dos ministros de haber incurrido en irregularidades en resoluciones que benefician a traficantes de drogas, armas, lavadores de dinero y extorsionadores, refieren documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Funcionarios señalaron que todas las denuncias recibidas del 26 de enero de 2023 al pasado 6 de mayo se encuentran pendientes de resolver, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, órgano de la Judicatura encargado de investigar, no ha desahogado las quejas presentadas: nueve por la FGR, 42 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una por la Procuraduría Fiscal, una por la Secretaría de Energía y siete por la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Entre los impartidores de justicia contra quienes se interpusieron las quejas están el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, y los ministros Luis María Aguilar Morales (dos procedimientos), por el caso Elektra y por tener conflicto de intereses al resolver asuntos relacionados con la reforma eléctrica, y Alberto Pérez Dayán, también por la Ley Eléctrica.
La primera queja que recibieron los órganos del PJF fue el 26 de enero por parte de la SSPC contra el juez Gregorio Salazar Hernández (quien actualmente tiene participación en uno de los juicios de Emilio Lozoya, ex director de Pemex); en esa ocasión se le señaló de haber incurrido en anomalías jurídicas al absolver a Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del cártel del Golfo.
En esa fecha también se recibieron en el CJF dos quejas de la SSPC, una contra el juez Daniel Ramírez Peña, por exculpar a Doña Lety, líderesa del Cártel de Cancún, y otra contra la jueza Yolanda Cecilia Chávez, quien absolvió a Ramón Ángel N, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En los documentos consultados hay cuatro casos en los que se promovieron quejas contra jueces y magistrados por liberar o negar órdenes de capturar a miembros del CJNG. El último caso ocurrió el pasado 30 de abril, debido a que el juez Rogelio León Díaz dictó la no vinculación a proceso para Abraham Oseguera, Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera, líder de esa organización delictiva.
Asimismo, se solicitó el inicio de procedimientos a los jueces Conrado Alcalá Romo (por dejar sin efecto una orden de aprehensión contra El Güero Palma Salazar, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa; Alejandro Alberto Díaz Cruz, por liberar a un integrante del cártel de Sinaloa, del cual no se dio a conocer su identidad; Carmen Sánchez Cisneros, por otorgar una suspensión a un narcotraficante y con ello evitar su extradición a Estados Unidos; Fernando García Quiroz, por otorgar la protección de la justicia federal a Rafael Caro Quintero para no ser entregado a autoridades estadunidenses.
Asimismo, en un solo día (22 de agosto de 2023) se presentaron quejas contra los jueces José Luis Hernández Hernández, Eduardo Alberto Osorio, José Jesús Rodríguez y Ernesto Tavera Villegas, “por incurrir en diferentes omisiones a la ley, como reducción de pena o libertad a huachicoleros, extorsionadores, pederastas, narcotraficantes y responsables de homicidios dolosos”, entre otros. De manera concreta, en el caso de Tavera se le acusa de violar la ley al liberar a seis implicados en el secuestro y homicidio del hijo del poeta Javier Sicilia.
El juez Daniel Ramírez Peña eximió al ex magistrado Isidro Avelar (señalado por autoridades de Estados Unidos de tener vínculos con el CJNG) de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
A los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas y Pablo Domínguez, la Consejería Jurídica los denunció por conceder un amparo a Luis Cárdenas Palomino para quitarlo de la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera; la FGR presentó una queja contra los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, por confirmar la negativa de librar orden de capturar a Genero García Luna por enriquecimiento ilícito
La Procuraduría Fiscal presentó una queja ante la Corte y solicitó el inicio de un procedimiento al ministro Luis María Aguilar por beneficiar a Grupo Elektra, en juicios en los que se le exigen más de 25 mil millones de pesos en impuestos.
Con información del diario La Jornada
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