El gobernador de Nuevo León Samuel García negó que él y su esposa Mariana Rodríguez hayan cometido algún delito al extraer a un bebé con discapacidad del DIF para convivir con él durante un fin de semana.
García descartó además que se pudiera dar alguna sanción por el hecho, debido a que “el DIF no tiene un superior jerárquico”.
“No son investigaciones, son exhortos”, señaló ante los procesos abiertos por el DIF Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la extracción del menor.
“El DIF estatal es una autoridad autónoma, no tiene superior jerárquico: ni el DIF nacional, ni la CNDH, ni la Comisión Estatal son sus superiores; entonces, más que medidas son exhortos y todos se van a contestar”.
El mandatario también calificó de “prudente” la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada durante la mañanera de este miércoles. “De manera muy prudente, al igual que yo, no vamos a hacer politiquería de un tema tan importante y tan bonito como es el de los niños”.
García abundó que “todo está conforme a ley, son figuras que tanto como la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y la propia ley orgánica del DIF establecen”.
Por su parte, Rodríguez aseveró que tras la “adopción” por un fin de semana realizada por ella y su esposo, el programa de acogimiento familiar del DIF, mediante el cual familias inscritas y que reciban una certificación pueden recibir en sus hogares a niños mayores de 5 años, incrementó el número de interesados.
“Estoy increíblemente contenta, les había dicho que eran 100 familias las inscritas para acogimiento familiar y hoy me dieron la noticia que con el link que publiqué el fin de semana ya van 421, son 600 solicitudes, pero no todas están interesadas en el acogimiento familiar. Estoy en shock”.
Durante el fin de semana, García y Rodríguez extrajeron del DIF estatal a Emilio, un bebé de cinco meses de edad y con discapacidad, para convivir con él, acción que fue cuestionada por organizaciones internacionales como Save The Children y Red por los Derechos de la Infancia en México, quienes señalaron que los funcionarios vulneraron diversos derechos del menor como el derecho a la vida privada y a la identidad del menor.
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