Desmenuzan contratos del INAI con empresas de Xóchitl Gálvez
En uno de sus intentos por escabullirse, la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, llegó al extremo de negar una de sus empresas que tanto presumió en el pasado.
Se trata de Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI), la cual salpicó a Gálvez en el debate presidencial, luego de que la candidata de Morena-PT-Verde revelara que fue beneficiada durante muchos años por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Cuestionada por la periodista Carmen Aristegui en su programa de radio, Xóchitl Gálvez negó ser dueña de la empresa OMEI y dijo que era de su esposo Rubén Sánchez Manzo. Luego, como una conocedora de su propio negocio, reconoció que la empresa obtuvo contratos con el INAI.
“Tampoco se aclaró Xóchitl, lo que dejó ahí Claudia en unos folders, para los periodistas que estaban conduciendo el debate, hablando de empresas tuyas y el INAI, y contratos con el INAI. Ahí ¿Qué pasó?” le preguntó Carmen Aristegui en la llamada telefónica transmitida en su programa de radio.
Enojada, Xóchitl Gálvez respondió:
“Todos los contratos han sido públicos. Yo soy empresaria, no era funcionaria pública cuando yo gané esos contratos. No tenía nada que ver con el INAI. Yo tengo años vendiéndole al gobierno servicios, inclusive yo fui contratada por el actual gobierno. En Banobras, en el aeropuerto, tengo una empresa que da servicios. ¿Cuál es el delito? ¿Hay un delito? Que castiguen, que denuncien. O sea, yo no cometí ningún delito”.
Y prosiguió con su intento de justificación:
“Los contratos, no es mi empresa la que le suministra al INAI, es la empresa de mi esposo, pero es una empresa de mantenimiento que da servicios públicos a quien los contrata, yo no tengo nada que ver en las decisiones del INAI, yo llegue de senadora en 2018 y nunca… Es más curiosamente, a partir de ahí ya no se le suministraron servicios al INAI”.
“El último contrato se ganó en 2018, se le dio servicio en 2019 y partir del 20 ya no hubo contratos con el INAI. Yo qué tengo que ver con el INAI, yo no tomo decisiones en el INAI. Ser empresaria no es un delito”, dijo Xóchitl Gálvez aceptando entrelíneas que OMEI es una de sus empresas.
De acuerdo a la revista Polemón en su edición 33, Xóchitl Gálvez hizo un gran negocio con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De acuerdo con su reportaje, tanto OMEI como High Tech Services, ambas empresas propiedad de Xóchitl Gálvez, recibieron contratos del organismo autónomo por 32 millones 209 mil 778 pesos.
High Tech Services apenas obtuvo 2 contratos por 237 mil 600 pesos, (ambos por adjudicación directa), por desarrollar el proyecto ejecutivo y la instalación de cableado estructurado en el edificio del IFAI.
Mientras que OMEI obtuvo 9 contratos del INAI por 31 millones 972 mil 778 pesos.
De la documentación se desprende que las empresas de Gálvez han recibido un trato privilegiado de parte del INAI y ella en correspondencia ha sido una activa opositora a las reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con el organismo autónomo y hasta se encadenó en una silla del Senado, tal y como sucedió el 28 de abril de 2023, como protesta a la falta de acuerdos en el Senado de la República para el nombramiento de comisionados y comisionadas del INAI.
Según la investigación de la reportera Nancy Contreras de la revista Contralínea, el 18 de enero de 2019, el Inai firmó el contrato OA/C009/19 con Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, SA de CV (OMEI), empresa fundada en 1998 por Xóchitl Gálvez Ruiz, y en la que actualmente es socia su hija Diana Vega Gálvez, quien coordina a los simpatizantes a la candidatura presidencial del PRIAN, conocidos como ‘xochilovers’.
El asunto podría implicar un conflicto de interés, de acuerdo con la acusación que lanzó el 7 de abril, durante el primer debate presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: la candidata de Morena, PT y Verde señaló que su oponente defiende al Inai porque se beneficia mediante diversos contratos con ese Instituto.
Antes de que la morenista acusara a Gálvez Ruiz de mantener negocios con el Inai, la panista dijo que –de ganar la Presidencia– ella no desaparecería al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sino que le daría “dientes” para combatir la corrupción.
Su defensa al Inai viene de tiempo antes: como senadora, se pronunció en varias ocasiones a favor del órgano autónomo con la misma leyenda –“el Inai no se toca”– que inventó el empresario Claudio X González Guajardo, uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial del PRIAN.
Por ejemplo, el 25 de enero de 2023 acudió al Instituto para mostrar su respaldo a los comisionados, como quedó asentado en la cuenta de la red social X del hoy presidente Adrián Alcalá.
Pero no sólo eso: el 18 de abril de 2023, Gálvez Ruiz colgó mantas en el Senado con las frases: “No le saquen a rendir cuentas” y “A qué le tienen miedo en Morena”, acompañadas con el hashtag ‘Transparencia Ya’, con las que exigía que se nombraran a los comisionados faltantes. Y 10 días después, el 28 de abril del año pasado, incluso participó junto con otros legisladores del PAN, PRI y PRD –como Gustavo Madero– en la llamada “piyamada” por la defensa del Inai, que consistió en la “toma” del Senado.
Tras el cuestionamiento que le lanzó la candidata Sheinbaum Pardo acerca del posible conflicto de interés que mantendría con el Inai, Gálvez Ruiz sólo respondió que ser empresaria no es un delito, por lo que indirectamente estaría confirmando sus negocios con el Instituto Nacional de la “Transparencia”.
El 1 de septiembre de 2018, Xóchitl Gálvez asumió su cargo como senadora de la República en la bancada del Partido Acción Nacional, y el 20 de noviembre de 2023 solicitó licencia para registrarse como candidata a la Presidencia de la República por ese mismo instituto político y también como abanderada del PRI y el PRD.
Esto es que, cuando se firmó el contrato OA/C009/19, el 18 de enero de 2019, Gálvez ya tenía la “dualidad” de servidora pública y empresaria. No obstante, luego de que el presidente López Obrador diera a conocer que tanto OMEI como la empresa High Tech Services –de la que es socia Gálvez Ruiz obtuvieron más de 1 mil 400 millones de pesos en contratos con el gobierno, la entonces senadora indicó que había cedido sus acciones de OMEI a su hija Diana Vega.
Pero en OMEI no sólo colabora la hija: el contrato fue firmado por la sobrina de la candidata del PRIAN a la Presidencia de la República, María Fernanda Flores Gálvez, en su calidad de representante legal, y por Héctor Fernando Ortega Padilla, representante legal del Inai.
El monto se fijó en 646 mil 551 pesos, y tuvo por objeto “la prestación del servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai, en los términos pactados en el presente instrumento y conforme a las modalidades, especificaciones y características contenidas en el anexo técnico”.
De acuerdo con ese contrato, OMEI fue constituida el 6 de mayo de 1998, y quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 243881.
La empresa de la familia de Xóchitl Gálvez obtuvo un segundo contrato en 2019: el OA/C015/19, con vigencia del 1 al 31 de marzo de ese año, para el “servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai por un monto mínimo de 1 millón 480 mil pesos y un monto máximo de 3 millones 700 mil pesos.
Además, Operación y Mantenimiento A Edificios Inteligentes , SA de CV, obtuvo los contratos:
-OA/C015/17, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para el “servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai”, por un mínimo de 1 millón 400 mil y un máximo de 3 millones 500 mil pesos.
-OA/C012/18, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, para el mismo servicio, por un mínimo de 1 millón 700 mil y un máximo de 4 millones 250 mil pesos.
Con información de las revistas Polemón y Contralínea
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