Desmienten a Zedillo, nunca hubo auditoría al Fobaproa
Las revisiones realizadas entre 1998 y 1999 a los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) estuvieron lejos de ser una auditoría, según lo expuesto por Michael W. Mackey, quien fue contratado en su momento para evaluar las deudas del rescate bancario.
Una serie de restricciones al acceso a la información, dilaciones y otros obstáculos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del propio Fobaproa y de los bancos, resultaron en un conjunto de procedimientos que no fueron suficientes para considerarlos como una auditoría financiera, según palabras del mismo informe Mackey.
En el marco de una serie de declaraciones cruzadas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo –que iniciaron con una crítica al proceso de elección en el Poder Judicial y derivaron hacia el tema del Fobaproa–, el ex mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León afirmó que el rescate ha sido objeto no sólo de muchos estudios serios, sino sobre todo de una auditoría por parte de un auditor internacional independiente.
Sin embargo, el ex presidente omitió mencionar que dicha auditoría fue descrita por Mackey como una verdadera carrera de obstáculos. Se esperaba que el equipo informante gozaría de la total cooperación de todas las partes involucradas, en particular de las autoridades financieras y de los bancos. No fue el caso, puntualiza el informe del auditor independiente, quien descartó calificar el proceso como una auditoría financiera.
Los procedimientos realizados por los despachos contratados y el trabajo adicional que hemos efectuado mediante discusiones con el Fobaproa y la CNBV no son suficientes para considerarlos una auditoría financiera del Fobaproa. Por lo tanto, no podemos expresar opinión alguna sobre los estados financieros o sobre su situación financiera, se lee en el informe entregado al Congreso (bit.ly/3GRPDfD).
Mackey explicó que, si bien las tareas de revisión le fueron encomendadas el 7 de septiembre de 1998, en ese momento se esperaba que el equipo informante gozaría de la total cooperación de todas las partes involucradas, en particular de las autoridades financieras y de los bancos. No fue este el caso. La renuencia de la CNBV y del Fobaproa a entregar la información provocó retrasos considerables de al menos tres meses.
Posteriormente, surgió otro obstáculo: el secreto bancario, lo que ocasionó un retraso adicional de tres meses en las revisiones. Más aún, después de que la mayor parte de nuestro trabajo de campo estuvo terminado, se hizo evidente que las restricciones al acceso a la información fueron mucho más graves de lo que inicialmente creímos.
Aunque se les dio acceso a bancos formalmente intervenidos, los reguladores como la CNBV “restringieron severamente nuestro acceso a bancos intervenidos de facto”, a pesar de que éstos representaban la mayor parte del sistema financiero y de los costos potenciales del rescate.
Esta serie de obstáculos impuestos por la administración zedillista –y que en su momento fueron oportunamente publicados en el informe presentado al Congreso– llevaron a Mackey a concluir que como resultado, quizá hayamos subestimado el costo fiscal último y probablemente llegamos a una conclusión demasiado generosa respecto a la efectividad del régimen regulatorio.
Michael W. Mackey, auditor canadiense contratado por el Congreso en 1999 para evaluar las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), concluyó que las revisiones realizadas entre 1998 y 1999 estuvieron lejos de ser una auditoría financiera formal.
En su reporte, Mackey aclaró que su trabajo no constituyó una auditoría financiera, sino una revisión basada en preguntas específicas acordadas con el Comité de Contrataciones de la Cámara de Diputados. Esto se debió, en parte, a las restricciones de acceso a información impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Fobaproa y diversas instituciones bancarias, que invocaron el secreto bancario y limitaron la disponibilidad de documentos clave.
Esto fue revelado el pasado 1° de Mayo por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien acusó a Zedillo de intentar ocultar esta revisión durante años, con el objetivo de evitar que se supiera la verdad sobre el Fobaproa.
El informe detectó 17 mil 352 operaciones de compra de cartera, por un monto de 73 mil 775.4 millones de pesos, que violaron las disposiciones establecidas por el propio Fobaproa. Estas transacciones se clasificaron en tres categorías:
Además, Mackey señaló que la supervisión de la CNBV fue “laxa, ineficiente y tolerante”. Por ello, criticó que en el rescate bancario se dio un trato desigual a instituciones en condiciones similares y se adquirió cartera de «pésima» calidad. También cuestionó estrategias como mantener operativas durante años a instituciones financieras inviables, lo que incrementó innecesariamente el costo fiscal del rescate.
Finalmente, advirtió que estos obstáculos afectaron la estimación del costo fiscal del rescate bancario y posiblemente llevaron a una evaluación “demasiado generosa” de la eficacia del régimen regulatorio vigente en ese momento.
El informe completo lo puedes consultar en: https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/57/1999/sep/19990923-I.html
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